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Buscan rescatar el centro Historicp de Santiago
Santiago RD.- En el Centro Histórico de Santiago operan unas mil 300 empresas con alto potencial económico y social, que desde hace nueve años son acompañados por la Asociación de Empresas del Centro de Santiago (ASECENSA).
Así lo confirma, José Octavio Reinoso, presidente de la entidad empresarial, quien saludó el anuncio del presidente Luis Abinader sobre la asignación de recursos para restaurar el año próximo la franja comercial más icónica de Santiago.
Reinoso consideró que ASECENSA y las empresas que le integran deben ser consideradas en los planes presidenciales. ¨El rescate y la preservación del centro tradicional de la ciudad ha sido un anhelo histórico de los actores que hacen vida social y empresarial en este gran perímetro. Aspiramos sea una labor conjunta ¨, expresó José Octavio Reinoso.
El empresario recordó que, desde hace aproximadamente una década, cuando fueron demolidas las aceras para sustituirlas por incómodos ladrillos irregulares, no se ha registrado inversión pública en la zona.
Sin embargo, mediante acuerdo con la Alcaldía de Santiago que le otorgó el apadrinamiento del Parque Duarte, ASECENSA rehabilitó todas las estructuras rotas de la jardinería, espacios divisorios, bancos e iluminación fija y decorativa del mismo. Además, ha gestado un programa de formación e impulso comercial para crear nuevas oportunidades para las empresas del centro.
En un plan desplegado durante nueve años, reforzaron la seguridad a través de acuerdos con la Policía Nacional, la donación de motocicletas equipadas con GPS y monitoreo para garantizar prevención y control.
De acuerdo a José Octavio Reinoso, ASECENSA también ha trabajado de la mano con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terreste (DIGESETT) y la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, para realizar actividades que colaboren con la organización del tránsito vehicular en la zona. También conducen un proyecto de mejoramiento de la manipulación de los desechos sólidos, entre muchos otros.
Aparte de importantes acciones para hacer más segura y diáfana la experiencia en la zona centro de Santiago, ASECENSA auspicia actividades culturales y educativas como los conciertos organizados por el Ministerio de Cultura y el Patronato del Monumento de los Héroes de la Restauración; concurso de fotografía Natalio Puras, las fiestas del Patrón Santiago y sirven de acopio cuando ocurren desastres.
El presidente de ASECENSA dijo que la entidad respalda todas las medidas del gobierno para mejorar el desenvolvimiento comercial y la calidad de vida de miles de personas que dependen de este espacio tan simbólico y tradicional de la capital del Cibao.
Por ello alertó que para que este remozamiento y revalorización de Santiago Zona Centro sea sostenible, es imperante involucrar a todos los actores claves, incluyendo al gobierno local, propietarios de inmuebles, Cultura, Patrimonio Monumental, los comercios de la zona y que se materialice la reactivación del Consejo para el Desarrollo del Centro Histórico.
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Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), advirtió que las disposiciones sobre difamación e injuria incluidas en el nuevo Código Penal podrían generar temor entre periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que realizan denuncias de interés público. Maldonado expresó preocupación por el artículo 208 de la nueva legislación, que establece sanciones de prisión y multas para quienes sean hallados culpables de difamación a través de medios escritos, audiovisuales, radio, televisión, plataformas digitales, redes sociales y otros canales electrónicos. "Es una disposición contraria a lo que ya el Constitucional había decidido o ha decidido en una sentencia anterior a este código", afirmó al referirse a decisiones previas del Tribunal Constitucional sobre la prisión por difamación e injuria. El periodista entiende que las disposiciones deben analizarse en conjunto con otros artículos del Código Penal relacionados con la difamación y la injuria, debido a que amplían su alcance a las nuevas formas de comunicación digital. A su juicio, el Poder Legislativo intentó responder a denuncias sobre el uso de plataformas de comunicación para desacreditar personas o realizar presuntas extorsiones, pero considera que la solución adoptada podría generar nuevos conflictos jurídicos y tensiones con criterios previamente establecidos por el Tribunal Constitucional. Email icon Recibe las principales noticias del día en tu bandeja de correo con nuestro newsletter Lo que tienes que saber. Introduce tu email RELACIONADAS El nuevo Código Penal permitirá la acumulación de penas por difamación Justicia El nuevo Código Penal permitirá la acumulación de penas por difamación Hasta 10 años de prisión enfrentarían condenados por difamación a partir de agosto Justicia Hasta 10 años de prisión enfrentarían condenados por difamación a partir de agosto Lo que establece el artículo 208 El artículo 208 define la difamación como la imputación pública a una persona física o jurídica de un hecho concreto que afecte su honor, consideración, dignidad, imagen, buen nombre o integridad familiar. La disposición contempla penas de dos a cinco años de prisión menor y multas de nueve a quince salarios mínimos del sector público para quienes incurran en este delito mediante cualquier medio de difusión. Según Maldonado, la posibilidad de enfrentar consecuencias penales podría afectar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a denunciar situaciones de interés público. "Cuando tú haces leyes draconianas normalmente pueden asustar. Y tal vez el miedo es la mayor presión que puede ejercerse contra la libertad." Persio Maldonado. Presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD). “ Las excepciones previstas en el Código Aunque el artículo 208 endurece las sanciones por difamación, el nuevo Código Penal también establece excepciones. El artículo 211 dispone que no serán considerados difamatorios o injuriosos los discursos pronunciados en las cámaras legislativas; los informes, memorias y documentos emitidos por disposición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral. La disposición también excluye de persecución penal las reseñas periodísticas sobre las sesiones públicas del Congreso Nacional y los escritos o discursos producidos en los tribunales de justicia. Estas excepciones han llamado la atención porque dejan fuera de responsabilidad penal determinadas expresiones realizadas en escenarios institucionales, mientras que las manifestaciones realizadas por ciudadanos, comunicadores o usuarios de plataformas digitales continúan sujetas a las disposiciones generales sobre difamación. Riesgos para periodistas y ciudadanos Maldonado considera que el temor a enfrentar procesos judiciales o eventuales condenas económicas podría desincentivar denuncias de interés público y afectar el trabajo periodístico. "El que ejerce el periodismo, el que ejerce una labor de investigación, tiene miedo de que un juez le condene a millones de pesos y que él no tenga como responder, o que el medio para el que colabora no le reponda." Persio Maldonado. El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD). “ El presidente de la SDD sostuvo que el país ha tenido dificultades para encontrar mecanismos adecuados que permitan reparar los daños ocasionados por expresiones difamatorias sin recurrir a la prisión como castigo. A su entender, las sanciones deben orientarse principalmente a la reparación de daños y no a la privación de libertad. Posibles acciones ante el Tribunal Constitucional Maldonado prevé que las disposiciones sobre difamación e injuria podrían volver a ser objeto de debate judicial una vez el nuevo Código Penal entre en vigencia. Según explicó, algunos juristas han optado por esperar la entrada en vigor de la legislación para evaluar posibles acciones legales contra determinados artículos. "Yo creo que vamos a tener que volver a abordar el tema, probablemente con el Tribunal Constitucional", concluyó. La Sociedad Dominicana de Diarios ha sido una de las organizaciones que históricamente ha impulsado cambios legales orientados a eliminar la prisión como sanción para los delitos de difamación e injuria, al considerar que estas medidas fortalecen la libertad de expresión y el debate democrático. En ese sentido, Maldonado recordó que la decisión de la Suprema del Tribunal Constitucional fue una iniciativa precisamente del grupo de directores que la Sociedad Dominicana apoyó y que luego se logró que se quitara la prisión como una manera de liberar el espacio comunicacional del país.
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