Citan senador El Torito por vínculos en caso Falcón

SANTO DOMINGO.– El senador por la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta (El Torito) es citado en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público contra los implicados en el caso denominado Operación Falcón.

El documento señala que en fecha 22 de diciembre de 2020, a las 18:09:17,Iván Paulino de Jesús, uno de los hombres de confianza de Erick Randhiel Mosquea Polanco, cabecilla de la banda, habló con una persona no identificada a quien dijo que el legislador pretendía contratarlo como chofer.

«En fecha 22/12/2020, a las 18:09:17, Iván Paulino De Jesús, sostiene una comunicación con un Masculino No Identificado (MNI), a quien le hace saber que el Senador de la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta (El torito) pretende ponerlo de chofer, y dejando ver, además, que existe un vínculo de cercanía entre estos», cita el expediente.
Varios legisladores serán procesados

Ayer, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso confirmó que varios legisladores están vinculados a la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón y que este lunes el Ministerio Público solicitará a la Suprema Corte de Justicia la designación del juez especial que lleve el control del proceso en su contra, por su jurisdicción privilegiada.

Reynoso, quien encabezó el equipo de litigantes junto al fiscal de esta jurisdicción, Osvaldo Bonilla Hiraldo, y la procuradora de corte Luisa Liranzo, explicó que el Ministerio Público informará oportunamente a la sociedad los nombres de los legisladores involucrados una vez solicite la designación del juez instructor a la Suprema Corte de Justicia.

“En este proceso, y han sido los lineamientos que sigue el Ministerio Público bajo la instrucción de la magistrada Miriam Germán, todo aquel que tenga responsabilidad, que se acredite con pruebas, va a ser judicializado y procesado”, resaltó.

La responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público recordó que desde que se inició la Operación Falcón, el pasado martes, luego de meses de investigación, los equipos de fiscales, de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de otros organismos de seguridad del Estado dominicano siguen en las calles, las 24 horas del día, “haciendo decenas de allanamientos y operaciones de investigaciones más con respecto a este proceso”.

El fiscal Bonilla Hiraldo resaltó que la jueza Iris Borges, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, dispuso el aplazamiento del conocimiento de la medida de coerción contra 21 de los imputados en la red criminal para el próximo viernes 17 de este mes, a las 10:00 de la mañana.

“La defensa ha reconocido la complejidad del proceso que el Ministerio Público ha presentado ante el tribunal. Necesita tiempo, espacio para trabajar en su defensa técnica y material, lo cual el Ministerio Público entiende”, dijo.

El Ministerio Público “continuará trabajando el caso en todas las líneas de investigación que vayan surgiendo cada día”, reafirmó el fiscal de Santiago a los periodistas que abordaron al equipo de fiscales al salir de la audiencia de este domingo.

Además de Reynoso, Bonilla Hiraldo y Liranzo, a la audiencia subieron los fiscales Surelis Jáquez, Andrés Mena, Reyna Jiménez, Newton López, Miguel Collado, Yeny Liranzo, Yohanna García y Enmanuel Ramírez.

La Directora General de Persecución del Ministerio Público destacó que se trata de una investigación compleja, tal y como lo evidencian los cientos de pruebas presentadas al tribunal, en la que los fiscales llevan bastante tiempo y que “está fundamentada en pruebas que son irrefutables”.

Detalló que al tribunal fueron entregadas, incluyendo en formato electrónico, cientos de miles de páginas de pruebas recabadas durante la investigación que llevó a la Operación Falcón, la cual deberá quedar registrada en la historia de República Dominicana como uno de los más amplios golpes contra el crimen organizado.

Reynoso resaltó que los fiscales tienen bajo custodia una serie de bienes de toda naturaleza y que se han ocupado en la operación contra la estructura de crimen organizado que tenía como centro de operación la ciudad de Santiago, pero que tenía ramificaciones en varios puntos del país, además de tener conexiones con Puerto Rico, Estados Unidos y varios países de la Unión Europea.

En la operación Falcón participan más de 60 fiscales, así como más de 200 agentes de la DNCD, bajo el mando directo de su presidente, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.

En el transcurso de las pesquisas se han realizado más de 100 allanamientos, durante los cuales han sido ocupados más de cien vehículos de motor, más de cuatro millones de dólares, bienes inmuebles y estaciones de combustibles.

Las investigaciones del Ministerio Público apuntan a que la red de narcotráfico operaba antes de 2012 y que existen evidencias de que a partir de 2017 incrementó sus operaciones. Entre República Dominicana y Puerto Rico se le decomisaron al menos 8,500 kilos de cocaína, lo que evidencia el clima de impunidad en el que desempeñaban sus operaciones delictivas.

Según estimaciones de las autoridades nacionales e internacionales, los integrantes de la organización lavaron cuantiosas sumas de dinero dentro de una red delictiva en la que traficaron cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, movilizando más de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público explicó que los involucrados en la red de narcotráfico desarticulada crearon una “poderosa estructura del crimen organizado, que ha operado de manera sistemática y bajo un esquema típico de las organizaciones criminales transnacionales, vinculado a mega operaciones de narcotráfico.

Los integrantes de la red adquirieron, producto del narcotráfico, cientos de propiedades, armas de fuego de guerra, estaciones de combustibles, inmuebles lujosos, fincas, vehículos de altas gamas, prendas, embarcaciones, dealers, discotecas, bancas de apuestas y empresas de entretenimiento.

También, financiaron campañas políticas apoyando de manera directa a legisladores.
La red criminal tenía su base de operación en la provincia Santiago con ramificaciones en la región este del país. Sus integrantes, según se ha determinado durante las indagatorias, portaban y traficaban armas de fuego de alto calibre, incluso solo permitidas para los organismos de seguridad del Estado.