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¡De acusado a jefe del Dicrim! Familiares de peluquero asesinado estallan por polémico nombramiento

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Santiago, República Dominicana. Los familiares de José Vladimir Valerio Estévez, uno de los cinco hombres que murieron durante un operativo policial en el sector La Barranquita, en Santiago, expresaron su rechazo a la designación del teniente coronel Hansel Michel Cuevas Carrasco como encargado de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en la provincia de Puerto Plata.

La decisión ha generado fuertes críticas debido a que el oficial figura entre los agentes sometidos a un proceso judicial por el caso.

Cuestionan ascenso y nuevo cargo

De acuerdo con los familiares de la víctima, Hansel Michel Cuevas Carrasco asumió la dirección del Dicrim en Puerto Plata hace apenas cinco días. Al momento del operativo era mayor de la Policía Nacional y posteriormente fue ascendido al rango de teniente coronel el 27 de febrero.

Para los parientes de Valerio Estévez, este nombramiento representa un mensaje negativo sobre la aplicación de la justicia y la responsabilidad de los agentes del orden.

"Se está premiando a un imputado", afirma abogado

El abogado Rafael Valerio, primo del fallecido, calificó la designación como una señal preocupante para la sociedad.

"Este país le envía una mala señal a la juventud y a toda la ciudadanía, dando la impresión de que un policía puede cometer este tipo de acciones y, aun así, ser ascendido y ocupar cargos de mayor responsabilidad", expresó.

El jurista sostuvo que un oficial sometido a un proceso judicial debería esperar la conclusión del caso antes de asumir nuevas funciones dentro de la institución.

Cuestionan la reforma policial

Rafael Valerio también puso en duda los avances de la reforma policial impulsada en el país, al considerar que decisiones como esta contradicen los esfuerzos por fortalecer la transparencia y el respeto a los derechos ciudadanos.

A su juicio, resulta difícil hablar de transformación institucional cuando oficiales procesados continúan siendo promovidos dentro de la Policía Nacional.

Caso fue declarado complejo

El 14 de octubre de 2025, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso medidas de coerción contra 11 agentes policiales acusados por la muerte de cinco hombres durante un operativo realizado el 10 de septiembre de 2025 en una plaza comercial del sector La Barranquita.

El tribunal declaró el expediente como un caso complejo y ordenó prisión preventiva para varios de los imputados.

Medidas impuestas por el tribunal

  • Prisión preventiva para los agentes José Octavio Jiménez Peña, Sócrates Fidel Féliz Féliz, Hairo Mateo Morillo y Yohandy Encarnación.
  • Garantía económica de RD$1 millón, impedimento de salida y presentación periódica para otros imputados, entre ellos Hansel Michel Cuevas Carrasco y Álvaro Paredes Paniagua.

Ministerio Público investiga presunta eliminación de evidencias

Según el expediente del Ministerio Público, varios de los agentes habrían retirado equipos DVR de establecimientos comerciales y teléfonos celulares de personas presentes en la escena con el supuesto propósito de eliminar evidencias y obstaculizar la investigación.

Las autoridades también sostienen que uno de los propietarios de un negocio de la zona fue contactado para solicitar la entrega del sistema de videovigilancia de su establecimiento.

El caso continúa bajo investigación y ha reavivado el debate nacional sobre la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas dentro de los organismos de seguridad y avanzar en una reforma policial efectiva.

 


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La decisión ha generado fuertes críticas debido a que el oficial figura entre los agentes sometidos a un proceso judicial por el caso.

Cuestionan ascenso y nuevo cargo

De acuerdo con los familiares de la víctima, Hansel Michel Cuevas Carrasco asumió la dirección del Dicrim en Puerto Plata hace apenas cinco días. Al momento del operativo era mayor de la Policía Nacional y posteriormente fue ascendido al rango de teniente coronel el 27 de febrero.

Para los parientes de Valerio Estévez, este nombramiento representa un mensaje negativo sobre la aplicación de la justicia y la responsabilidad de los agentes del orden.

"Se está premiando a un imputado", afirma abogado

El abogado Rafael Valerio, primo del fallecido, calificó la designación como una señal preocupante para la sociedad.

"Este país le envía una mala señal a la juventud y a toda la ciudadanía, dando la impresión de que un policía puede cometer este tipo de acciones y, aun así, ser ascendido y ocupar cargos de mayor responsabilidad", expresó.

El jurista sostuvo que un oficial sometido a un proceso judicial debería esperar la conclusión del caso antes de asumir nuevas funciones dentro de la institución.

Cuestionan la reforma policial

Rafael Valerio también puso en duda los avances de la reforma policial impulsada en el país, al considerar que decisiones como esta contradicen los esfuerzos por fortalecer la transparencia y el respeto a los derechos ciudadanos.

A su juicio, resulta difícil hablar de transformación institucional cuando oficiales procesados continúan siendo promovidos dentro de la Policía Nacional.

Caso fue declarado complejo

El 14 de octubre de 2025, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso medidas de coerción contra 11 agentes policiales acusados por la muerte de cinco hombres durante un operativo realizado el 10 de septiembre de 2025 en una plaza comercial del sector La Barranquita.

El tribunal declaró el expediente como un caso complejo y ordenó prisión preventiva para varios de los imputados.

Medidas impuestas por el tribunal

  • Prisión preventiva para los agentes José Octavio Jiménez Peña, Sócrates Fidel Féliz Féliz, Hairo Mateo Morillo y Yohandy Encarnación.
  • Garantía económica de RD$1 millón, impedimento de salida y presentación periódica para otros imputados, entre ellos Hansel Michel Cuevas Carrasco y Álvaro Paredes Paniagua.

Ministerio Público investiga presunta eliminación de evidencias

Según el expediente del Ministerio Público, varios de los agentes habrían retirado equipos DVR de establecimientos comerciales y teléfonos celulares de personas presentes en la escena con el supuesto propósito de eliminar evidencias y obstaculizar la investigación.

Las autoridades también sostienen que uno de los propietarios de un negocio de la zona fue contactado para solicitar la entrega del sistema de videovigilancia de su establecimiento.

El caso continúa bajo investigación y ha reavivado el debate nacional sobre la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas dentro de los organismos de seguridad y avanzar en una reforma policial efectiva.

 

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