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EL MUNDO

El Kennedy Center evalúa la posibilidad de aplicar un cierre parcial de sus instalaciones

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EL CORREO. La administración del presidente Donald Trump informó a un juez federal que el Kennedy Center todavía está sopesando si ofrecer una programación completa de espectáculos o una programación más limitada en los próximos meses, mientras el gobierno republicano lidia con una orden judicial que pide que la institución siga abierta.

Christopher Cooper, juez federal, bloqueó el mes pasado la orden de la Casa Blanca de cerrar el centro Kennedy hasta 2028 para hacer renovaciones, luego de una demanda presentada por la representante demócrata por Ohio, Joyce Beatty. Además, revocó un intento de cambiar el nombre del centro para incluir al presidente actual.

El magistrado ordenó al gobierno que detallara el estado de los planes para su proyecto de construcción, las decisiones de la junta directiva vinculadas con las renovaciones y otros acontecimientos “pertinentes” antes del viernes.

Asimismo, Cooper indicó que la administración de Trump debía explicar los planes para el acceso público y la programación, las actividades y las operaciones en curso después del 5 de julio, fecha de inicio del cierre previsto.

En un documento presentado el viernes, Matt Floca, director ejecutivo del Kennedy Center, manifestó que la junta del centro planea reunirse a mediados del mes que viene para decidir entre tres opciones: un “cierre total” sin programas públicos para que la organización pueda completar las reparaciones, un “cierre parcial” con “cierto acceso público continuo y programación limitada”, o una “serie coordinada de cierres por fases” con más programación.

Los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) solicitaron a Cooper más tiempo para responder a Beatty, alegando que Centro Kennedy todavía está decidiendo cómo procede. Aparte, insinuaron que las dos partes presenten un informe conjunto sobre el estado del caso dos semanas después de la siguiente reunión de la junta directiva del Centro Kennedy.

Los juristas del gobierno escribieron que el Centro todavía tiene previstas reparaciones importantes en el edificio. Señalaron que la orden del juez Cooper “no obligaba expresamente a la Junta a reprogramar los programas que se habían cancelado previamente ni a buscar nuevos programas”, y apuntaron que el magistrado no necesariamente impedía que el centro cerrara por completo para hacer renovaciones.

Los abogados de Beatty el viernes en la noche arremetieron contra el DOJ, acusando a los funcionarios de la administración republicana de “implementar su decisión de cierre por inercia” e intentar “convertir el Kennedy Center en una cáscara sin vida”, informó CBS News.

También argumentaron que el gobierno había “desmantelado” la programación del Kennedy Center y que ahora no está tomando “medidas obvias” para restaurarla. Un ejemplo que citaron es “Shear Madness”, una conocida obra interactiva que concluyó su larga temporada en el Kennedy Center a inicios de junio, pese a que el centro “podría haber intentado asegurar” que siguiera en cartelera.

“Para que quede claro, reiteramos que el demandante no le pide al tribunal que seleccione la programación que presenten los demandados ni que supervise minuciosamente las operaciones”, redactaron los abogados de la legisladora. “Sin embargo, los demandados deben tomar medidas para garantizar que existan operaciones significativas el 5 de julio de 2026, a fin de cumplir con los términos explícitos de la orden judicial preliminar, y deben hacerlo de buena fe”.

Los abogados de Beatty solicitaron al juez que ordenara al gobierno ofrecer actualizaciones semanales sobre “las medidas concretas adoptadas para reanudar la programación”. También sugirieron que las partes empezaran a discutir un calendario para la presentación de pruebas en el litigio.

Más allá de la programación del centro, el nombre del Kennedy Center ha sido foco de escrutinio en la última semana. El nombre de Trump fue retirado de la fachada del Kennedy Center la semana pasada para cumplir la orden del juez, después de que los tribunales federales rechazaran los últimos intentos de última hora para permitir que siguiera en el edificio mientras continuaban los procedimientos legales.

El pasado 13 de junio, el gobierno confirmó ante una corte que había retirado el nombre del presidente, actualizado el sitio web del Centro Kennedy para eliminar cualquier referencia a Trump y retirado las peticiones de registro de marcas comerciales que incluían el nombre en conjunto.

En este sentido, se eliminaron las referencias al mandatario republicano de las firmas de correo electrónico y las comunicaciones, así como de documentos como folletos, comunicados de prensa y contratos.

Sin embargo, la mayor parte del nombre del edificio permaneció oculta a la vista del público, ya que las fotos tomadas el viernes muestran una lona que cubre la zona de la fachada donde estaba el nombre del presidente.

El equipo legal de la legisladora de Ohio criticó fuertemente al Kennedy Center por haber dejado puesta la lona.

“Además de suscitar inquietudes sobre el cumplimiento de las normas, sabotear deliberadamente la emblemática fachada del Kennedy Center para satisfacer la vanidad de los demandados o alimentar egos heridos constituye una clara violación del deber fiduciario”, escribieron.

El interés de Trump por el Kennedy Center empezó poco después de asumir su cargo en la Casa Blanca por segunda vez. El mandatario sustituyó a varios miembros de la junta directiva con asesores de la Casa Blanca, familiares de funcionarios del gobierno, donantes y simpatizantes de él desde hace tiempo.

Entonces la junta directiva eligió por unanimidad a Trump como el nuevo presidente del Centro Kennedy. En diciembre, votó a favor de cambiar el nombre de la institución a ‘The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts’.

Pero los especialistas legales aseguraron que cualquier cambio en el nombre del centro no podía ser hecho de manera unilateral por la junta directiva, sino que requería la aprobación del Congreso. El juez, en su decisión, coincidió, escribiendo lo siguiente: “El Congreso le dio al Centro Kennedy su nombre, y solo el Congreso puede cambiarlo”.


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Christopher Cooper, juez federal, bloqueó el mes pasado la orden de la Casa Blanca de cerrar el centro Kennedy hasta 2028 para hacer renovaciones, luego de una demanda presentada por la representante demócrata por Ohio, Joyce Beatty. Además, revocó un intento de cambiar el nombre del centro para incluir al presidente actual.

El magistrado ordenó al gobierno que detallara el estado de los planes para su proyecto de construcción, las decisiones de la junta directiva vinculadas con las renovaciones y otros acontecimientos “pertinentes” antes del viernes.

Asimismo, Cooper indicó que la administración de Trump debía explicar los planes para el acceso público y la programación, las actividades y las operaciones en curso después del 5 de julio, fecha de inicio del cierre previsto.

En un documento presentado el viernes, Matt Floca, director ejecutivo del Kennedy Center, manifestó que la junta del centro planea reunirse a mediados del mes que viene para decidir entre tres opciones: un “cierre total” sin programas públicos para que la organización pueda completar las reparaciones, un “cierre parcial” con “cierto acceso público continuo y programación limitada”, o una “serie coordinada de cierres por fases” con más programación.

Los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) solicitaron a Cooper más tiempo para responder a Beatty, alegando que Centro Kennedy todavía está decidiendo cómo procede. Aparte, insinuaron que las dos partes presenten un informe conjunto sobre el estado del caso dos semanas después de la siguiente reunión de la junta directiva del Centro Kennedy.

Los juristas del gobierno escribieron que el Centro todavía tiene previstas reparaciones importantes en el edificio. Señalaron que la orden del juez Cooper “no obligaba expresamente a la Junta a reprogramar los programas que se habían cancelado previamente ni a buscar nuevos programas”, y apuntaron que el magistrado no necesariamente impedía que el centro cerrara por completo para hacer renovaciones.

Los abogados de Beatty el viernes en la noche arremetieron contra el DOJ, acusando a los funcionarios de la administración republicana de “implementar su decisión de cierre por inercia” e intentar “convertir el Kennedy Center en una cáscara sin vida”, informó CBS News.

También argumentaron que el gobierno había “desmantelado” la programación del Kennedy Center y que ahora no está tomando “medidas obvias” para restaurarla. Un ejemplo que citaron es “Shear Madness”, una conocida obra interactiva que concluyó su larga temporada en el Kennedy Center a inicios de junio, pese a que el centro “podría haber intentado asegurar” que siguiera en cartelera.

“Para que quede claro, reiteramos que el demandante no le pide al tribunal que seleccione la programación que presenten los demandados ni que supervise minuciosamente las operaciones”, redactaron los abogados de la legisladora. “Sin embargo, los demandados deben tomar medidas para garantizar que existan operaciones significativas el 5 de julio de 2026, a fin de cumplir con los términos explícitos de la orden judicial preliminar, y deben hacerlo de buena fe”.

Los abogados de Beatty solicitaron al juez que ordenara al gobierno ofrecer actualizaciones semanales sobre “las medidas concretas adoptadas para reanudar la programación”. También sugirieron que las partes empezaran a discutir un calendario para la presentación de pruebas en el litigio.

Más allá de la programación del centro, el nombre del Kennedy Center ha sido foco de escrutinio en la última semana. El nombre de Trump fue retirado de la fachada del Kennedy Center la semana pasada para cumplir la orden del juez, después de que los tribunales federales rechazaran los últimos intentos de última hora para permitir que siguiera en el edificio mientras continuaban los procedimientos legales.

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El equipo legal de la legisladora de Ohio criticó fuertemente al Kennedy Center por haber dejado puesta la lona.

“Además de suscitar inquietudes sobre el cumplimiento de las normas, sabotear deliberadamente la emblemática fachada del Kennedy Center para satisfacer la vanidad de los demandados o alimentar egos heridos constituye una clara violación del deber fiduciario”, escribieron.

El interés de Trump por el Kennedy Center empezó poco después de asumir su cargo en la Casa Blanca por segunda vez. El mandatario sustituyó a varios miembros de la junta directiva con asesores de la Casa Blanca, familiares de funcionarios del gobierno, donantes y simpatizantes de él desde hace tiempo.

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