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Escándalo SeNaSa sacude la justicia: 18 meses de prisión preventiva y RD$15,900 millones bajo la lupa

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Juez envía a la cárcel a siete imputados en medio de protestas y declara el caso complejo

Santo Domingo. – En una audiencia marcada por la tensión y la presión de manifestantes apostados en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva contra siete de los 10 imputados, incluyendo a Santiago Hazim, señalado como el principal acusado de encabezar una red de corrupción que habría estafado al Estado dominicano a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) por un monto que asciende a RD$15,900 millones.

La decisión fue emitida tras una espera de tres horas y cinco minutos, lo que incrementó la expectativa y el ánimo de los manifestantes, quienes desde horas de la tarde exigían prisión para los acusados mediante consignas, pancartas y la participación de organizaciones sociales y figuras públicas.

Arresto domiciliario para tres imputados

Durante la misma audiencia, el magistrado dispuso arresto domiciliario para Cinty Acosta, Heidy Mariela Medina y el empresario Eduardo Read Estrella, quienes admitieron los hechos que se les imputan. En tanto, los demás acusados, incluido Hazim, continuarán cumpliendo prisión preventiva.

El juez también declaró el caso como complejo, atendiendo a la magnitud de los hechos, el volumen de pruebas y la presunta afectación directa a millones de ciudadanos afiliados al sistema de salud estatal.

Más de 170 pruebas y pacientes sometidos a procedimientos innecesarios

El Ministerio Público depositó un voluminoso expediente probatorio, compuesto por más de 138 pruebas documentales y 35 pruebas testimoniales y periciales, con el propósito de demostrar la existencia de una estructura organizada que habría defraudado a SeNaSa, afectando a más de siete millones de afiliados, en su mayoría de bajos recursos.

Entre las irregularidades denunciadas figura el caso de un paciente que habría sido sometido a más de cinco procedimientos de cateterismo sin justificación médica, con el único objetivo de obtener beneficios económicos.

Procuraduría habla de hechos “absolutamente criminales”

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, calificó los hallazgos como “absolutamente criminales”, y advirtió que se investiga si la sobreexposición médica innecesaria pudo haber provocado la muerte de algún paciente.

En tanto, el imputado Santiago Hazim alegó padecer pérdida parcial de la visión a causa de esclerosis múltiple, argumento utilizado por su defensa para solicitar una medida menos gravosa. No obstante, el Ministerio Público indicó que ningún médico forense certificó dicha condición, razón por la cual el tribunal mantuvo la prisión preventiva.


PLD exige que el caso llegue “hasta las últimas consecuencias”

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reiteró su posición frente al escándalo de SeNaSa, subrayando que, dada la gravedad del caso, es imprescindible que el proceso llegue hasta las últimas consecuencias.

El secretario general del PLD, Johnny Pujols, recordó mediante un mensaje en la red social X la postura asumida por la organización política desde que denunció el caso.

“En nombre de la Dirección del PLD reiteramos la posición oficial sostenida desde el 8 de julio y reafirmada en la rueda de prensa del lunes 8 de diciembre: que, en el caso de SeNaSa, dada su gravedad e impacto directo en la población —especialmente en los sectores más vulnerables—, es imprescindible llegar hasta las últimas consecuencias”, expresó Pujols.

El dirigente político sostuvo que las autoridades competentes deben establecer responsabilidades y aplicar la ley, advirtiendo que un caso de esta naturaleza no puede manejarse bajo esquemas de conciliación política ni administrativa.


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“En nombre de la Dirección del PLD reiteramos la posición oficial sostenida desde el 8 de julio y reafirmada en la rueda de prensa del lunes 8 de diciembre: que, en el caso de SeNaSa, dada su gravedad e impacto directo en la población —especialmente en los sectores más vulnerables—, es imprescindible llegar hasta las últimas consecuencias”, expresó Pujols.

El dirigente político sostuvo que las autoridades competentes deben establecer responsabilidades y aplicar la ley, advirtiendo que un caso de esta naturaleza no puede manejarse bajo esquemas de conciliación política ni administrativa.

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