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Santiago de los Caballeros, Rep. Dom. – El creciente descontento entre jueces y empleados administrativos del Palacio de Justicia de Santiago ha revelado una crisis estructural profunda dentro del sistema judicial. Esta situación se caracteriza por la falta de personal, vacantes sin cubrir, sobrecarga laboral, precarización salarial y deficiencias operativas que, según denuncias de magistrados y abogados, afectan gravemente la administración de justicia. Las quejas apuntan a un deterioro sostenido de las condiciones laborales y operativas dentro del Poder Judicial de la República Dominicana. Este escenario ha dado lugar a un movimiento gremial sin precedentes entre jueces y servidores judiciales. Una magistrada, que prefirió permanecer en el anonimato, describió la situación como una estructura "quebrada por dentro". Aseguró que durante años las autoridades han ignorado las solicitudes y advertencias provenientes de los distintos tribunales. "El Poder Judicial está quebrado por dentro, con fisuras desde hace muchos años. Tiene como base principal el abandono institucional a las necesidades fundamentales para una sana administración de justicia", expresó. Hacinamiento y sobrecarga en el área penal Uno de los escenarios más críticos se encuentra en el despacho penal de Santiago, donde abogados y empleados describen condiciones de hacinamiento y presión laboral extrema. El abogado penalista Juan de Dios Hiraldo denunció que los trabajadores operan en espacios reducidos y bajo una carga laboral que considera incompatible con condiciones dignas de trabajo. "Los empleados están aglomerados, prácticamente uno encima de otro, como sardinas en una lata. La presión a la que son sometidos es intolerable y, desde mi óptica, esto entra en el rango de explotación laboral", afirmó. Las denuncias se concentran particularmente en la Unidad de Soporte a Juez, encargada de tramitar proyectos de sentencia, fijaciones de audiencia, excepciones e incidentes correspondientes a los 18 tribunales penales de la demarcación, incluidos cuatro tribunales colegiados y dos unipersonales. Requerimientos de personal De acuerdo con las métricas operativas, la unidad requeriría al menos 22 abogados ayudantes para responder adecuadamente a la carga laboral. Sin embargo, actualmente solo cuenta con seis empleados, de los cuales uno permanece de licencia médica y otro está asignado de manera permanente a labores de sala, dejando apenas cuatro abogados disponibles para sostener la operación penal de primera instancia en Santiago. Carga de trabajo en aumento Las cifras reflejan un incremento significativo en la carga de trabajo: 207 solicitudes procesadas en enero, 575 en febrero, 789 en marzo y 569 en abril. Además, abogados y empleados denunciaron la precarización salarial dentro de la misma unidad, indicando que varias personas desempeñan funciones técnicas de abogados ayudantes, aunque formalmente figuran como oficinistas y perciben salarios significativamente inferiores. "Los tienen haciendo funciones avanzadas, pero pagándoles como oficinistas", denunciaron empleados consultados. Críticas al enfoque estadístico y a la digitalización Jueces consultados cuestionaron que la administración judicial priorice la producción estadística y la difusión de cifras de rendimiento por encima de la calidad de las decisiones judiciales. "Aquí no se cosen pantalones ni se pegan botones. Se toman decisiones que afectan derechos fundamentales, patrimonios y la vida de las personas", expresó uno de los magistrados entrevistados. También denunciaron dificultades derivadas de la implementación de plataformas digitales, señalando que las constantes modificaciones tecnológicas se ejecutan sin personal técnico suficiente ni capacitación adecuada. Esto obliga a jueces y empleados a asumir funciones adicionales mientras enfrentan una alta carga laboral. Vacantes, suplencias y retrasos judiciales Las críticas también abarcan el manejo de las vacantes judiciales y el estancamiento de la carrera judicial. De acuerdo con las denuncias, varias plazas permanecen sin ser cubiertas tras jubilaciones o fallecimientos, obligando a implementar mecanismos informales de suplencia horizontal entre jueces de distintas jurisdicciones. El Primer Tribunal Colegiado de Santiago, por ejemplo, opera incompleto desde mayo de 2023 tras la jubilación del magistrado Sergio Furcal, mientras que el Segundo Tribunal Colegiado lleva aproximadamente diez meses funcionando con solo dos jueces titulares luego del retiro del magistrado Osvaldo Castillo. Esta situación obliga a jueces de otros tribunales a suspender audiencias propias para completar paneles judiciales, generando retrasos, aplazamientos y largas esperas para abogados, imputados y ciudadanos. Reorganización de agendas judiciales Magistrados señalaron que incluso se han visto obligados a reorganizar las agendas judiciales para dejar un día libre semanal que permita cubrir tribunales incompletos, concentrando hasta 18 audiencias en una sola jornada. Precariedad en traslados hacia Mao Otro de los puntos denunciados es la situación de jueces de paz de Santiago que deben trasladarse a Mao para cubrir vacantes judiciales que, según explicaron, llevan más de tres años sin ser ocupadas formalmente.
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