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Hay bobo en Punta Catalina con unos pagos raros

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La Cámara de Cuentas otorgó un plazo de 25 calendario, a partir del 2 de septiembre, para que los auditados envíen un  plan de acción correctivo, relativo a la auditoría que revela la comisión de serias irregularidades en la Central Termoeléctrica Punta Catalina, entre ellas  pagos a contratistas por más de  RD$ 21 mil 100 millones,  sin ningún tipo de soporte ni evidencias documentales.

Mientras, diversas organizaciones expresan su preocupación por la falta de seguimiento,  transparencia y despilfarro  de parte de las autoridades encargadas de  la construcción y administración de dicha planta.

Se desconoce si dicha auditoría fue remitida a la Procuraduría General de la República, en específico al Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (Pepca), como lo dispuso el Pleno de la Cámara de Cuentas.

Organizaciones barriales exigen investigación del Ministerio Público sobre anomalías en Central Termoeléctrica Punta Catalina

Francisco Toribio, director de Comunicaciones de la Cámara de Cuentas dijo, en principio, que desconoce si esa auditoría fue enviada a la Procuraduría y luego expresó que no está autorizado para dar ese tipo de información.

La Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), el Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode) y las juntas de Vecinos Los Uno, Paz y Desarrollo de los barrios capitaleños María Auxiliadora, La Esperanza, Villa Fontana, Los Salesianos, Agua Dulce y asociaciones de padres, madres y tutores, comités de amas de casas y de desarrollo comunitario del Distrito Nacional, expresaron su preocupación ante la situación.

El director ejecutivo de la Coordinadora de Organizaciones Barriales,  Alexis Rafael Peña, puntualizó que se hace necesario que el Ministerio Público investigue todo el proceso de esa empresa.

Plantean las organizaciones, que el Ministerio Público debe citar a los auditados, para que expliquen al país y a la ciudadanía sobre las anomalías que encontró la Cámara de Cuentas en la auditoría.

Consideraron que tanto las pasadas autoridades y las presentes deben aclarar ante el país y qué es lo que está ocurriendo, por igual qué pasa con los apagones  y sí por esos motivos son los los prolongados apagones en la provincia Santo y el Distrito Nacional.

En un comunicado, las organizaciones  agradecieron a El Nacional por mantenerlos  informados sobre los datos arrojados en la citada auditoria.

La citada auditoría precisa, además, que se detectaron pagos no registrados contablemente por RD$10 mil 091 millones y que el Ministerio de Hacienda realizó pagos (intereses, comisiones,  ITBIS), que no fueron contabilizados por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales.

Según la Cámara de Cuentas, Punta Catalina seguía en proceso de construcción en  2021 pese a estar operando desde abril de 2020 cargada a la cuenta de activo, lo que resulta una incongruencia.

El costo total para el Estado de la construcción de dicha planta, según la auditoría,  ascendió a US$3,276 millones.


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La Cámara de Cuentas otorgó un plazo de 25 calendario, a partir del 2 de septiembre, para que los auditados envíen un  plan de acción correctivo, relativo a la auditoría que revela la comisión de serias irregularidades en la Central Termoeléctrica Punta Catalina, entre ellas  pagos a contratistas por más de  RD$ 21 mil 100 millones,  sin ningún tipo de soporte ni evidencias documentales.

Mientras, diversas organizaciones expresan su preocupación por la falta de seguimiento,  transparencia y despilfarro  de parte de las autoridades encargadas de  la construcción y administración de dicha planta.

Se desconoce si dicha auditoría fue remitida a la Procuraduría General de la República, en específico al Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (Pepca), como lo dispuso el Pleno de la Cámara de Cuentas.

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La Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), el Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode) y las juntas de Vecinos Los Uno, Paz y Desarrollo de los barrios capitaleños María Auxiliadora, La Esperanza, Villa Fontana, Los Salesianos, Agua Dulce y asociaciones de padres, madres y tutores, comités de amas de casas y de desarrollo comunitario del Distrito Nacional, expresaron su preocupación ante la situación.

El director ejecutivo de la Coordinadora de Organizaciones Barriales,  Alexis Rafael Peña, puntualizó que se hace necesario que el Ministerio Público investigue todo el proceso de esa empresa.

Plantean las organizaciones, que el Ministerio Público debe citar a los auditados, para que expliquen al país y a la ciudadanía sobre las anomalías que encontró la Cámara de Cuentas en la auditoría.

Consideraron que tanto las pasadas autoridades y las presentes deben aclarar ante el país y qué es lo que está ocurriendo, por igual qué pasa con los apagones  y sí por esos motivos son los los prolongados apagones en la provincia Santo y el Distrito Nacional.

En un comunicado, las organizaciones  agradecieron a El Nacional por mantenerlos  informados sobre los datos arrojados en la citada auditoria.

La citada auditoría precisa, además, que se detectaron pagos no registrados contablemente por RD$10 mil 091 millones y que el Ministerio de Hacienda realizó pagos (intereses, comisiones,  ITBIS), que no fueron contabilizados por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales.

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El costo total para el Estado de la construcción de dicha planta, según la auditoría,  ascendió a US$3,276 millones.

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