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EL MUNDO

ICE flexibiliza normas en centros de detención y amplía uso de IA

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EL CORREO. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) implementó nuevas normas que flexibilizan la operación de los centros de detención migratoria y permiten a los contratistas apoyarse en herramientas de inteligencia artificial para comunicarse con las personas detenidas.

Las disposiciones aplican tanto a empresas privadas como a cárceles que albergan migrantes bajo custodia federal. Según el ICE, los cambios buscan “reducir la carga sobre nuestros operadores de detención” tras recibir aportes de distintos socios.

Más IA en la gestión de centros de detención

Uno de los principales ajustes permite el uso de tecnologías de inteligencia artificial, como traducción automatizada o sistemas basados en IA generativa, para facilitar la comunicación con los detenidos en interacciones consideradas no críticas.

Esto incluye procesos como el ingreso a las instalaciones, conversaciones informales en áreas de alojamiento y la atención de algunas quejas o solicitudes generales.

Sin embargo, especialistas advierten que el uso de estas herramientas en contextos sensibles podría generar riesgos, especialmente cuando se trata de información relacionada con la salud o necesidades urgentes de los detenidos.

Pago de $1 dólar por “trabajo voluntario”

Las nuevas normas también mantienen el esquema de “trabajo voluntario” dentro de las instalaciones, en el que los detenidos reciben alrededor de 1 dólar por día.

De acuerdo con el ICE, estos programas no constituyen una relación laboral formal, por lo que los participantes no tienen derecho a salario mínimo ni beneficios laborales.

Organizaciones y expertos han señalado durante años que este tipo de esquemas ha sido cuestionado legalmente por posibles condiciones de explotación, aunque las nuevas reglas refuerzan la posición de los contratistas frente a estos reclamos.

Críticas por condiciones en centros de detención

Las modificaciones llegan en un contexto en el que se han reportado muertes bajo custodia, así como denuncias de negligencia médica, alimentación inadecuada y condiciones consideradas inhumanas en diversas instalaciones del ICE.

Expertos en políticas migratorias han advertido que los cambios podrían profundizar problemas ya existentes, al priorizar la reducción de costos y la flexibilidad operativa por encima de la supervisión y la atención a los detenidos.

Debate sobre atención médica y responsabilidad

Algunos especialistas han expresado preocupación por la posibilidad de que la tecnología sustituya funciones clave, como la evaluación de salud o la interpretación lingüística en situaciones críticas.

También se han señalado cambios que obligan a los centros a aceptar a los detenidos enviados por ICE, lo que podría limitar la capacidad de derivación inmediata de casos graves a hospitales u otros centros de atención médica.

Contexto presupuestario y cambios en el sistema

Las nuevas reglas coinciden con un aumento significativo de recursos destinados al sistema migratorio, luego de la aprobación de un paquete de gasto de 70 mil millones de dólares firmado recientemente por el presidente Donald Trump.

Según el ICE, la actualización de normas busca alinear los estándares de detención con otros sistemas federales y simplificar procedimientos operativos en los centros administrados por contratistas.

Posturas encontradas

Mientras la agencia defiende los cambios como una modernización del sistema, exfuncionarios y expertos en derechos humanos advierten que la tendencia apunta a estándares más flexibles con menor supervisión.


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Las disposiciones aplican tanto a empresas privadas como a cárceles que albergan migrantes bajo custodia federal. Según el ICE, los cambios buscan “reducir la carga sobre nuestros operadores de detención” tras recibir aportes de distintos socios.

Más IA en la gestión de centros de detención

Uno de los principales ajustes permite el uso de tecnologías de inteligencia artificial, como traducción automatizada o sistemas basados en IA generativa, para facilitar la comunicación con los detenidos en interacciones consideradas no críticas.

Esto incluye procesos como el ingreso a las instalaciones, conversaciones informales en áreas de alojamiento y la atención de algunas quejas o solicitudes generales.

Sin embargo, especialistas advierten que el uso de estas herramientas en contextos sensibles podría generar riesgos, especialmente cuando se trata de información relacionada con la salud o necesidades urgentes de los detenidos.

Pago de $1 dólar por “trabajo voluntario”

Las nuevas normas también mantienen el esquema de “trabajo voluntario” dentro de las instalaciones, en el que los detenidos reciben alrededor de 1 dólar por día.

De acuerdo con el ICE, estos programas no constituyen una relación laboral formal, por lo que los participantes no tienen derecho a salario mínimo ni beneficios laborales.

Organizaciones y expertos han señalado durante años que este tipo de esquemas ha sido cuestionado legalmente por posibles condiciones de explotación, aunque las nuevas reglas refuerzan la posición de los contratistas frente a estos reclamos.

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Expertos en políticas migratorias han advertido que los cambios podrían profundizar problemas ya existentes, al priorizar la reducción de costos y la flexibilidad operativa por encima de la supervisión y la atención a los detenidos.

Debate sobre atención médica y responsabilidad

Algunos especialistas han expresado preocupación por la posibilidad de que la tecnología sustituya funciones clave, como la evaluación de salud o la interpretación lingüística en situaciones críticas.

También se han señalado cambios que obligan a los centros a aceptar a los detenidos enviados por ICE, lo que podría limitar la capacidad de derivación inmediata de casos graves a hospitales u otros centros de atención médica.

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Según el ICE, la actualización de normas busca alinear los estándares de detención con otros sistemas federales y simplificar procedimientos operativos en los centros administrados por contratistas.

Posturas encontradas

Mientras la agencia defiende los cambios como una modernización del sistema, exfuncionarios y expertos en derechos humanos advierten que la tendencia apunta a estándares más flexibles con menor supervisión.

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