Jueza decide este viernes si envía a juicio a exfuncionarios implicados en el caso Calamar

EL CORREO. La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, decidirá este viernes si envía a juicio de fondo a varios exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina vinculados al denominado caso Calamar.

Entre los principales imputados figuran los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, quienes enfrentan acusaciones de presunta corrupción administrativa y estafa contra el Estado por miles de millones de pesos.

La magistrada tiene previsto emitir su decisión a las 3:00 de la tarde. En caso de ordenar la apertura a juicio, los acusados deberán enfrentar una nueva etapa del proceso penal, en la que podrían resultar condenados o absueltos tras la presentación y valoración de las pruebas.

Según el Ministerio Público, los imputados participaron en un esquema que habría generado pérdidas superiores a los 41 mil millones de pesos al Estado dominicano.

La acusación sostiene que parte de las irregularidades están relacionadas con el desembolso de más de 19 mil millones de pesos para el pago de terrenos declarados de utilidad pública, así como con transferencias superiores a los 21 mil millones de pesos destinadas a contratistas.

Asimismo, el órgano acusador asegura que existió una estructura dedicada a recaudar fondos de manera irregular mediante un supuesto esquema de extorsión vinculado a bancas de apuestas.

Más de 40 acusados en el expediente

El expediente del caso Calamar incluye a 47 personas físicas y jurídicas. Entre los señalados también figuran los exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y de Catastro Nacional, Luis Miguel Piccirilo y Claudio Silver Peña, respectivamente.

Además, están imputados el exsenador por Azua, Rafael Calderón; Daniel Guerrero, hijo de Donald Guerrero; los abogados Ángel Lockward y Juan Tomás Polanco Céspedes; así como los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández, entre otros.

El grupo enfrenta acusaciones por presunta asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas políticas.

Mientras el Ministerio Público solicita que todos los acusados sean enviados a juicio de fondo, las defensas han pedido la nulidad de la acusación y la emisión de autos de no ha lugar a favor de sus representados.