Política
¡Siete meses en el Senado, siete días en Diputados! La reforma policial entra en modo carrera contra el reloj

Santo Domingo, República Dominicana. El proyecto de reforma policial que permaneció cerca de siete meses en estudio en el Senado podría recibir aprobación en la Cámara de Diputados en apenas una semana, luego de que los legisladores establecieran un calendario acelerado para conocer la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.
Durante la sesión de este miércoles, los diputados acordaron remitir el proyecto de ley de la Policía Nacional a una comisión permanente y fijaron el próximo martes como fecha límite para que sea presentado el informe correspondiente.
Diputados aceleran análisis de la nueva ley policial
Mientras otros proyectos fueron enviados a diferentes comisiones para su estudio, la reforma policial recibió un tratamiento especial debido a la urgencia planteada por las autoridades.
El objetivo es que el informe esté listo en un plazo de siete días y que posteriormente pueda ser conocido por el pleno de la Cámara Baja.
La rapidez del proceso contrasta con el tiempo utilizado en el Senado, donde la iniciativa fue evaluada durante aproximadamente siete meses antes de avanzar hacia la siguiente etapa legislativa.
Reforma policial surgió tras caso de Darlin Mercado
La nueva ley de la Policía Nacional comenzó a impulsarse desde diciembre de 2025 por el Gobierno y tomó mayor impulso luego de la muerte del joven Darlin Mercado, quien falleció tras recibir un disparo de un agente policial durante una requisa en el sector Herrera.
El caso generó reclamos sociales sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, profesionalización y control dentro de la institución policial.
Debate sobre la rapidez legislativa
El acelerado calendario aprobado por los diputados ha generado atención debido a la diferencia entre el tiempo de análisis en ambas cámaras.
Mientras algunos sectores consideran necesario avanzar con rapidez para modernizar la Policía Nacional, otros plantean que una reforma de esta importancia requiere una revisión profunda para garantizar que las nuevas disposiciones respondan a las necesidades de seguridad ciudadana y respeto a los derechos fundamentales.