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EL PAIS

La Constitución y sus 39 modificaciones, con la reelección y concentración de poder como meta

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EL CORREO. Desde aspiraciones personales del presidente de turno, pasando por el empeño del Ejecutivo en lograr avances democráticos en un país lleno de desigualdades desde su nacimiento, las motivaciones de las reformas constitucionales en la República Dominicana conforman un abanico de situaciones y contextos.

El inventario de 39 reformas en 166 años, en las tres etapas fundamentales del país, Primera, Segunda y Tercera República (1844-2020), ponen de relieve intereses variopintos de dictadores y demócratas.

Desde la primera Carta Magna, firmada en San Cristóbal en 6 de noviembre de 1844, las cuatro últimas reformas de la etapa contemporánea, las de 1994, 2002, 2010 y 2015, se originaron, definieron y aprobaron con contextos muy diferentes, pero con un mismo objeto: la reelección presidencial.

La primera, en 1994, en la más profunda de las crisis registradas en la democracia dominicana por los cuestionados resultados de las elecciones de ese año que favorecieron a Joaquín Balaguer; la segunda por la pretensión del mandatario de turno, Hipólito Mejía, de continuar en el poder, cuando la Constitución se lo impedía, y la tercera, cuando Leonel Fernández que agotaba su segundo mandato, buscó mantenerse con posibilidades de volver a ser candidato en el futuro. En el 2015 se sumó a la lista otra coyuntura preelectoral con tintes reeleccionistas marcados, con Danilo Medina como presidente.

El "nunca jamás" de la Reforma de 1994

La crisis poselectoral surgida el 16 de mayo de 1994, en las que el presidente Joaquín Balaguer buscaba reelegirse ante el líder de masas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) José Francisco Peña Gómez, alcanzó dimensiones que amenazaron la estabilidad democrática. La exclusión masiva de los votantes perredeistas de los padrones oficiales no quedó en el plano de las denuncias, aunque Balaguer asumiera su triunfo.  Los resultados cuestionados eran demasiados como para ser ignorados.

La Iglesia católica, los partidos y la sociedad civil organizada obligaron a un renuente Balaguer a firmar lo que se denominó "Pacto por la democracia", que dio lugar a una reforma constitucional y a la convocatoria a elecciones en dos años -el 16 de mayo de 1996- y a la "no reelección". También, a la organización de elecciones alternadas en los niveles presidencial y congresional-municipal, con dos años de diferencia y la doble vuelta electoral en caso de que ningún partido obtuviera el 50 % más uno de los votos en la primera ronda.

Las elecciones de 1996, con Balaguer constitucionalmente imposibilitado de reelegirse, derivaron en un apoyo explícito del caudillo reformista al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su candidato Leonel Fernández, para minar las posibilidades de triunfo de Peña Gómez quien, habiendo ganado en la primera vuelta, terminó finalmente derrotado. Con esa Constitución se instaló en el Poder Ejecutivo el PLD para el período 1996-2000.

Nuevas elecciones y nueva reforma constitucional

El 16 de mayo del 2000, los dominicanos acudieron de nuevo a las urnas a elegir un presidente y vicepresidente, y el candidato del Partido Revolucionario Dominicano, Hipólito Mejía, logró casi el 50% de los sufragios (49.9%). La cercanía de los votos a la mitad más uno y la renuencia de Balaguer a apoyar una segunda vuelta forzaron al derrotado PLD y a su candidato presidencial, Danilo Medina, a aceptar los resultados.

Mejía llegó a la presidencia al amparo de una Constitución que prohibía la reelección, un "logro" de la democracia dominicana, y sellaba las heridas abiertas por la crisis electoral de 1994. Sin embargo, pronto buscó apoyos para cambiar la Carta Magna y poder reelegirse. El rechazo lo encontró en diferentes sectores sociales y políticos y en su propia organización. El presidente de su partido y dirigente histórico de la organización Hatuey de Camps, fue expulsado por no apoyar a Mejía y formó tienda aparte con la fundación del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD).


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EL CORREO. Desde aspiraciones personales del presidente de turno, pasando por el empeño del Ejecutivo en lograr avances democráticos en un país lleno de desigualdades desde su nacimiento, las motivaciones de las reformas constitucionales en la República Dominicana conforman un abanico de situaciones y contextos.

El inventario de 39 reformas en 166 años, en las tres etapas fundamentales del país, Primera, Segunda y Tercera República (1844-2020), ponen de relieve intereses variopintos de dictadores y demócratas.

Desde la primera Carta Magna, firmada en San Cristóbal en 6 de noviembre de 1844, las cuatro últimas reformas de la etapa contemporánea, las de 1994, 2002, 2010 y 2015, se originaron, definieron y aprobaron con contextos muy diferentes, pero con un mismo objeto: la reelección presidencial.

La primera, en 1994, en la más profunda de las crisis registradas en la democracia dominicana por los cuestionados resultados de las elecciones de ese año que favorecieron a Joaquín Balaguer; la segunda por la pretensión del mandatario de turno, Hipólito Mejía, de continuar en el poder, cuando la Constitución se lo impedía, y la tercera, cuando Leonel Fernández que agotaba su segundo mandato, buscó mantenerse con posibilidades de volver a ser candidato en el futuro. En el 2015 se sumó a la lista otra coyuntura preelectoral con tintes reeleccionistas marcados, con Danilo Medina como presidente.

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Las elecciones de 1996, con Balaguer constitucionalmente imposibilitado de reelegirse, derivaron en un apoyo explícito del caudillo reformista al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su candidato Leonel Fernández, para minar las posibilidades de triunfo de Peña Gómez quien, habiendo ganado en la primera vuelta, terminó finalmente derrotado. Con esa Constitución se instaló en el Poder Ejecutivo el PLD para el período 1996-2000.

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