La gestión social impacta en los proyectos mineros

ElCorreoRD.- Disuade los conflictos a través de la atención diligente a las necesidades de las comunidades

Cuando de minería se trata, América Latina suele traer recuerdos de intranquilidad. Aunque tiene una participación importante en reservas mundiales de principales minerales metálicos, es la región con más conflictos socioambientales por explotación minera.

Hasta hace poco, las cifras del problema tenían tres dígitos. Así lo reveló el informe del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) de 2021, al situar en 284 el número de conflictos sociales que se produjeron alrededor de proyectos y operaciones mineras.

Enfrentar esta oposición de las comunidades locales es un reto que tiene la industria extractiva no solo en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, también en la República Dominicana.

Desde la óptica del Ministerio de Energía y Minas (MEM), con una adecuada gestión social, la minería puede ser una oportunidad para todos si se logran los consensos necesarios.

El órgano regulador de la política energética y minera del país ha asumido el compromiso de garantizar que los aspectos ambiental, económico y social confluyan en las comunidades mineras con el propósito de que no haya dudas acerca de la contribución que la minería proporciona al desarrollo sostenible de la nación.

A través de su Dirección de Gestión Social, el MEM asegura que al igual que las demás actividades productivas, la minería debe evitar y mitigar los impactos adversos sobre el medio ambiente y las comunidades que se encuentran en las proximidades de los yacimientos. También maximizar los muchos aspectos positivos que pueden generar las operaciones mineras como, por ejemplo: empleos dignos y bien remunerados, así como canalizar las demandas de las comunidades. También plantea que la legitimidad y confianza de la gente en los proyectos mineros solo se obtienen cuando se crea y fomentan alternativas de desarrollo para las comunidades más allá de la vida del proyecto.

Marcelino Mordán, antropólogo y director de la unidad organizativa del ministerio que se ocupa de la responsabilidad social, afirma que reforzar el vínculo con la comunidad, abrir espacios para el diálogo y tomar decisiones con la participación de la gente es fundamental para la buena marcha de cualquier proyecto y mucho más inclusive, si es minero.

“La conflictividad social alrededor de los proyectos y operaciones mineras causa pérdidas económicas importantes, tanto para las empresas como para la sociedad”, sostiene el funcionario.

Desde la Dirección de Gestión Social se ejecutan dos programas que mantienen un estrecho vínculo entre las comunidades, el Estado y las empresas que desarrollan proyectos mineros en el país.

Uno de ellos es el programa Inspección Social, a través del cual el ministerio acompaña a la empresa minera en la gestión de su responsabilidad en las comunidades donde ejercen su actividad.

Carolina Hernández, encargada de Imagen Corporativa en Cementos Cibao, asegura que el personal del ministerio fue un soporte para identificar asociaciones, juntas de vecinos, sindicatos, agrupaciones deportivas y religiosas, líderes comunitarios y cooperativas para poner en marcha eso que ha sido descrito como “ir más allá de lo requerido por la ley”, a fin de lograr el bienestar de la comunidad.

La Dirección de Gestión Social se reúne periódicamente con esos grupos sociales para determinar las necesidades y requerimientos que precisan una acción social para la comunidad.

Ese espacio de socialización ayuda a resolver los requerimientos de manera oportuna, independientemente de que las empresas mineras tengan sus propios mecanismos de presentación de quejas.

“El rol del ministerio es muy importante. Es un rol de árbitro, de mediador. Ellos buscan el beneficio de la comunidad, el consenso con la empresa y que prevalezca un ganar entre ambas partes”.

El programa Buen Vivir tiene socios estratégicos tanto en el sector público como en el privado. Algunos de ellos son: el Ministerio de Salud Pública, Senasa, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Sur Futuro, Apedi, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Cámara de Comercio de Puerto Plata y la Mancomunidad del Gran Santo Domingo.