La PEPCA sin rumbo: Da “patadas de ahogado” y llama prueba a cualquier papelito

Las defensas técnicas de los imputados en el caso Odebrecht identifican incoherencias, mentiras y manipulaciones en la presentación de documentos por la PEPCA y se preguntan: ¿Cómo afirmar que Rondón invirtió en empresas y propiedades US$79 millones recibidos como pagos de Odebrecht y al mismo tiempo los distribuyó como sobornos?

“Los contratos no pueden ser ficticios cuando el mismo Ministerio Público admite que se recibió la cantidad de dinero pactada, pero si fueran ficticios, Rondón no hubiese obtenido dos sentencias gananciosas, incluyendo una de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que le ordenan a Odebrecht el pago de sus honorarios.”

SANTO DOMINGO, República Dominicana. –  El consejo de defensa del señor Ángel Rondón Rijo restó importancia a las presuntas nuevas pruebas que, con aire triunfalista, el Ministerio Público dice haber incorporado ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a cargo del proceso Odebrecht.

En una declaración de prensa los abogados que componen el consejo de defensa consideraron que llamar pruebas a actas de nacimiento, certificaciones, asambleas, contratos de obras supuestamente ficticios y otros simples documentos societales, es una falta de seriedad y una ofensa al rigor procesal que merece el caso de parte de la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción (PEPCA).

Indican que “las patadas de ahogados” lanzadas por el Ministerio Público son una débil excusa para tratar de solapar que las declaraciones de sus testigos han sido demolidas y las delaciones premiadas de ex ejecutivos de Odebrecht fueron excluidas como pruebas por parte del tribunal.

“Es impresionante que el Ministerio Público llame pruebas a cualquier documento”, resaltaron y manifestaron que en el caso de contratos presentados como elementos de prueba la PEPCA miente y trata de manipular sin ningún rubor al indicar que se trata de acuerdos genéricos, argumento que ha sido desmontado por la defensa técnica del empresario Ángel Rondón Rijo.

Se tratan de “contratos marco”, ejecutados de buena fé por las partes y por ende reales y válidos, explicados con claridad por el propio Rondón frente a las magistradas que integran el tribunal.  “Una vez Odebrecht firmaba un contrato con una de las empresas o de las instituciones del Estado, me enviaban una comunicación indicando la firma de ese contrato y señalando el valor a percibir”, sostuvo Rondón.

Expresó que los montos eran cobrados “en la medida en que el Estado fuera pagando” y “no a la firma” como ha querido significar maliciosamente el Ministerio Público, faltando a la verdad.

Como un ejemplo concreto expuso que cuando Odebrecht recibió 150 millones de dólares durante el proceso de construcción de Punta Catalina, esta le avanzó 1.5 millones dólares, que se correspondía con el 1% acordado como contraprestación por la representación comercial asumida para dicha obra.

Acotó que los pagos por Punta Catalina le fueron suspendidos unilateralmente por Odebrecht, luego de que estalló el escándalo internacional contra la empresa constructora el 21 de diciembre de 2016.

Por otro lado, estableció que para el Ministerio Público ya los sobornos no ascienden a 136 ni 92 millones de dólares, como había venido sosteniendo inconsistentemente en otras ocasiones, sino que fueron supuestamente US$79.2 millones, que el imputado desde el primer día ha sostenido que recibió durante 16 años por cuatro (4) conceptos: alquiler de equipos y como representante comercial, subcontratista y consorciado de la multinacional brasileña.

“Los contratos no pueden ser ficticios cuando el mismo Ministerio Público admite que se recibió la cantidad de dinero pactada, pero si fueran ficticios, Rondón no hubiese obtenido dos sentencias gananciosas, incluyendo una de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que le ordenan a Odebrecht el pago de sus honorarios”, establece la defensa.

La propia acusación del Ministerio Público dice que los 79.2 millones de dólares recibidos por Ángel Rondón fueron “invertidos en propiedades y empresas”,  lo cual constituye una  incoherencia, ya que no pudo distribuir supuestos sobornos e invertir dicha suma de dinero al mismo tiempo.