Leonel Fernandez hace grave denuncia sobre espionaje y corrupción en el Intrant

Leonel Fernández denunció ayer una presunta red de corrupción y espionaje vinculada al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) y a la empresa Transcore Latam, que gestiona los semáforos de Santo Domingo. El exmandatario, en su encuentro semanal con la prensa “La voz del Pueblo”, destacó varios problemas graves asociados a esta situación:

1. Continuación de Operaciones Ilegales:
   • A pesar de la anulación en 2023 del contrato de Transcore Latam por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) debido a irregularidades, la empresa ha seguido operando bajo condiciones poco claras. Esto ha causado problemas significativos, incluyendo el apagón de la red de semáforos en el Distrito Nacional.
2. Violación de la Privacidad:
   • Fernández afirmó que las cámaras instaladas en intersecciones clave no solo capturan imágenes de vehículos, sino también datos de teléfonos móviles, constituyendo una violación a la privacidad. Este uso indebido de tecnología para espiar a ciudadanos pone en riesgo derechos fundamentales.
3. Redes Privadas de Fibra Óptica:
   • Se alega que algunas cámaras, como las ubicadas en la avenida Winston Churchill, están conectadas a redes privadas de fibra óptica. Esto podría facilitar la transferencia de datos personales a entidades no reguladas en el país.
4. Emisiones de Radiofrecuencias No Autorizadas:
   • En 2024 se descubrieron emisiones de radiofrecuencias no autorizadas desde edificios controlados por el Intrant, potencialmente utilizadas para rastrear la ubicación de personas a través de sus teléfonos móviles, una práctica considerada una “flagrante violación” de la privacidad.
5. Implicaciones para Proyectos Estatales Futuros:
   • Fernández expresó su preocupación de que la red de vigilancia pueda estar involucrada en futuros proyectos estatales, como la renovación de la cédula de identidad o la implementación del pasaporte biométrico electrónico.

Fernández cuestionó las operaciones clandestinas bajo el amparo del Estado y advirtió sobre posibles implicaciones para la seguridad nacional, subrayando la necesidad de una investigación exhaustiva sobre estas prácticas.