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Llegan tarde medidas de JCE para evitar uso recursos en campaña

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A solo 13 días de las elecciones, la JCE emitió un comunicado para prohibir la entrega de bonos y pensiones especiales

Cuando faltan solo 13 días para las elecciones, luego de que la oposición ha denunciado el supuesto uso de los recursos del Estado para favorecer la reelección del presidente Luis Abinader y los candidatos a distintos cargos del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), la Junta Central Electoral (JCE) tomó una serie de medidas que incluyen la suspensión de la publicidad gubernamental con la imagen del presidente, la entrega de bonos y de pensiones hasta que pasen las votaciones del 19 de este mes.

Ayer, el Ministerio de Administración Pública informó que acogiendo el comunicado de la JCE suspendió las aprobaciones de solicitudes de no objeción, para el ingreso de nuevo personal, y la realización de aumentos y reajustes salariales que impliquen un incremento en las nóminas de las instituciones públicas.

En un comunicado el pasado lunes, la JCE citó siete prohibiciones que abarcan la ejecución de planes de apoyo social o comunitario extraordinarios a cargo de las instituciones de la administración pública central y las entidades públicas autónomas y descentralizadas, el otorgamiento de bonos económicos por parte de estas instituciones, la entrega de tarjetas y beneficios especiales en favor de personas bajo cualquier modalidad y el otorgamiento de pensiones por parte de dichas instituciones.

También el aumento de la nómina en la administración pública central y las entidades públicas autónomas y descentralizadas y la publicidad de las instituciones de la administración pública central y las entidades públicas autónomas, descentralizadas y las alcaldías, que contenga elementos que promuevan directa o indirectamente candidaturas que estén compitiendo en los niveles de elección que se disputarán en los comicios, así como cualquier tipo de propaganda política que esté colocada en edificios de instituciones públicas.

“Las presentes medidas tienen como propósito, garantizar la equidad en la contienda electoral y procurar que todos los candidatos y candidatas puedan contar con iguales condiciones de competición”, apunta el órgano electoral en un comunicado el pasado lunes.

La prohibición de la entrega de bonos en distintas modalidades, navideños, escolar y para las madres, la JCE la emitió cuando faltan 13 días para las votaciones pese a que esa modalidad como supuesto mecanismo de buscar apoyo electoral fue denunciada por el exvicepresidente Rafael Alburquerque en enero de este año, antes de las elecciones municipales.

Las denuncias de la FP sobre el uso de los bonos para beneficiar electoralmente al Gobierno han sido permanentes.

El candidato presidencial de ese partido, Leonel Fernández, lo denunció en su alocución luego de las elecciones del 18 de febrero y lo ha repetido constantemente en distintos escenarios.

La denuncia del uso de los bonos también consta en una comunicación que enviaron los tres candidatos de oposición de los partidos mayoritarios, Fernández, Miguel Vargas y Abel Martínez el 11 de marzo en el marco de la presión por la entrega de los fondos de campaña que el gobierno había negado.

El tema de la entrega de pensiones como supuesto mecanismo de beneficio electoral para el gobernante PRM, que la JCE también prohibió faltando solo 13 días para las elecciones, ha sido denunciado desde el pasado año por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su candidato presidencial Abel Martínez.

A mediados de marzo, la JCE emitió un comunicado en el que prohibió la publicidad gubernamental con la figura del presidente de la República, así como la instalación de carpas en los alrededores de los recintos electorales.

Esas medidas fueron tomadas por el órgano electoral luego que la oposición presentó una amplia lista de exigencias para garantizar mayor equidad en la competencia presidencial y congresual de este mes.

Durante el transcurso de las elecciones municipales, la JCE hizo silencio sobre el debate que generó la aplicación del párrafo seis del artículo 210 sobre si las inauguraciones de obras también abarcan al gobierno central.

En el marco de las exigencias de la oposición, la JCE está bajo presión para que cambia al encargado de la Policía Militar Electoral, cuyo trabajo quedó cuestionado en el desarrollo de las elecciones municipales.

Sobre ese tema, la JCE emitió un protocolo sobre cómo deben actuar los miembros de la Policía Militar Electoral que resguardan los recintos y colegios de votación el día de las elecciones.

Participación Ciudadana también ha criticado al Gobierno por la publicidad excesiva para favorecer al partido oficial. La entidad pidió al presidente Luis Abinader que no haga su encuentro semanal con los medios de comunicación denominado LA Semanal, petición que el gobernante rechazó por considerar que no viola la Ley Electoral.

 

 

MAP informa suspende ingreso de personal

El ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, informó que instruyó a la Dirección de Desarrollo Organizacional y Remuneraciones de esa institución, a través del Viceministerio de Fortalecimiento Institucional, para aplicar las medidas dispuestas, en virtud de cumplir con lo establecido en artículo 211 de la Constitución de la República, los artículos 210 y 211 de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral y la Resolución núm. 38-2023 de la JCE, que regula la participación de funcionarios públicos en el periodo de la campaña electoral, de cara a las elecciones ordinarias generales del 19 de mayo de este año.

Gasto
Oposición La oposición ha denunciado el incremento del gasto público para supuestamente beneficiar al PRM.

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A solo 13 días de las elecciones, la JCE emitió un comunicado para prohibir la entrega de bonos y pensiones especiales

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Ayer, el Ministerio de Administración Pública informó que acogiendo el comunicado de la JCE suspendió las aprobaciones de solicitudes de no objeción, para el ingreso de nuevo personal, y la realización de aumentos y reajustes salariales que impliquen un incremento en las nóminas de las instituciones públicas.

En un comunicado el pasado lunes, la JCE citó siete prohibiciones que abarcan la ejecución de planes de apoyo social o comunitario extraordinarios a cargo de las instituciones de la administración pública central y las entidades públicas autónomas y descentralizadas, el otorgamiento de bonos económicos por parte de estas instituciones, la entrega de tarjetas y beneficios especiales en favor de personas bajo cualquier modalidad y el otorgamiento de pensiones por parte de dichas instituciones.

También el aumento de la nómina en la administración pública central y las entidades públicas autónomas y descentralizadas y la publicidad de las instituciones de la administración pública central y las entidades públicas autónomas, descentralizadas y las alcaldías, que contenga elementos que promuevan directa o indirectamente candidaturas que estén compitiendo en los niveles de elección que se disputarán en los comicios, así como cualquier tipo de propaganda política que esté colocada en edificios de instituciones públicas.

“Las presentes medidas tienen como propósito, garantizar la equidad en la contienda electoral y procurar que todos los candidatos y candidatas puedan contar con iguales condiciones de competición”, apunta el órgano electoral en un comunicado el pasado lunes.

La prohibición de la entrega de bonos en distintas modalidades, navideños, escolar y para las madres, la JCE la emitió cuando faltan 13 días para las votaciones pese a que esa modalidad como supuesto mecanismo de buscar apoyo electoral fue denunciada por el exvicepresidente Rafael Alburquerque en enero de este año, antes de las elecciones municipales.

Las denuncias de la FP sobre el uso de los bonos para beneficiar electoralmente al Gobierno han sido permanentes.

El candidato presidencial de ese partido, Leonel Fernández, lo denunció en su alocución luego de las elecciones del 18 de febrero y lo ha repetido constantemente en distintos escenarios.

La denuncia del uso de los bonos también consta en una comunicación que enviaron los tres candidatos de oposición de los partidos mayoritarios, Fernández, Miguel Vargas y Abel Martínez el 11 de marzo en el marco de la presión por la entrega de los fondos de campaña que el gobierno había negado.

El tema de la entrega de pensiones como supuesto mecanismo de beneficio electoral para el gobernante PRM, que la JCE también prohibió faltando solo 13 días para las elecciones, ha sido denunciado desde el pasado año por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su candidato presidencial Abel Martínez.

A mediados de marzo, la JCE emitió un comunicado en el que prohibió la publicidad gubernamental con la figura del presidente de la República, así como la instalación de carpas en los alrededores de los recintos electorales.

Esas medidas fueron tomadas por el órgano electoral luego que la oposición presentó una amplia lista de exigencias para garantizar mayor equidad en la competencia presidencial y congresual de este mes.

Durante el transcurso de las elecciones municipales, la JCE hizo silencio sobre el debate que generó la aplicación del párrafo seis del artículo 210 sobre si las inauguraciones de obras también abarcan al gobierno central.

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Sobre ese tema, la JCE emitió un protocolo sobre cómo deben actuar los miembros de la Policía Militar Electoral que resguardan los recintos y colegios de votación el día de las elecciones.

Participación Ciudadana también ha criticado al Gobierno por la publicidad excesiva para favorecer al partido oficial. La entidad pidió al presidente Luis Abinader que no haga su encuentro semanal con los medios de comunicación denominado LA Semanal, petición que el gobernante rechazó por considerar que no viola la Ley Electoral.

 

 

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El ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, informó que instruyó a la Dirección de Desarrollo Organizacional y Remuneraciones de esa institución, a través del Viceministerio de Fortalecimiento Institucional, para aplicar las medidas dispuestas, en virtud de cumplir con lo establecido en artículo 211 de la Constitución de la República, los artículos 210 y 211 de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral y la Resolución núm. 38-2023 de la JCE, que regula la participación de funcionarios públicos en el periodo de la campaña electoral, de cara a las elecciones ordinarias generales del 19 de mayo de este año.

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