Mandan a juicio diputada del PRM

El juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Napoleón Estévez, decidirá este lunes si dicta apertura a juicio de fondo o rechaza la acusación del Ministerio Público en contra de la diputada Rosa Pilarte, acusada de integrar la red de lavado de activos producto del narcotráfico.

En la audiencia fijada para las 12:00 del mediodía, el magistrado también deberá fallar sobre el pedido de medida de coerción, una garantía económica consistente de RD$100 mil, presentación periódica e impedimento de salida, solicitado por el órgano persecutor.

Mientras que la defensa de la legislados vegana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), pidió declarar un “no ha lugar” a favor de su clienta, alegando que las pruebas presentadas por el MP no la vincula a los hechos que les imputan

Acusación contra Rosa Pilarte

Según la instancia del Ministerio Público, Rosa Pilarte se prestó para colocar en el mercado financiero más de 2,593 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico de la red que encabeza su pareja y “no puede justificar la integración a la economía dominicana de esa cantidad de dinero”.

Resalta que el máximo salario que ha tenido la imputada por su trabajo de odontóloga en el Servicio Nacional de Salud (SNS) es de $36,120. También percibe RD$30,000 a través de la compañía Servi Crédito Gloria Ivette, empresa fachada en la que figuran como accionistas López Florencio y el hijo de ambos, Miguel Arturo López Pilarte, también imputado por este caso.

En la calificación jurídica preliminar, el MP le atribuye a la diputada Rosa Amalia Pilarte López violación a la Ley 155-17, Sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana, en el artículo 3, numerales 1, 2 y 3, y los artículos 6 y 9, numerales 1 y 2. También los artículos 3, 7, 8, 18, 19 y 21 de la Ley 72-02, Sobre Lavado de Activos, modificada por la 155-17.

Le imputa infringir la Ley 11-92, Sobre Régimen Tributario, en los artículos 10 y 11, literal B; el 204, numeral 1, y 222, numerales 4 y 6, así como los artículos del 232 al 236 y el 237, numeral 1. Continúa con el 238, numerales 2, 3 y 4, y el 239, párrafo III, numeral 2.

Finalmente, la acusa de violar la Ley Monetaria y Financiera (183-02), en el artículo 3 y el 68, numerales 1 y 10; el 70, literal A, numeral 1, y el 86, literal A.