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El Cibao

¿Más minas y menos agua? Organizaciones populares alzan la voz contra proyectos extractivos en RD

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Santiago. Diversas organizaciones sociales y ambientales denunciaron la expansión de proyectos extractivos en distintas provincias de la República Dominicana y reclamaron al Gobierno mayor atención a las necesidades básicas de las comunidades, como el acceso al agua potable, la mejora de las carreteras y la ejecución de obras públicas.

La denuncia fue realizada durante una rueda de prensa encabezada por el Movimiento Unidos Somos Más, junto a la Coalición Ambiental del Noroeste y la Coalición de Organizaciones Populares del Cibao, con el respaldo de otros movimientos comunitarios y sociales.

Denuncian abandono de las comunidades

En el encuentro también participaron representantes del Colectivo de Organizaciones Populares de San Francisco de Macorís, el Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, el Movimiento Popular Los Peregrinos de Moca y el Frente de Lucha Unión y Progreso (FLUP).

Los dirigentes aseguraron que, mientras se aprueban nuevos proyectos extractivos, numerosas comunidades continúan esperando soluciones a problemas que llevan décadas sin respuesta.

Principales reclamos de las organizaciones

Entre las demandas presentadas por los movimientos sociales destacan:

  • Acceso permanente al agua potable.
  • Reparación de caminos vecinales y carreteras.
  • Construcción de calles, aceras y contenes.
  • Mejoras en el servicio eléctrico.
  • Terminación de obras públicas consideradas prioritarias para el desarrollo de las comunidades.

Cuestionan el modelo de desarrollo

Los representantes de las organizaciones afirmaron que el modelo de desarrollo impulsado por el Gobierno prioriza intereses económicos particulares por encima del bienestar de las comunidades.

A su juicio, esta política facilita el avance de proyectos extractivos que podrían afectar fuentes de agua, bosques, montañas, áreas agrícolas y otros recursos naturales de gran importancia para el país.

Expresan preocupación por proyectos mineros

La vocera Raquel Rivera manifestó inquietud por la expansión de proyectos mineros en provincias como Santiago Rodríguez, Dajabón y el municipio de Restauración, además de zonas ubicadas en las cordilleras Septentrional y Central.

Las organizaciones consideran que estas iniciativas deben ser evaluadas con mayor rigor para evitar impactos ambientales y sociales que afecten a las comunidades cercanas.

Exigen transparencia y participación ciudadana

Los movimientos sociales solicitaron que los procesos de aprobación de proyectos extractivos sean más transparentes y garanticen la participación de las comunidades involucradas.

Asimismo, reclamaron políticas que prioricen la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.

Realizan vigilia contra el nuevo Código Penal

En otro orden, integrantes del Movimiento Popular Los Peregrinos de Moca realizaron una vigilia para expresar su rechazo a varios aspectos del nuevo Código Penal.

Según explicaron, algunas disposiciones de la normativa podrían afectar la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, por lo que solicitaron una revisión del texto antes de su aplicación.


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La denuncia fue realizada durante una rueda de prensa encabezada por el Movimiento Unidos Somos Más, junto a la Coalición Ambiental del Noroeste y la Coalición de Organizaciones Populares del Cibao, con el respaldo de otros movimientos comunitarios y sociales.

Denuncian abandono de las comunidades

En el encuentro también participaron representantes del Colectivo de Organizaciones Populares de San Francisco de Macorís, el Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, el Movimiento Popular Los Peregrinos de Moca y el Frente de Lucha Unión y Progreso (FLUP).

Los dirigentes aseguraron que, mientras se aprueban nuevos proyectos extractivos, numerosas comunidades continúan esperando soluciones a problemas que llevan décadas sin respuesta.

Principales reclamos de las organizaciones

Entre las demandas presentadas por los movimientos sociales destacan:

  • Acceso permanente al agua potable.
  • Reparación de caminos vecinales y carreteras.
  • Construcción de calles, aceras y contenes.
  • Mejoras en el servicio eléctrico.
  • Terminación de obras públicas consideradas prioritarias para el desarrollo de las comunidades.

Cuestionan el modelo de desarrollo

Los representantes de las organizaciones afirmaron que el modelo de desarrollo impulsado por el Gobierno prioriza intereses económicos particulares por encima del bienestar de las comunidades.

A su juicio, esta política facilita el avance de proyectos extractivos que podrían afectar fuentes de agua, bosques, montañas, áreas agrícolas y otros recursos naturales de gran importancia para el país.

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Exigen transparencia y participación ciudadana

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Asimismo, reclamaron políticas que prioricen la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.

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Según explicaron, algunas disposiciones de la normativa podrían afectar la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, por lo que solicitaron una revisión del texto antes de su aplicación.

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