Ministerio Público apelará sentencia que descargó a cuatro del caso Odebrecht

• El titular de la Pepca, Wilson Camacho, dice que el veredicto muestra contradicciones

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, expresó que no se quedará de brazos cruzados ante la sentencia que descargó a cuatro y condenó a dos de los imputados en el caso de corrupción Odebrecht en República Dominicana, donde se distribuyeron US$92 millones en sobornos para agenciarse la adjudicación de obras pagadas con fondos del Estado.

El magistrado Camacho adelantó que apelará la sentencia tan pronto salga la resolución íntegra, por entender que la sentencia tuvo contradicciones.

“En los casos en que ha habido descargos, nosotros, al menos en las motivaciones que han dado las juezas en el día de hoy, hemos advertido algunas contradicciones y podemos anunciar, desde este momento, que apelaremos esta decisión con relación a las personas que han sido descargadas”, dijo Camacho.

Los cuatro descargados por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo son: los exsenadores Tommy Galán y Andrés Bautista, el abogado Conrado Pittaluga y Juan Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

El representante del Ministerio Público resaltó que obtuvo dos condenas, aunque no fue en la medida en que lo solicitó la Pepca. Solo Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa fueron sentenciados (aunque no irán a prisión) por la no variación de la medida de coerción, que le mantendrá durante este tiempo de sen- tencia con libertad condicional e impedimento de salida del país.

En ese contexto, recordó las palabras de Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, en el sentido de que “los corruptos no deben tener a nadie que los ayude, ni ningún lugar donde esconderse”.

“Nosotros opinamos exactamente igual”, dijo, “y en consecuencia, una vez se nos notifique completa la decisión, estaremos recurriendo la misma con relación a las personas que han sido descargadas, porque nosotros estamos convencidos de que debía haber condenas, como ha habido en este momento, pero entendemos que debieron ser más las condenas que se han presentado”, declaró Camacho.Cita en noviembre

Respecto a algunas apreciaciones del Ministerio Público con relación a las motivaciones, el procurador adjunto prefirió esperar la notificación de la decisión completa fijada para el jueves 25 noviembre a las 3:00 de la tarde.

Sobre la apelación de la sentencia con respecto a todas sus partes, Camacho dijo que será decisión que los fiscales tomarán cuando el equipo analice todos los argumentos de las juezas.

Asimismo, Camacho señaló que algunas de las cuestiones que hay que tomar en cuenta es que Mauricio Dantas Bezerra, que fue uno de los testimonios que el tribunal tomó en cuenta para producir condenas, hizo referencia a otros imputados, por lo que entiende que la valoración de esa prueba debe darse en la misma dirección que los imputados que fueron condenados.

El procurador adjunto también ponderó los esfuerzos de los equipos de fiscales litigantes. “Lo primero que hay que resaltar en este proceso es que este equipo que me acompaña dejó el cuerpo y el alma en este juicio”, resaltó.

Dijo que es necesario resaltar que se ha superado una carrera de obstáculos en este proceso, pero que se ha conseguido condenas. “Nosotros siempre dijimos que habían evidencias para producir sen- tencias condenatorias en este proceso y ha habido sentencias condenatorias”, agregó.Decomiso de bienes

Resaltó que el caso por los sobornos de Odebrecht deja al país con un primer caso de esa naturaleza en el que el tribunal ordena el decomiso de varios bienes que permitirán recuperar parte del dinero defraudado a los contribuyentes al desfalco al erario.

Las juezas ordenaron el decomiso de las sociedades Lashan Corp y Contratista Conansa SRL, así como todos los bienes, muebles e inmuebles y los productos financieros que registran entidades de intermediación financieras y de valores nacionales y extranjeras.

Igualmente, ordenaron el decomiso, en favor del Estado dominicano, de bienes del imputado Díaz Rúa, incluyendo un inmueble ubicado en el complejo Casa de Campo, La Romana, el yate Barbie.

Entre las imputaciones, los procesados fueron acusados de violar la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, y la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.