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Namphi Rodríguez propondrá excluir redes sociales del proyecto Ley Mordaza

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EL CORREO.-Santo Domingo.- El jurista Namphi Rodríguez informó que tras escuchar las objeciones que ha generado el proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación propondrá retirar del mismo el capítulo referente a las plataformas digitales y así superar las críticas y aprensiones que se han propagado en las redes sociales.

Adelantó que es su intención someter a la Comisión para la Libertad de Expresión (CCLEX) la propuesta de eliminar el capítulo IV sobre las plataformas de contenidos en Internet y limitar las competencias del Instituto Nacional de Comunicación Audiovisual (Inacom) solo a la tutela de los derechos de la niñez, la infancia y la regulación de los espectáculos públicos.

Al comparecer al programa Telematutino 11, Rodríguez, director ejecutivo de la comisión designada por decreto 333-22 del presidente Luis Abinader, dijo que llevará la propuesta a los redactores del proyecto de ley para que sea sometida formalmente ante la comisión senatorial que estudia la pieza.

Expresó que el proyecto lo que busca es evitar la censura que ejercen grandes plataformas digitales como Facebook, Instagram y X (Twitter) a los medios de comunicación y los usuarios productores de contenidos; pero admitió que se ha producido una confusión en las redes sociales que entienden que el mismo puede dar lugar a controles estales.

“Como defensores de la libertad de expresión que hemos sido en las últimas dos décadas, estamos profundamente convencidos de que las redes sociales son esenciales para el clima democrático, como lo defendí en la sentencia TC/0092/19, que procuraba imponer penas hasta de un año de prisión a quienes difundieran noticias negativas sobre personalidades políticas”.

Reveló que al contactar a actores del ecosistema de opinión pública en las redes sociales ha podido comprobar que esos son los dos aspectos que generan controversias en el proyecto, por lo que espera que se pueda continuar adelante con la reforma y construir consensos para la modernización de la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, de 1962.

“Al hacer esta propuesta albergo la esperanza de que podamos superar las dificultades que se han generado y demos paso a una legislación garantista de la libertad de expresión, que impida la censura y que preserve el sistema de responsabilidad por sentencia de jueces independientes que estamos consignando”, añadió.

Resaltó que al retirar las plataformas digitales del proyecto de ley quedará para el futuro convocar un debate específicamente con las redes sociales y grandes plataformas de telecomunicaciones para construir un consenso sobre una regulación que cumpla con los estándares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA, que son las organizaciones internacionales que lideran el tema.

“Tratamos de hacer un modelo de regulación convergente que abarcara todas las manifestaciones de la libertad de expresión, prensa tradicional, radio, televisión y redes sociales, pero se tendrá que ponderar si en el futuro lo conveniente es una regulación separada y especializada para las plataformas digitales”, comentó al insistir sobre la necesidad del consenso con todos los sectores.

El jurista y académico valoró como saludable para la democracia el debate que se ha abierto sobre el proyecto de ley, al tiempo que saludó el apoyo que le han ofrecido instituciones de la sociedad dominicana, como el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la Fundación Institucionalidad y Justicia y la Sociedad Dominicana de Diarios.


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Al comparecer al programa Telematutino 11, Rodríguez, director ejecutivo de la comisión designada por decreto 333-22 del presidente Luis Abinader, dijo que llevará la propuesta a los redactores del proyecto de ley para que sea sometida formalmente ante la comisión senatorial que estudia la pieza.

Expresó que el proyecto lo que busca es evitar la censura que ejercen grandes plataformas digitales como Facebook, Instagram y X (Twitter) a los medios de comunicación y los usuarios productores de contenidos; pero admitió que se ha producido una confusión en las redes sociales que entienden que el mismo puede dar lugar a controles estales.

“Como defensores de la libertad de expresión que hemos sido en las últimas dos décadas, estamos profundamente convencidos de que las redes sociales son esenciales para el clima democrático, como lo defendí en la sentencia TC/0092/19, que procuraba imponer penas hasta de un año de prisión a quienes difundieran noticias negativas sobre personalidades políticas”.

Reveló que al contactar a actores del ecosistema de opinión pública en las redes sociales ha podido comprobar que esos son los dos aspectos que generan controversias en el proyecto, por lo que espera que se pueda continuar adelante con la reforma y construir consensos para la modernización de la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, de 1962.

“Al hacer esta propuesta albergo la esperanza de que podamos superar las dificultades que se han generado y demos paso a una legislación garantista de la libertad de expresión, que impida la censura y que preserve el sistema de responsabilidad por sentencia de jueces independientes que estamos consignando”, añadió.

Resaltó que al retirar las plataformas digitales del proyecto de ley quedará para el futuro convocar un debate específicamente con las redes sociales y grandes plataformas de telecomunicaciones para construir un consenso sobre una regulación que cumpla con los estándares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA, que son las organizaciones internacionales que lideran el tema.

“Tratamos de hacer un modelo de regulación convergente que abarcara todas las manifestaciones de la libertad de expresión, prensa tradicional, radio, televisión y redes sociales, pero se tendrá que ponderar si en el futuro lo conveniente es una regulación separada y especializada para las plataformas digitales”, comentó al insistir sobre la necesidad del consenso con todos los sectores.

El jurista y académico valoró como saludable para la democracia el debate que se ha abierto sobre el proyecto de ley, al tiempo que saludó el apoyo que le han ofrecido instituciones de la sociedad dominicana, como el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la Fundación Institucionalidad y Justicia y la Sociedad Dominicana de Diarios.

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