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El Cibao

¡Ni el cáncer se salvó! Red habría desviado más de RD$148 millones del Patronato Cibaeño y el IORC

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Santiago, República Dominicana. El Ministerio Público reveló una presunta red de corrupción que habría desviado más de RD$148,660,116 del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) entre 2018 y 2025, afectando recursos destinados a la atención de pacientes oncológicos.

De acuerdo con las investigaciones, la estructura estaría liderada por Héctor Antonio Lora Cruceta, quien junto a su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez y su actual pareja Luisa Yasiris Guzmán, habría operado una especie de “empresa familiar” enfocada en obtener beneficios económicos personales mediante el control de los fondos de la institución.

Operación Onco14 destapa presunta red de corrupción

Lora Cruceta figura entre los principales implicados en la Operación Onco14, una investigación desarrollada por el Ministerio Público que ha sacado a la luz un supuesto esquema de corrupción que habría perjudicado tanto al Estado dominicano como a pacientes con cáncer y afiliados del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Según el expediente acusatorio, desde que Lora Cruceta asumió la presidencia del IORC y Vargas Sánchez la vicepresidencia en octubre de 2018, se habrían implementado mecanismos para controlar de manera exclusiva los recursos financieros de la entidad.

Cómo operaba el presunto esquema

Las autoridades sostienen que los implicados realizaron varias acciones para facilitar el manejo irregular de los fondos, entre ellas:

  • Desmantelamiento de los controles internos.
  • Eliminación del sistema de pagos mediante cheques.
  • Centralización de las operaciones financieras a través de la banca en línea.
  • Exclusión del tesorero y de miembros de la Junta Directiva en la supervisión de los recursos.

Senasa habría sido el principal objetivo

El Ministerio Público afirma que Senasa fue uno de los principales afectados por este entramado. La acusación señala que gran parte de los ingresos del Patronato Cibaeño provenían de fondos públicos canalizados mediante esta aseguradora estatal, situación que habría sido aprovechada para ejecutar maniobras fraudulentas de forma sistemática.

Ministerio Público solicita prisión preventiva

El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que los imputados manejaron aproximadamente RD$3,700 millones provenientes de Senasa bajo la administración del IORC.

Asimismo, aseguró que el órgano persecutor cuenta con suficientes evidencias para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra los acusados dentro del proceso judicial correspondiente a la Operación Onco14.

Las autoridades continúan ampliando las investigaciones para determinar el alcance total del presunto fraude y las responsabilidades de cada uno de los involucrados.


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De acuerdo con las investigaciones, la estructura estaría liderada por Héctor Antonio Lora Cruceta, quien junto a su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez y su actual pareja Luisa Yasiris Guzmán, habría operado una especie de “empresa familiar” enfocada en obtener beneficios económicos personales mediante el control de los fondos de la institución.

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Según el expediente acusatorio, desde que Lora Cruceta asumió la presidencia del IORC y Vargas Sánchez la vicepresidencia en octubre de 2018, se habrían implementado mecanismos para controlar de manera exclusiva los recursos financieros de la entidad.

Cómo operaba el presunto esquema

Las autoridades sostienen que los implicados realizaron varias acciones para facilitar el manejo irregular de los fondos, entre ellas:

  • Desmantelamiento de los controles internos.
  • Eliminación del sistema de pagos mediante cheques.
  • Centralización de las operaciones financieras a través de la banca en línea.
  • Exclusión del tesorero y de miembros de la Junta Directiva en la supervisión de los recursos.

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Asimismo, aseguró que el órgano persecutor cuenta con suficientes evidencias para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra los acusados dentro del proceso judicial correspondiente a la Operación Onco14.

Las autoridades continúan ampliando las investigaciones para determinar el alcance total del presunto fraude y las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

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