No prospera recusación de Donald Guerrero contra la jueza Patricia Padilla

Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción, continuará como jueza control del caso de supuesta corrupción administrativa con respecto a 19 de los veinte imputados, debido a que fue apartada el año pasado de la acusación contra el exministro José Ramón Peralta.

Al ser excluida como jueza control en las investigaciones contra Peralta, se designó a la magistrada Ana Lee Florimón, recusada luego por el Ministerio Público y también apartada del proceso, por lo que esta fue sustituida por Franchesca Potentini.

En ese sentido, Potentini conoce la solicitud de ampliación del plazo para concluir la investigación a los veinte acusados de Calamar y todo lo relacionado al exministro Administrativo de la Presidencia.

La audiencia sobre la ampliación del plazo para someter la acusación que hiciera el Ministerio Público está pautada para el próximo lunes 8 de este mes.

El equipo de abogados de Donald Guerrero acusó a la jueza Padilla de "actitudes deliberadamente parciales", que estarían "obstruyendo el derecho a la defensa" del exfuncionario.

Dijo que dictó decisiones ilegales sin escuchar a las partes ni celebrar audiencias, a pesar de que la ley así lo exige; retrasar durante meses la tramitación de recursos y solicitudes que por lo regular tardan días; además de supuestamente estar parcializada a favor del Ministerio Público.

La Primera Sala de la Corte Penal rechazó las imputaciones del equipo de abogados, integrado por Eduardo Núñez, Manuel Rodríguez, Mario Aguilera, María del Pilar Zuleta, Laura Rodríguez y Reynaldo Ramos.

El caso de supuesta corrupción administrativa tiene ya un año sin que el órgano persecutor haya concluido la investigación al grupo de exfuncionarios y abogados señalados de estafar al Estado con más de 19,000 millones.

Los señalados en el expediente

Además de los exministros José Ramón Peralta y Donald Guerrero se involucra en la supuesta estafa al Estado al excandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, a través de pagos irregulares por terrenos declarados de utilidad pública y por alegadamente sobornar a empresarios de la construcción para que financiaran la campaña del 2020.

El alegado fraude contra el Estado también involucra al exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo; a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda, y el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa.

Asimismo, se cita en el expediente al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías.

La mayoría cumple arresto domiciliario, a excepción de Donald Guerrero y José Ramón Peralta, el excontralor Daniel Omar Caamaño y el empresario Rafael Parmenio Rodríguez, quienes solo tienen impedimento de salida del país y garantías económicas de menos de cinco millones de pesos a través de una aseguradora.