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¿Refugio o misterio? Investigan fundación en Haina tras rescate de 13 niños por presunto maltrato

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Haina, San Cristóbal, República Dominicana. – La Fundación Restaurando Vida un Muerto que Revive, ubicada en el sector Feliciano, específicamente en La Pared de Haina, se encuentra bajo investigación de las autoridades luego de que un adolescente de 13 años escapara del lugar y denunciara presuntos maltratos, situación que posteriormente llevó al rescate de otros 13 menores.

El caso ha generado preocupación entre residentes de la comunidad y ha puesto bajo la lupa las condiciones en las que permanecían los menores dentro de la organización, que lleva más de 14 años operando en la zona.

A la entrada de la fundación se observa una iglesia pintada de verde. Desde allí parte un camino sin asfaltar que conduce hasta varias estructuras utilizadas como viviendas y que, según colaboradores, funcionan como refugio para personas en situación de vulnerabilidad.

Los dormitorios destinados a los menores se encuentran en la parte posterior del inmueble. En el lugar se observaron varias habitaciones con camas y camarotes, además de baños, ropa, zapatos y otros artículos personales. También se han señalado condiciones de hacinamiento y precariedad que forman parte de las preocupaciones en torno al funcionamiento del espacio.

En una de las paredes próximas a las habitaciones están colocadas las normas internas que deben cumplir las personas que permanecen en la fundación. Entre ellas figuran restricciones sobre la convivencia entre hombres y mujeres, prohibición del uso de teléfonos celulares, acceso limitado a determinadas áreas y reglas específicas de comportamiento para los niños, así como disposiciones relacionadas con la permanencia en espacios destinados a la oración.

De acuerdo con las normas exhibidas en el lugar, quienes incumplan las reglas podrían ser obligados a abandonar la fundación.

En el exterior también funciona una cocina improvisada que, según Alexandra Beltré, colaboradora de la organización, se encuentra actualmente en proceso de construcción. Beltré aseguró que los niños y otras personas acogidas disponen de espacios para dormir y explicó que la fundación recibe apoyo económico mediante donaciones de otras iglesias, a las que identifican como parte de “la obra de Dios”.

Los colaboradores sostienen que la organización brinda alimentación, alojamiento y formación bíblica a personas en condiciones de vulnerabilidad. También aseguran que los menores reciben educación formal en centros públicos.

“Eso es una injusticia. Aquí no se maltratan niños, como están diciendo. Ese señor, el pastor Capellán, le da abrigo a cualquier persona que ande vagando por las calles, incluyendo niños”, declaró Luis Rafael García Mendoza, quien colabora en labores agrícolas dentro de la organización.

La versión de los colaboradores contrasta con la denuncia que dio origen a la investigación. Según informó la Policía Nacional, un adolescente de 13 años salió de la fundación durante la noche del pasado viernes y se presentó en el destacamento policial de Hatillo.

De acuerdo con el relato preliminar recogido por las autoridades, el menor denunció presuntos maltratos y señaló que otros niños también estarían siendo afectados. El adolescente habría manifestado, además, que no asistía a la escuela y que realizaba trabajos de construcción en una de las viviendas cercanas.

A raíz de la denuncia, las autoridades realizaron dos allanamientos en el marco de la investigación y rescataron a otros 13 menores que se encontraban en el lugar.

El caso está siendo investigado por el Ministerio Público, en coordinación con organismos especializados en la prevención y persecución de la trata y el tráfico de personas, así como la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal.

Colaboradores de la fundación indicaron que el pastor Ángel Gabriel Capellán y otro miembro identificado como Isaías Ramón Muñoz Rodríguez se encuentran detenidos en el Palacio de Justicia de San Cristóbal en relación con las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente responsabilidades definitivas contra los investigados. Por tratarse de un proceso en curso, corresponde a las autoridades determinar los hechos y las eventuales responsabilidades conforme avance la investigación.

Mientras tanto, residentes de la comunidad también han expresado inquietudes sobre el funcionamiento de la fundación. Florencio, presidente de la junta de vecinos, afirmó que los comunitarios no conocen con precisión qué actividades se desarrollan dentro del lugar, de dónde proceden algunos de los menores que permanecen allí ni si la organización cuenta con las autorizaciones correspondientes.

El caso ha abierto interrogantes sobre las condiciones en que operan algunas organizaciones que reciben o alojan a menores de edad y personas vulnerables, mientras las autoridades continúan recopilando evidencias para determinar qué ocurrió dentro de la fundación y si se cometieron delitos.


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En una de las paredes próximas a las habitaciones están colocadas las normas internas que deben cumplir las personas que permanecen en la fundación. Entre ellas figuran restricciones sobre la convivencia entre hombres y mujeres, prohibición del uso de teléfonos celulares, acceso limitado a determinadas áreas y reglas específicas de comportamiento para los niños, así como disposiciones relacionadas con la permanencia en espacios destinados a la oración.

De acuerdo con las normas exhibidas en el lugar, quienes incumplan las reglas podrían ser obligados a abandonar la fundación.

En el exterior también funciona una cocina improvisada que, según Alexandra Beltré, colaboradora de la organización, se encuentra actualmente en proceso de construcción. Beltré aseguró que los niños y otras personas acogidas disponen de espacios para dormir y explicó que la fundación recibe apoyo económico mediante donaciones de otras iglesias, a las que identifican como parte de “la obra de Dios”.

Los colaboradores sostienen que la organización brinda alimentación, alojamiento y formación bíblica a personas en condiciones de vulnerabilidad. También aseguran que los menores reciben educación formal en centros públicos.

“Eso es una injusticia. Aquí no se maltratan niños, como están diciendo. Ese señor, el pastor Capellán, le da abrigo a cualquier persona que ande vagando por las calles, incluyendo niños”, declaró Luis Rafael García Mendoza, quien colabora en labores agrícolas dentro de la organización.

La versión de los colaboradores contrasta con la denuncia que dio origen a la investigación. Según informó la Policía Nacional, un adolescente de 13 años salió de la fundación durante la noche del pasado viernes y se presentó en el destacamento policial de Hatillo.

De acuerdo con el relato preliminar recogido por las autoridades, el menor denunció presuntos maltratos y señaló que otros niños también estarían siendo afectados. El adolescente habría manifestado, además, que no asistía a la escuela y que realizaba trabajos de construcción en una de las viviendas cercanas.

A raíz de la denuncia, las autoridades realizaron dos allanamientos en el marco de la investigación y rescataron a otros 13 menores que se encontraban en el lugar.

El caso está siendo investigado por el Ministerio Público, en coordinación con organismos especializados en la prevención y persecución de la trata y el tráfico de personas, así como la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal.

Colaboradores de la fundación indicaron que el pastor Ángel Gabriel Capellán y otro miembro identificado como Isaías Ramón Muñoz Rodríguez se encuentran detenidos en el Palacio de Justicia de San Cristóbal en relación con las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente responsabilidades definitivas contra los investigados. Por tratarse de un proceso en curso, corresponde a las autoridades determinar los hechos y las eventuales responsabilidades conforme avance la investigación.

Mientras tanto, residentes de la comunidad también han expresado inquietudes sobre el funcionamiento de la fundación. Florencio, presidente de la junta de vecinos, afirmó que los comunitarios no conocen con precisión qué actividades se desarrollan dentro del lugar, de dónde proceden algunos de los menores que permanecen allí ni si la organización cuenta con las autorizaciones correspondientes.

El caso ha abierto interrogantes sobre las condiciones en que operan algunas organizaciones que reciben o alojan a menores de edad y personas vulnerables, mientras las autoridades continúan recopilando evidencias para determinar qué ocurrió dentro de la fundación y si se cometieron delitos.

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