¿Se están cayendo los grandes casos de corrupción? Ya son 19 los favorecidos por decisiones judiciales

Santo Domingo.– Las principales investigaciones por presunta corrupción administrativa que han marcado la agenda judicial dominicana en los últimos años enfrentan un escenario cada vez más complejo para el Ministerio Público.

Hasta la fecha, al menos 19 imputados han resultado favorecidos con autos de no ha lugar, descargos o exclusiones de procesos penales en varios de los casos de mayor impacto contra exfuncionarios y personas vinculadas al gobierno del expresidente Danilo Medina.

Un patrón que se repite en los tribunales

Desde 2021, distintas decisiones judiciales han coincidido en un mismo argumento: la insuficiencia de pruebas para sostener las acusaciones o justificar la apertura de juicios de fondo contra algunos de los imputados.

Los expedientes relacionados con Alexis Medina Sánchez, Jean Alain Rodríguez y Donald Guerrero Ortiz concentran la mayoría de las decisiones que han beneficiado a acusados dentro de estos procesos.

La más reciente decisión sacude el caso de Donald Guerrero

La semana pasada, la jueza Altagracia Ramírez emitió autos de no ha lugar a favor del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; el excandidato presidencial y exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; así como Daniel Guerrero Mena, Marcial Reyes y Rosa Arias.

La magistrada concluyó que las pruebas presentadas durante la fase preliminar no permitían sustentar las imputaciones ni justificaban que los acusados fueran enviados a juicio.

¿Qué ocurrió con Gonzalo Castillo?

En su decisión, la jueza determinó que el Ministerio Público no logró demostrar la relación entre los presuntos recursos ilícitos atribuidos a la alegada estructura investigada y los fondos utilizados durante la campaña presidencial de Gonzalo Castillo en 2020.

Asimismo, consideró que no existían evidencias suficientes para vincular los aportes o depósitos recibidos durante la campaña con dinero supuestamente obtenido de manera ilegal.

José Ramón Peralta también fue favorecido

Respecto al exministro administrativo de la Presidencia, el tribunal concluyó que no se presentaron elementos probatorios suficientes que permitieran relacionarlo con las sumas de dinero que, según la acusación, habrían sido movilizadas por la estructura investigada.

Trece descargos en el caso Alexis Medina

Uno de los golpes más significativos para la acusación se produjo en el proceso seguido contra Alexis Medina Sánchez.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó a 13 de los acusados, incluyendo al expresidente del Fonper, Fernando Rosa, y a Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina.

Las juezas reconocieron la existencia de irregularidades administrativas y contrataciones cuestionadas, pero concluyeron que las pruebas presentadas no permitían demostrar responsabilidad penal ni sustentar las acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra varios de los imputados.

Caso Jean Alain también registra exclusiones

En junio de 2024, el juez Amauri Martínez dictó auto de no ha lugar a favor de Sara María Fernández, una de las imputadas en el expediente que encabeza el exprocurador general Jean Alain Rodríguez.

Posteriormente, la decisión fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia, quedando Fernández excluida de manera definitiva del proceso.

El único gran expediente que sigue intacto

Hasta el momento, el único de los principales casos de corrupción administrativa donde no se han producido decisiones similares es el proceso seguido contra el exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adán Cáceres Silvestre.

Ese expediente continúa su curso judicial y aún no cuenta con una sentencia definitiva.

La falta de pruebas marca las decisiones

Aunque los casos corresponden a investigaciones distintas y se encuentran en etapas procesales diferentes, las resoluciones emitidas por los tribunales mantienen un elemento en común: los jueces han considerado que las evidencias presentadas por el Ministerio Público no alcanzan el estándar legal requerido para sostener las acusaciones.

Mientras algunos imputados fueron excluidos antes de llegar a juicio, otros resultaron descargados tras el conocimiento de los procesos, reforzando un debate que continúa generando atención en la opinión pública sobre el futuro de los principales expedientes de corrupción del país.