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El Cibao

VIDEO: Diversos sectores del comercio y del PRM cuestionan agresión del regidor Edwin Núñez contra abogado de la Alcaldía de Santiago

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EL CORREO,-SANTIAGO-La reciente agresión del regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santiago, Edwin Núñez, contra el abogado de la Alcaldía, Julián  Gil, ha provocado una oleada de indignación en diversos sectores del comercio local y dentro del mismo partido oficialista, quienes han calificado el hecho como un abuso de poder y un obstáculo al imperio de la ley.

Según testigos y versiones oficiales, el incidente se produjo cuando el abogado Julian Gil, en el ejercicio de sus funciones legales para la Alcaldía de Santiago, intentó ejecutar una medida de sanción contra un ciudadano señalado por violar la Ley de Medio Ambiente. El individuo, presuntamente amigo cercano del regidor Núñez, había incurrido en actividades comerciales irregulares que afectaban el entorno ecológico urbano, lo que motivó una actuación de las autoridades municipales en coordinación con Medio Ambiente.

Sin embargo, cuando Gil se aprestaba a hacer cumplir la disposición legal, fue interceptado de forma agresiva por Núñez, quien lo increpó públicamente, lo despojó de documentos oficiales y, según algunos presentes, llegó incluso a agredirlo físicamente en un altercado que tuvo que ser controlado por otros funcionarios.

Reacción de sectores comerciales

Representantes de asociaciones de comerciantes del centro histórico de Santiago, entre ellas la Unión de Comerciantes del Casco Urbano (UCCU), expresaron su rechazo a la actitud del regidor Núñez. “No podemos permitir que figuras públicas utilicen su investidura para proteger intereses particulares por encima del bien común y el respeto al medio ambiente. Esta acción sienta un mal precedente”, declaró Francisco Abreu, presidente de la entidad.

Los comerciantes advirtieron que el cumplimiento de las normas ambientales es fundamental para la sostenibilidad y el orden de la ciudad, y que cualquier interferencia política representa una amenaza al progreso institucional del municipio.

Reacciones internas en el PRM

Dentro del Partido Revolucionario Moderno, dirigentes locales y provinciales han manifestado preocupación por la conducta del regidor. Algunos han solicitado a la dirección nacional del partido que se investigue el incidente y se establezcan responsabilidades. “Somos un partido que llegó al poder prometiendo institucionalidad y respeto a la ley. Este tipo de conducta es inaceptable”, afirmó una fuente del PRM que pidió reserva de su nombre por no estar autorizada para hablar oficialmente.

La Juventud Revolucionaria Moderna (JRM) también emitió un comunicado condenando la agresión y exhortando a sus líderes a actuar con altura, transparencia y respeto a la institucionalidad.

Posición de la Alcaldía

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, aún no ha ofrecido declaraciones formales sobre el hecho, aunque fuentes cercanas a la Alcaldía aseguran que se ha convocado una reunión de emergencia para evaluar el incidente y tomar una postura institucional.

Por su parte, Luis Gil se encuentra recibiendo asistencia médica y legal, y ha reiterado su compromiso con el cumplimiento de la ley, asegurando que “ninguna intimidación ni agresión física o verbal impedirá que se haga valer la normativa en Santiago”.

Exigencia de sanciones

Organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas y ciudadanos han pedido a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Medio Ambiente intervenir en el caso para que se impongan las sanciones correspondientes al ciudadano infractor y al funcionario que intentó obstruir el cumplimiento de la ley.

El caso ha encendido nuevamente el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional en los gobiernos locales, y ha puesto en el centro del debate la integridad y el rol de los regidores como fiscalizadores, no como protectores de intereses privados.

Este es un hecho en desarrollo. Se espera que en las próximas horas se emitan declaraciones oficiales tanto del PRM como de la Alcaldía de Santiago.


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Según testigos y versiones oficiales, el incidente se produjo cuando el abogado Julian Gil, en el ejercicio de sus funciones legales para la Alcaldía de Santiago, intentó ejecutar una medida de sanción contra un ciudadano señalado por violar la Ley de Medio Ambiente. El individuo, presuntamente amigo cercano del regidor Núñez, había incurrido en actividades comerciales irregulares que afectaban el entorno ecológico urbano, lo que motivó una actuación de las autoridades municipales en coordinación con Medio Ambiente.

Sin embargo, cuando Gil se aprestaba a hacer cumplir la disposición legal, fue interceptado de forma agresiva por Núñez, quien lo increpó públicamente, lo despojó de documentos oficiales y, según algunos presentes, llegó incluso a agredirlo físicamente en un altercado que tuvo que ser controlado por otros funcionarios.

Reacción de sectores comerciales

Representantes de asociaciones de comerciantes del centro histórico de Santiago, entre ellas la Unión de Comerciantes del Casco Urbano (UCCU), expresaron su rechazo a la actitud del regidor Núñez. “No podemos permitir que figuras públicas utilicen su investidura para proteger intereses particulares por encima del bien común y el respeto al medio ambiente. Esta acción sienta un mal precedente”, declaró Francisco Abreu, presidente de la entidad.

Los comerciantes advirtieron que el cumplimiento de las normas ambientales es fundamental para la sostenibilidad y el orden de la ciudad, y que cualquier interferencia política representa una amenaza al progreso institucional del municipio.

Reacciones internas en el PRM

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La Juventud Revolucionaria Moderna (JRM) también emitió un comunicado condenando la agresión y exhortando a sus líderes a actuar con altura, transparencia y respeto a la institucionalidad.

Posición de la Alcaldía

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, aún no ha ofrecido declaraciones formales sobre el hecho, aunque fuentes cercanas a la Alcaldía aseguran que se ha convocado una reunión de emergencia para evaluar el incidente y tomar una postura institucional.

Por su parte, Luis Gil se encuentra recibiendo asistencia médica y legal, y ha reiterado su compromiso con el cumplimiento de la ley, asegurando que “ninguna intimidación ni agresión física o verbal impedirá que se haga valer la normativa en Santiago”.

Exigencia de sanciones

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El caso ha encendido nuevamente el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional en los gobiernos locales, y ha puesto en el centro del debate la integridad y el rol de los regidores como fiscalizadores, no como protectores de intereses privados.

Este es un hecho en desarrollo. Se espera que en las próximas horas se emitan declaraciones oficiales tanto del PRM como de la Alcaldía de Santiago.

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