Minería en RD: mucho oro para el Estado, pero las comunidades también pasan factura

Santo Domingo, República Dominicana. – La minería en la República Dominicana se encuentra en el centro de un debate que combina cifras millonarias, generación de divisas y reclamos de comunidades que denuncian impactos ambientales, problemas de salud y conflictos por el uso del territorio.

Durante la última década, el sector minero se ha consolidado como una fuente importante de ingresos para el Estado y de divisas para la economía dominicana. Sin embargo, en distintas provincias también han surgido denuncias relacionadas con contaminación ambiental, afectaciones a fuentes de agua, enfermedades y desplazamientos vinculados a proyectos extractivos.

Los reclamos se han extendido desde Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel hasta San Cristóbal y Santiago, donde residentes y organizaciones comunitarias han exigido mayor supervisión de las operaciones mineras y el cumplimiento de las normas ambientales.

En Las Lavas, Villa González, por ejemplo, comunitarios han denunciado problemas ambientales y han relacionado al menos cinco muertes con las condiciones de la zona. No obstante, hasta el momento no existe una determinación oficial que confirme que esos fallecimientos fueron provocados por las operaciones mineras.

Mientras las comunidades presentan sus reclamos, las cifras oficiales muestran la dimensión económica de la actividad. Entre 2016 y 2019, las recaudaciones vinculadas a la minería superaron los RD$57,000 millones, provenientes de conceptos como el Impuesto sobre la Renta (ISR), la Participación en Utilidades Netas (PUN) y el Retorno Neto de Fundición (RNF), de acuerdo con datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

Asimismo, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas en República Dominicana (EITI-RD) reportó ingresos fiscales derivados de la minería por RD$47,804.7 millones durante 2021 y 2022. De ese monto, RD$33,215.5 millones correspondieron a 2021 y RD$14,589.2 millones a 2022.

En 2025, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó que el sector había aportado más de RD$99,000 millones a las finanzas públicas durante los cinco años anteriores.

Las exportaciones también reflejan el peso de la minería en la economía dominicana. En 2025, las exportaciones mineras superaron los US$2,590 millones, un récord que representó un crecimiento de aproximadamente 52 % respecto a 2024.

Pero detrás de estas cifras existe otra realidad: comunidades que continúan reclamando respuestas sobre los posibles efectos de las operaciones extractivas.

Uno de los casos más señalados se encuentra en Zambrana, provincia Sánchez Ramírez. En 2016, dirigentes comunitarios presentaron un listado de 84 personas que, según denunciaron, habían fallecido desde 2012 debido a la presencia de empresas mineras en la zona. Dos años después, en 2018, el Movimiento Popular Dominicano informó que más de 600 familias de seis comunidades cercanas a las operaciones de Barrick Gold estaban afectadas por contaminación y afirmó que más del 85 % de los residentes padecía enfermedades de la piel y más del 60 % presentaba infecciones respiratorias.

Estas afirmaciones forman parte de las denuncias comunitarias y no deben confundirse con diagnósticos oficiales que establezcan una relación causal directa entre las enfermedades o fallecimientos y la actividad minera.

En Las Lavas, las protestas se remontan a 2022, cuando residentes denunciaron que el polvo generado por actividades mineras afectaba su salud y dificultaba el suministro de agua. Los reclamos volvieron a tomar fuerza posteriormente, respaldados por un levantamiento de Salud Pública sobre las enfermedades reportadas entre los habitantes.

Entre las afecciones registradas se encontraban alergias respiratorias, con 56 %; resfriado común, con 46.7 %; asma bronquial, con 31.3 %; rinitis, con 30 %; y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), con 26.7 %.

Sin embargo, estos datos muestran la presencia de determinadas afecciones entre los habitantes, pero por sí solos no demuestran que la actividad minera sea la causa de dichas enfermedades.

Otro de los conflictos ambientales más relevantes se encuentra en las Cuevas del Pomier, en San Cristóbal, donde las actividades extractivas han generado preocupación por el impacto sobre este importante sistema de cavernas.

Un estudio preliminar presentado en 2024 por el Ministerio de Medio Ambiente identificó que nueve cavernas habían sido afectadas por actividad minera y otras siete por operaciones de cantera, para un total de 16 cavernas con algún tipo de afectación.

En este caso, las afectaciones ambientales sí han sido reconocidas oficialmente y el Gobierno ha adoptado medidas para detener actividades extractivas en el área protegida y avanzar en procesos de remediación y recuperación.

Así, la minería dominicana presenta dos caras que conviven en un mismo escenario. Una genera miles de millones de pesos en ingresos fiscales, exportaciones y divisas, mientras la otra está representada por comunidades que exigen respuestas sobre los posibles efectos ambientales, sanitarios y sociales de la explotación de los recursos naturales.

El gran desafío para las autoridades consiste en determinar con evidencia científica cuáles denuncias tienen una relación comprobada con las operaciones mineras, cuáles requieren nuevas investigaciones y cuáles permanecen como reclamos de las comunidades.

Porque si la minería deja millones en las cuentas del Estado, la pregunta que sigue siendo inevitable es: ¿cuánto cuesta realmente el impacto de extraerlos y quién termina pagando la factura?