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Exprocurador se defenderá hoy de imputaciones de presunta corrupción y lavado de activos

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Los abogados de Jean Alain Rodríguez y otros imputados buscan que no les dicten prisión preventiva

A partir de las 9:00 de la mañana de este sábado, los abogados del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y los demás implicados en la supuesta red criminal que operaba a lo interno de la Procuraduría General de la República expondrán ante la jueza Kenya Romero, que conoce la medida de coerción, en busca de que no les sea dictado 18 meses de prisión preventiva como pide el Ministerio Público.

El jueves, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó los fundamentos de la solicitud de imposición de medida contra Rodríguez y los demás implicados en la Operación Medusa: Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.

En el expediente donde se les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, también figura Rafael Stefano Canó Sacco, quien se encuentra prófugo.

De igual manera están imputados por infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, de fecha 27 de junio de 1927, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje. También incluye cargos de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre soborno.

El exprocurador Jean Alain Rodríguez junto a sus colaboradores y relacionados están imputados, además, de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en cuanto a lo relacionado con lavado de activos y circunstancias agravadas del lavado, así como de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, en lo concerniente a los hechos cometidos antes de 2017.

Wilson Camacho, director de la Pepca, dijo que “todas las defensas”, incluyendo la del exprocurador Rodríguez, “se opusieron a que la audiencia fuera televisada” y reiteró que los fiscales están preparados para mostrar las evidencias en las condiciones que determine la jueza Romero, tras escuchar a las partes.

Reacciones

El Consejo de Defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, afirma que los cargos que se imputan a su cliente no son contundentes y negó que haya tomado la iniciativa de pedir a la jueza Romaro no transmitir ni permitir el acceso de la prensa a la audiencia.

“Lo publicado en los medios de comunicación referente a la no transmisión pública de la audiencia coercitiva no corresponde con la realidad acontecida en la sala. Muy por el contrario, el señor Jean Alain Rodríguez, a quien representamos, ha sido el más interesado en que la ciudadanía conozca de primera mano todos detalles que acontecen dentro de la sala durante todo el proceso”, afirmó Gustavo Biaggi, abogado defensor en un comunicado de prensa.

“Nuestro interés y el de nuestro cliente, es que la ciudadanía conozca la verdad de los hechos y en eso ha sido enfático. Por tal motivo, estamos elevando un recurso de audiencia separada para evitar la unidad de criterios entre las partes, logrando así que su proceso sea conocido públicamente” puntualizó Biaggi.

Refirió que “la ley establece que todos los involucrados deben estar de acuerdo con dicha petición para la transmisión en vivo. Basta con que uno objete para que el tribunal prohiba la transmisión y decida que sea a puerta cerrada”.

En la tarde del viernes, Rodríguez reiteró a través de su defensa, su deseo de que la audiencia se transmita en vivo. Manifestó que de lo contrario, solicitará que se separe su caso.


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En el expediente donde se les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, también figura Rafael Stefano Canó Sacco, quien se encuentra prófugo.

De igual manera están imputados por infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, de fecha 27 de junio de 1927, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje. También incluye cargos de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre soborno.

El exprocurador Jean Alain Rodríguez junto a sus colaboradores y relacionados están imputados, además, de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en cuanto a lo relacionado con lavado de activos y circunstancias agravadas del lavado, así como de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, en lo concerniente a los hechos cometidos antes de 2017.

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Reacciones

El Consejo de Defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, afirma que los cargos que se imputan a su cliente no son contundentes y negó que haya tomado la iniciativa de pedir a la jueza Romaro no transmitir ni permitir el acceso de la prensa a la audiencia.

“Lo publicado en los medios de comunicación referente a la no transmisión pública de la audiencia coercitiva no corresponde con la realidad acontecida en la sala. Muy por el contrario, el señor Jean Alain Rodríguez, a quien representamos, ha sido el más interesado en que la ciudadanía conozca de primera mano todos detalles que acontecen dentro de la sala durante todo el proceso”, afirmó Gustavo Biaggi, abogado defensor en un comunicado de prensa.

“Nuestro interés y el de nuestro cliente, es que la ciudadanía conozca la verdad de los hechos y en eso ha sido enfático. Por tal motivo, estamos elevando un recurso de audiencia separada para evitar la unidad de criterios entre las partes, logrando así que su proceso sea conocido públicamente” puntualizó Biaggi.

Refirió que “la ley establece que todos los involucrados deben estar de acuerdo con dicha petición para la transmisión en vivo. Basta con que uno objete para que el tribunal prohiba la transmisión y decida que sea a puerta cerrada”.

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