EL PAIS
Liberación en lo legal de Las Parras no resuelve la parte económica para su terminación
Las Parras se libera del tema legal, pero sigue empantanada en lo económico, hay que buscar cuartos para terminarla y eso podría rondar varios cientos de miles de millones, donde falta mucho por hacer
La terminación -por el Ministerio Público, de acuerdo a la rendición de cuentas la pasada semana de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito- de los contratos con las empresas involucradas en la construcción de Las Parras o Nueva Victoria, añadiendo en la misma, que "concluyeron amigablemente" aun dejan empantanada esta mega construcción, donde el estado dominicano fue estafado con mas de 3,000,000,000 de pesos.
Esos contratos son piezas de la investigación que llevó a la acusación judicial del conocido caso Medusa por el supuesto pago de sobornos y adendas irregulares, que mantiene un ex-procurador y compartes, sentados en el banquillo de los acusados, por lo que la actual gestión de la Procuraduría mantiene detenida la terminación de una obra propuesta como solución al problema de hacinamiento que se vive en el penal La Victoria, el más congestionado del país.
La pasada gestión de la Procuraduría General de la República, cambió visceralmente el plan original, que consistía en construir ocho cárceles esparcidas por todo el Gran Santo Domingo, decidiendo hacer un solo recinto para los 8,000 reclusos de la Penitenciaria Nacional La Victoria, lo que abría una gran oportunidad de negocios.
El negocio consistió en construir ese centro penitenciario en unos cañaverales de la sección Las Parras, municipio de Guerra, a un costo de RD$7 mil millones de pesos, cuando su inversión real fue de unos 4 mil millones, según reveló este jueves Roberto Santana, asesor del Nuevo Modelo Penitenciario.
Según la procuradora, las empresas con las que se llegó a acuerdos, evitando ser judicializadas en el caso, son Constructora Pablo Yarul & Asociados, S.R.L., Consorcio Construcción y Transporte de Prefabricados EEC-Pretensados Estructurales Dominicanos, S.R.L., Constructora Woxxen, S.R.L. y el Consorcio Remix-Rotilla.
La procuradora también aseguró que se han superado todos los obstáculos legales y contractuales para permitir que el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived), conforme el mandato de la Ley 160-21, pueda llevar a cabo la culminación de esta obra, tan crucial e importante, según añadió Germán Brito en su alocución del pasado 26 de marzo.
Lo que no se supo, fue bajo cuáles términos se logró dar por terminados los contratos originales. Se ha comentado, que se hizo mediante una indemnización a favor del Estado de varios millones de pesos, pero sin precisar un monto, forzando esto a que se haya solicitado información a la Procuraduría, a lo que aún no se produce una respuesta.
