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¡Tremendo lío en La Barranquita! Ministerio Público pelea fallo que soltó a policías acusados de “ajusticiar” cinco hombres

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Santiago, R.D. – El Ministerio Público (MP) no se quedó de brazos cruzados y apeló la decisión de la jueza Yerixa Cabral, de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, quien cambió las medidas de coerción a varios agentes policiales implicados en la muerte de cinco hombres durante un operativo el pasado 10 de septiembre en el sector La Barranquita, un hecho que sacudió la opinión pública en todo el país.

La audiencia de apelación fue fijada para el martes 18 de noviembre, cuando el tribunal revisará la resolución que benefició a parte de los acusados.

De acuerdo con el fallo anterior, cuatro policías siguen guardando prisión preventiva en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo: el raso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo y el cabo Yohandy Encarnación.

Mientras tanto, otros siete agentes fueron favorecidos con medidas blandas, incluyendo una garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Entre ellos figuran los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los tenientes Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda.

Los agentes están acusados de causar la muerte a:

  • Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), 26 años.

  • Julio Alberto Gómez (La Tabla), 28 años.

  • Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly o Charli Chasc), 40 años.

  • Edward Bernardo Peña Rodríguez, 35 años.

  • José Vladimir Valerio Estévez, 25 años.

Las víctimas murieron en el parqueo de una plaza comercial en La Barranquita durante un supuesto operativo. Aunque la Policía Nacional aseguró que se trató de un “intercambio de disparos”, el Ministerio Público afirma tener pruebas de una ejecución extrajudicial, calificando la variación de medidas como una “injusticia sin fundamento”.

Desde entonces, los familiares y vecinos del sector han salido a las calles clamando justicia, asegurando que los jóvenes fueron ultimados sin razón.

El Ministerio Público prometió no dejar el caso en el aire y aseguró que luchará por sanciones ejemplares, mientras Santiago entero mantiene los ojos puestos en un proceso que ha levantado polvo en todo el país.


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La audiencia de apelación fue fijada para el martes 18 de noviembre, cuando el tribunal revisará la resolución que benefició a parte de los acusados.

De acuerdo con el fallo anterior, cuatro policías siguen guardando prisión preventiva en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo: el raso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo y el cabo Yohandy Encarnación.

Mientras tanto, otros siete agentes fueron favorecidos con medidas blandas, incluyendo una garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Entre ellos figuran los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los tenientes Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda.

Los agentes están acusados de causar la muerte a:

  • Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), 26 años.

  • Julio Alberto Gómez (La Tabla), 28 años.

  • Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly o Charli Chasc), 40 años.

  • Edward Bernardo Peña Rodríguez, 35 años.

  • José Vladimir Valerio Estévez, 25 años.

Las víctimas murieron en el parqueo de una plaza comercial en La Barranquita durante un supuesto operativo. Aunque la Policía Nacional aseguró que se trató de un “intercambio de disparos”, el Ministerio Público afirma tener pruebas de una ejecución extrajudicial, calificando la variación de medidas como una “injusticia sin fundamento”.

Desde entonces, los familiares y vecinos del sector han salido a las calles clamando justicia, asegurando que los jóvenes fueron ultimados sin razón.

El Ministerio Público prometió no dejar el caso en el aire y aseguró que luchará por sanciones ejemplares, mientras Santiago entero mantiene los ojos puestos en un proceso que ha levantado polvo en todo el país.

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