JET SET VS SENASA: Porqué Santiago sí y Antonio no

La indignación social no siempre coincide con la gravedad jurídica de los hechos. En la República Dominicana, el sistema penal reacciona con rapidez cuando el daño es visible, humano y trágico; pero se vuelve lento, técnico y cauteloso cuando el daño es institucional, administrativo o financiero.

Los casos del Jet Set, vinculado a Antonio Espaillat, y el de Senasa relacionado con Santiago Hazim, lo confirman con claridad incómoda.

En el caso Jet Set, el hecho es privado y el daño inmediato. Hubo víctimas identificables, lesiones graves y un impacto emocional que sacudió a la opinión pública nacional e internacional.

Jurídicamente, el escenario activa figuras claras del Código Penal Dominicano, como el homicidio involuntario y los golpes y heridas involuntarias (arts. 319 y siguientes), siempre que se pruebe negligencia, imprudencia o violación de normas de seguridad. A esto se suma la responsabilidad civil prevista en los artículos 1382 y 1383 del Código Civil, que obliga a reparar el daño causado por culpa o negligencia.

Ese contexto explica la reacción rápida del sistema: medidas de coerción severas, incluida la prisión preventiva, conforme a los artículos 226 y 227 del Código Procesal Penal, bajo criterios como la gravedad del hecho y la alarma social. Legalmente, la prisión preventiva no es una condena, sino una medida cautelar. Socialmente, sin embargo, se percibe como castigo inmediato, porque cuando hay dolor humano, la justicia corre aceleradamente.

El caso SENASA, en cambio, transcurre en otro plano. Aquí no hay una escena trágica ni víctimas visibles. Hay decisiones administrativas cuestionadas, manejo de fondos públicos y presuntas irregularidades en la gestión estatal.

Desde el punto de vista jurídico, esto cambia todo. No toda mala administración es delito. Para que exista responsabilidad penal, el Ministerio Público debe probar dolo, no simple ineficiencia.

Las posibles figuras penales —como la prevaricación (art. 166 CP), la coalición de funcionarios (art. 123 CP) o el desfalco (arts. 169 y siguientes CP), exigen prueba clara de intención consciente de violar la ley o de obtener beneficios indebidos. Por eso estos procesos suelen iniciar en el ámbito del Derecho Administrativo, bajo leyes como la 41-08 de Función Pública, la 340-17 de Compras y Contrataciones y la 10-04 de la Cámara de Cuentas, antes de siquiera pensar en una imputación penal.

La consecuencia es frustrante para la ciudadanía: un caso que parece enorme, que toca el sistema de salud y los recursos públicos, pero que no genera cárcel inmediata. No porque no sea grave, sino porque el daño institucional no sangra, aunque duela más a largo plazo.

La pregunta inevitable es: ¿por qué uno está preso y el otro no?

La respuesta jurídica es simple y, a la vez, preocupante. El Derecho Penal reacciona con mayor rapidez ante los delitos de resultado que ante los delitos de gestión. Castiga de inmediato el error que mata, pero analiza con cautela el abuso que debilita instituciones completas. No porque este último sea menos dañino, sino porque es más difícil de probar.

El problema no es solo técnico, es estructural. El mensaje implícito que recibe la sociedad es peligroso: cuando hay sangre, hay cárcel; cuando hay papeles, hay tiempo.

El caso Jet Set es, sin duda, más impactante socialmente. Sin embargo, aquí entra un elemento especial, para favorecer a uno y castigar a otro, me refiero al presidente de la republica Luis Abinader.

Para nadie es un secreto, que en el caso de Antonio Espaillat y el Jet Set, se ofertó la defensa técnico-legal para asistirle directamente desde palacio, el Dr. Jorge Luis Polanco, el de los ´´Trabajos Sucios´´, renuncio a su función pública y muy lucrativa que ostentaba en el gobierno, por ser un abogado de confianza del primer mandatario de la nación, lo que sin dudas se ha visto como un mensaje claro, quizás por ello se encuentran libre Antonio y su hermana.

El caso SENASA, es todo lo contrario, aquí vuelve y entra la mano presidencial, fue Abinader quien de manera personal y mostrando enojo, envió y autorizó al ministerio publico para que proceda con esa investigación, lo que se interpretó como una orden de sanción y castigo, y he ahí el resultado preso, Santiago Hazzim tras las rejas junto a otras personas presuntamente sus cómplices, perfectamente pudo dictársele otra medida, pero es un expediente que viene de numero 1 y hay que dar ejemplo, no solo al pueblo, sino también a sus funcionarios.

El caso Senasa es potencialmente más grave institucionalmente, pero aquí las victimas se presumen, en el caso Jet Set, se contabilizaron las victimas mortales de manera tangible, aparte de los daños colaterales y permanentes que ha producido, sin embargo están fuera de unas rejas pero sin dudas, ambos merecen justicia.

Pero una justicia que actúa solo cuando la tragedia es visible corre el riesgo de volverse reactiva, no preventiva.

La verdadera deuda del sistema dominicano no es explicar por qué uno duerme en una celda y el otro no. Es demostrar que, tarde o temprano, la ley también alcanza a quienes dañan al Estado sin dejar víctimas en el suelo.

Les dejo con esta pregunta a modo de reflexión?

Porqué piensa usted no entraron en el proceso, la familia Popular y Los Estrella?

Acaso los intereses económicos y politicos, ya lograron pesar más que la sangre y la dignidad?

Hasta la Próxima.

El autor es Abogado y Consultor