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"Continúa Audiencia de Coerción contra Santiago Hazim y Otros 9 Implicados en Fraude de RD$15 Mil Millones en SeNaSa"

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Santo Domingo. – Este jueves, a las 2:00 p.m., continuará el conocimiento de la solicitud de medidas de coerción contra Santiago Hazim Albainy y otros nueve imputados en el presunto esquema de fraude millonario que afectó al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La audiencia fue aplazada el pasado martes para permitir que los abogados de los acusados pudieran preparar su defensa. El juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, será el encargado de decidir si acoge la petición del Ministerio Público de imponer 18 meses de prisión preventiva y declarar el caso como complejo.

¿De qué trata el caso de fraude?

Los imputados están siendo acusados de integrar una red de sobornos y desfalco al Estado que habría generado un perjuicio de RD$15,000 millones al SeNaSa. Este caso ha causado gran expectación debido a la magnitud de las acusaciones y la implicación de exfuncionarios y empresarios vinculados a la administración de recursos públicos destinados a la salud.

Los acusados permanecen bajo arresto en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva mientras esperan la decisión del tribunal. El expediente del Ministerio Público, que supera las 500 páginas, detalla la estructura interna de la organización y las pruebas que habrían incriminado a los acusados.

Implicados en el esquema de fraude

Entre los imputados en este caso se encuentran:

  • Santiago Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de SeNaSa

  • Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del centro de telemedicina MyCare

  • Gustavo Enrique Messina Cruz

  • Germán Rafael Robles Quiñones

  • Francisco Iván Minaya Pérez

  • Eduardo Read Estrella

  • Cinty Acosta Sención

  • Ramón Alan Speakler Mateo

  • Ada Ledesma Ubiera

Todos ellos son acusados de ser parte de un entramado fraudulento que habría generado millonarias pérdidas al Estado a través de manipulación de fondos, sobornos y diversas formas de corrupción institucional.

Beneficios previos y la estructura operativa

Según la solicitud de medidas de coerción, Santiago Hazim habría comenzado a recibir beneficios antes de asumir oficialmente la dirección del SeNaSa. El Ministerio Público sostiene que varios empresarios, cuyos nombres no han sido revelados, le habrían otorgado vehículos de lujo y establecido compromisos económicos antes de su nombramiento mediante el decreto 377-20, del 21 de agosto de 2020.

Una vez al mando de la institución, Hazim habría organizado una red de colaboradores cercanos que operaba dentro de SeNaSa, manipulando los recursos destinados a la salud pública. Las acusaciones incluyen recepción de sobornos, falsificación de documentos financieros, privatización irregular de servicios y la creación de programas ficticios, entre otras prácticas fraudulentas.

Próximos pasos: la decisión del juez

La audiencia continuará este jueves, cuando el juez Rigoberto Sena escuchará los argumentos finales de la defensa y la parte acusadora. Posteriormente, se tomará una decisión sobre las medidas de coerción que, de ser aceptadas, implicarían prisión preventiva para los implicados mientras se resuelve el caso.


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Santo Domingo. – Este jueves, a las 2:00 p.m., continuará el conocimiento de la solicitud de medidas de coerción contra Santiago Hazim Albainy y otros nueve imputados en el presunto esquema de fraude millonario que afectó al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La audiencia fue aplazada el pasado martes para permitir que los abogados de los acusados pudieran preparar su defensa. El juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, será el encargado de decidir si acoge la petición del Ministerio Público de imponer 18 meses de prisión preventiva y declarar el caso como complejo.

¿De qué trata el caso de fraude?

Los imputados están siendo acusados de integrar una red de sobornos y desfalco al Estado que habría generado un perjuicio de RD$15,000 millones al SeNaSa. Este caso ha causado gran expectación debido a la magnitud de las acusaciones y la implicación de exfuncionarios y empresarios vinculados a la administración de recursos públicos destinados a la salud.

Los acusados permanecen bajo arresto en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva mientras esperan la decisión del tribunal. El expediente del Ministerio Público, que supera las 500 páginas, detalla la estructura interna de la organización y las pruebas que habrían incriminado a los acusados.

Implicados en el esquema de fraude

Entre los imputados en este caso se encuentran:

  • Santiago Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de SeNaSa

  • Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del centro de telemedicina MyCare

  • Gustavo Enrique Messina Cruz

  • Germán Rafael Robles Quiñones

  • Francisco Iván Minaya Pérez

  • Eduardo Read Estrella

  • Cinty Acosta Sención

  • Ramón Alan Speakler Mateo

  • Ada Ledesma Ubiera

Todos ellos son acusados de ser parte de un entramado fraudulento que habría generado millonarias pérdidas al Estado a través de manipulación de fondos, sobornos y diversas formas de corrupción institucional.

Beneficios previos y la estructura operativa

Según la solicitud de medidas de coerción, Santiago Hazim habría comenzado a recibir beneficios antes de asumir oficialmente la dirección del SeNaSa. El Ministerio Público sostiene que varios empresarios, cuyos nombres no han sido revelados, le habrían otorgado vehículos de lujo y establecido compromisos económicos antes de su nombramiento mediante el decreto 377-20, del 21 de agosto de 2020.

Una vez al mando de la institución, Hazim habría organizado una red de colaboradores cercanos que operaba dentro de SeNaSa, manipulando los recursos destinados a la salud pública. Las acusaciones incluyen recepción de sobornos, falsificación de documentos financieros, privatización irregular de servicios y la creación de programas ficticios, entre otras prácticas fraudulentas.

Próximos pasos: la decisión del juez

La audiencia continuará este jueves, cuando el juez Rigoberto Sena escuchará los argumentos finales de la defensa y la parte acusadora. Posteriormente, se tomará una decisión sobre las medidas de coerción que, de ser aceptadas, implicarían prisión preventiva para los implicados mientras se resuelve el caso.

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