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EL MUNDO

¿De qué acusan a los cinco implicados en red de tráfico de personas involucradas a víctimas de Chiapas?

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Santo Domingo, RD

El viernes se dictó un año de prisión preventiva en contra de cinco integrantes de la presunta red de tráfico internacional de personas a quienes le atribuyen las gestiones para que al menos tres de los seis dominicanos fallecidos en la tragedia de Chiapas (México) hicieran la ruta de forma irregular hasta Estados Unidos.

Los acusados son Guillermo Guzmán Marcano, Leonel Antonio Méndez Arias, Román Alberto Casalinovo Trinidad, Santo Francisco Vizcaíno Guerrero y a Jesús Antonio Martínez Díaz, todos acusados de dedicarse a promover, inducir y financiar el tráfico ilícito de migrantes, desde República Dominicana a los Estados Unidos.

Por esa actividad ilícita cobraban a los interesados en emigrar unos US $21,000 y utilizaban como países de tránsito Guatemala, Nicaragua, Panamá, Tórtola, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico y México. ¿Cuál era la función de cada involucrado, según el Ministerio Público?

Guillermo Guzmán Marcano, residente en Baní (Peravia), es señalado como el cabecilla de la presunta red con la que ha adquirido cientos de millones de pesos de “adquisición injustificada”, propiedades inmuebles y diferentes clases de vehículos.

La solicitud de medida de coerción y declaratoria del caso como complejo, a la cual Listín Diario tuvo acceso, expresa que Guzmán Marcano realiza labores de promoción, inducción y financiamiento del tráfico ilícito de migrantes, utilizando los servicios de nombrados “coyotes”, quienes conocen las fallas de seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos.

“Guillermo Guzmán Marcano garantiza a sus ´clientes´ la entrega de pasaportes y pasajes aéreos para llegar a Guatemala, desde donde adquieren un visado de tránsito mexicano y al llegar a los Estados Unidos Mexicanos, especificamente a Laredo, son transportados por coyotes de su confianza (conocidos como La Sexy, Paloma, Miguel el Alemán y Rosy) en patanas o tráilers, sin ningún nivel de seguridad (en la mayoría de los casos de ples, para garantizar el cupo a todos en un espacio angosto y sin Ventilación)”, explica el documento.

Los fiscales aseguran que  el implicado registró un incremento de su patrimonio, manejando sumas de hasta RD$508,623,511.35 y US$1,360,509.83 siendo su único ingreso esta actividad.

Leonel Antonio Méndez Arias, alias El Duro, también residente de la llamada “capital del mango”, es señalado como el responsable de brindar la asesoría necesaria para la obtención de pasaportes y el visado necesario para que los objetos de tráfico puedan salir del país en coordinación con Guzmán Marcano y Román Alberto Casalinovo Trinidad.

Este último, cuyo alias es “El Guardia”, contrario al resto, vive en Santo Domingo Este y es inspector de la Dirección General de Migración.

“El Guardia aprovechándose de su cargo como inspector de la Dirección General de Migración se encarga de promover e inducir el tráfico de migrantes desde la República Dominicana a los Estados Unidos de Norteamérica, al realizar las coordinaciones necesarias en los distintos aeropuertos para permitir la salida de los objetos de tráfico, especialmente desde el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez, Aeropuerto Internacional de Punta Cana y el Aeropuerto Internacional de La Romana, indicándole los lugares que deben visitar dentro de las instalaciones del aeropuerto y la forma en que deben comportarse para pasar desapercibidos por los controles migratorios, a cambio de remuneración”, señalan las autoridades en el documento.

Las autoridades afirman que Casalinovo adquirió entre 2019 y 2021 al menos siete vehículos suntuosos imposibles de adquirir con su sueldo de RD $36,000 en la institución pública que labora.

Otro de los que integran el grupo, según la Procuraduría General de la República, se llama Santo Francisco Vizcaíno Guerrero, un abogado residente en Baní.

Valiéndose de su profesión, según las primeras acusaciones, Vizcaíno Guerrero se encarga de dotar de apariencia legal las actividades ilícitas desarrolladas por esta organización.

Asimismo, captaba personas interesadas en salir del país de forma irregular al gigante norteamericano. Unas llamadas a las que los fiscales tuvieron acceso confirman que este imputado ponía en contacto a los interesados en emigrar con el principal acusado, Guillermo Guzmán Marcano.

En audios de sus conversaciones telefónicas, también se evidencia que discute montos con las personas objeto de tráfico y posteriormente coordina rutas con Guzmán Marcano.

El último acusado es Jesús Antonio Martínez Díaz, quien según el expediente reside en San Pedro de Macorís y facilitaba a la organización criminal, especificamente a los nombrados Guillermo Guzmán Marcano y César Belandino Veriguete (prófugo), pasaportes y visados de trabajo hacia Tórtola.

“Una vez obtenido el sello de autorización de viaje que busca simular legalidad en su salida del país, se ocupa de coordinar con el co-imputado Román Alberto Casalinovo Trinidad (a) El Guardia, la salida de los mismos, sin mayor retardo por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), lugar hasta donde los trasporta para asegurar su despacho sin mayores contratiempos”, agrega el documento presentado por los fiscales.

Martínez Díaz, sin otras fuentes de ingreso, ostenta vehículos lujosos y de años recientes a raíz de las remuneraciones recibidas de la red, explican los fiscales.

Apresamiento

El primero de este mes, 9 días antes de la tragedia de Chiapas-México, las autoridades de la Dirección General de Migración informaron “que investigaban una supuesta red de trata de personas que estaría traficando con personas hacia Nicaragua y México en vuelos comerciales para desde esos países intentar entrar a Estados Unidos”.

Fue entonces el 22 de diciembre, luego de allanamientos a varias propiedades en distintas provincias del país, que se anunció el apresamiento de estas cinco personas.

Actualmente los implicados están bajo custodia en los destacamentos de Invivienda, de Villa Duarte, de Naco y del Ensanche Luperón.

Tragedia en Chiapas

Suman seis los cuerpos repatriados al país de 11 víctimas dominicanas que fallecieron en el accidente de un camión que transportaba inmigrantes ilegales por una autopista de Chiapas en México, el pasado 9 de diciembre.

La Cancillería Dominicana todavía trata de identificar a otros 2 nacionales, que han sido dados como desaparecidos, mientras que 3 más están heridos.

Al menos 56 personas murieron en el accidente del camión que transportaba inmigrantes indocumentados y un centenar resultaron heridas, en su mayoría centroamericanos y también dominicanos.

El tráiler donde viajaban los migrantes indocumentados chocó con la pared del muro de un puente peatonal, según el reporte de la Fiscalía de Chiapas.


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El viernes se dictó un año de prisión preventiva en contra de cinco integrantes de la presunta red de tráfico internacional de personas a quienes le atribuyen las gestiones para que al menos tres de los seis dominicanos fallecidos en la tragedia de Chiapas (México) hicieran la ruta de forma irregular hasta Estados Unidos.

Los acusados son Guillermo Guzmán Marcano, Leonel Antonio Méndez Arias, Román Alberto Casalinovo Trinidad, Santo Francisco Vizcaíno Guerrero y a Jesús Antonio Martínez Díaz, todos acusados de dedicarse a promover, inducir y financiar el tráfico ilícito de migrantes, desde República Dominicana a los Estados Unidos.

Por esa actividad ilícita cobraban a los interesados en emigrar unos US $21,000 y utilizaban como países de tránsito Guatemala, Nicaragua, Panamá, Tórtola, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico y México. ¿Cuál era la función de cada involucrado, según el Ministerio Público?

Guillermo Guzmán Marcano, residente en Baní (Peravia), es señalado como el cabecilla de la presunta red con la que ha adquirido cientos de millones de pesos de “adquisición injustificada”, propiedades inmuebles y diferentes clases de vehículos.

La solicitud de medida de coerción y declaratoria del caso como complejo, a la cual Listín Diario tuvo acceso, expresa que Guzmán Marcano realiza labores de promoción, inducción y financiamiento del tráfico ilícito de migrantes, utilizando los servicios de nombrados “coyotes”, quienes conocen las fallas de seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos.

“Guillermo Guzmán Marcano garantiza a sus ´clientes´ la entrega de pasaportes y pasajes aéreos para llegar a Guatemala, desde donde adquieren un visado de tránsito mexicano y al llegar a los Estados Unidos Mexicanos, especificamente a Laredo, son transportados por coyotes de su confianza (conocidos como La Sexy, Paloma, Miguel el Alemán y Rosy) en patanas o tráilers, sin ningún nivel de seguridad (en la mayoría de los casos de ples, para garantizar el cupo a todos en un espacio angosto y sin Ventilación)”, explica el documento.

Los fiscales aseguran que  el implicado registró un incremento de su patrimonio, manejando sumas de hasta RD$508,623,511.35 y US$1,360,509.83 siendo su único ingreso esta actividad.

Leonel Antonio Méndez Arias, alias El Duro, también residente de la llamada “capital del mango”, es señalado como el responsable de brindar la asesoría necesaria para la obtención de pasaportes y el visado necesario para que los objetos de tráfico puedan salir del país en coordinación con Guzmán Marcano y Román Alberto Casalinovo Trinidad.

Este último, cuyo alias es “El Guardia”, contrario al resto, vive en Santo Domingo Este y es inspector de la Dirección General de Migración.

“El Guardia aprovechándose de su cargo como inspector de la Dirección General de Migración se encarga de promover e inducir el tráfico de migrantes desde la República Dominicana a los Estados Unidos de Norteamérica, al realizar las coordinaciones necesarias en los distintos aeropuertos para permitir la salida de los objetos de tráfico, especialmente desde el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez, Aeropuerto Internacional de Punta Cana y el Aeropuerto Internacional de La Romana, indicándole los lugares que deben visitar dentro de las instalaciones del aeropuerto y la forma en que deben comportarse para pasar desapercibidos por los controles migratorios, a cambio de remuneración”, señalan las autoridades en el documento.

Las autoridades afirman que Casalinovo adquirió entre 2019 y 2021 al menos siete vehículos suntuosos imposibles de adquirir con su sueldo de RD $36,000 en la institución pública que labora.

Otro de los que integran el grupo, según la Procuraduría General de la República, se llama Santo Francisco Vizcaíno Guerrero, un abogado residente en Baní.

Valiéndose de su profesión, según las primeras acusaciones, Vizcaíno Guerrero se encarga de dotar de apariencia legal las actividades ilícitas desarrolladas por esta organización.

Asimismo, captaba personas interesadas en salir del país de forma irregular al gigante norteamericano. Unas llamadas a las que los fiscales tuvieron acceso confirman que este imputado ponía en contacto a los interesados en emigrar con el principal acusado, Guillermo Guzmán Marcano.

En audios de sus conversaciones telefónicas, también se evidencia que discute montos con las personas objeto de tráfico y posteriormente coordina rutas con Guzmán Marcano.

El último acusado es Jesús Antonio Martínez Díaz, quien según el expediente reside en San Pedro de Macorís y facilitaba a la organización criminal, especificamente a los nombrados Guillermo Guzmán Marcano y César Belandino Veriguete (prófugo), pasaportes y visados de trabajo hacia Tórtola.

“Una vez obtenido el sello de autorización de viaje que busca simular legalidad en su salida del país, se ocupa de coordinar con el co-imputado Román Alberto Casalinovo Trinidad (a) El Guardia, la salida de los mismos, sin mayor retardo por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), lugar hasta donde los trasporta para asegurar su despacho sin mayores contratiempos”, agrega el documento presentado por los fiscales.

Martínez Díaz, sin otras fuentes de ingreso, ostenta vehículos lujosos y de años recientes a raíz de las remuneraciones recibidas de la red, explican los fiscales.

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El tráiler donde viajaban los migrantes indocumentados chocó con la pared del muro de un puente peatonal, según el reporte de la Fiscalía de Chiapas.

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