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Política

¿Democracia secuestrada? 🗳️ Congreso ignora mandato del TC y frena las candidaturas independientes

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El Congreso Nacional de la República Dominicana se encuentra en el ojo del huracán tras decidir, de manera selectiva, qué mandatos del Tribunal Constitucional (TC) acatar y cuáles engavetar. Mientras leyes como la del DNI y el Código Procesal Penal avanzan a paso firme, la regulación de las candidaturas independientes ha sido enviada al "limbo" legislativo.

Pese a que la sentencia TC-0788/24 declaró inconstitucionales las trabas para quienes aspiran a cargos públicos sin el sello de un partido, la Cámara de Diputados ha cerrado el paso a esta apertura democrática.

El "bloqueo" en la Cámara Baja

La comisión presidida por el diputado Elías Wessin Chávez emitió un informe desfavorable al proyecto de ley presentado por la Junta Central Electoral (JCE). Los argumentos para el rechazo se centran en:

  • El monopolio partidario: Diputados alegan que el artículo 216 de la Constitución establece que la participación política debe canalizarse exclusivamente a través de los partidos.

  • Informe sepultado: Aunque el proyecto buscaba habilitar a agrupaciones cívicas para los comicios de 2028, el informe negativo de julio de 2025 ha impedido que el tema llegue siquiera a ser votado en el Pleno.

Cumplimientos "a la carta"

Resulta paradójico que el Poder Legislativo haya mostrado gran agilidad en otros temas de orden constitucional:

  1. Ley del DNI: Fue adecuada tras las críticas de la Sociedad Dominicana de Diarios y la anulación del TC.

  2. Código Procesal Penal: Se aprobó un nuevo texto para corregir vicios de inconstitucionalidad antes de la fecha límite de diciembre.

¿Qué dice el mandato del TC?

El Tribunal ordenó corregir los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, exigiendo que las candidaturas independientes surjan de agrupaciones sociales espontáneas y no tengan que ser presentadas obligatoriamente a través de un partido político.

Con esta parálisis, el Congreso desafía la autoridad del alto tribunal y deja a los movimientos sociales y ciudadanos independientes sin una vía legal clara para participar en las próximas elecciones, fortaleciendo la llamada "partidocracia".


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El Congreso Nacional de la República Dominicana se encuentra en el ojo del huracán tras decidir, de manera selectiva, qué mandatos del Tribunal Constitucional (TC) acatar y cuáles engavetar. Mientras leyes como la del DNI y el Código Procesal Penal avanzan a paso firme, la regulación de las candidaturas independientes ha sido enviada al "limbo" legislativo.

Pese a que la sentencia TC-0788/24 declaró inconstitucionales las trabas para quienes aspiran a cargos públicos sin el sello de un partido, la Cámara de Diputados ha cerrado el paso a esta apertura democrática.

El "bloqueo" en la Cámara Baja

La comisión presidida por el diputado Elías Wessin Chávez emitió un informe desfavorable al proyecto de ley presentado por la Junta Central Electoral (JCE). Los argumentos para el rechazo se centran en:

  • El monopolio partidario: Diputados alegan que el artículo 216 de la Constitución establece que la participación política debe canalizarse exclusivamente a través de los partidos.

  • Informe sepultado: Aunque el proyecto buscaba habilitar a agrupaciones cívicas para los comicios de 2028, el informe negativo de julio de 2025 ha impedido que el tema llegue siquiera a ser votado en el Pleno.

Cumplimientos "a la carta"

Resulta paradójico que el Poder Legislativo haya mostrado gran agilidad en otros temas de orden constitucional:

  1. Ley del DNI: Fue adecuada tras las críticas de la Sociedad Dominicana de Diarios y la anulación del TC.

  2. Código Procesal Penal: Se aprobó un nuevo texto para corregir vicios de inconstitucionalidad antes de la fecha límite de diciembre.

¿Qué dice el mandato del TC?

El Tribunal ordenó corregir los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, exigiendo que las candidaturas independientes surjan de agrupaciones sociales espontáneas y no tengan que ser presentadas obligatoriamente a través de un partido político.

Con esta parálisis, el Congreso desafía la autoridad del alto tribunal y deja a los movimientos sociales y ciudadanos independientes sin una vía legal clara para participar en las próximas elecciones, fortaleciendo la llamada "partidocracia".

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