¡Encuestas bajo fuego! Cuestionan reglamento de la JCE por posibles violaciones constitucionales

El nuevo reglamento de la Junta Central Electoral (JCE) sobre la publicación de encuestas electorales ha desatado un intenso debate jurídico y político en República Dominicana, luego de que diversos sectores cuestionaran la legalidad de las restricciones impuestas por el órgano electoral.

La discusión tomó fuerza tras un pronunciamiento de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), entidad que advirtió que el problema no radica únicamente en si la JCE puede regular las encuestas políticas, sino en si puede establecer limitaciones mediante reglamentos sobre temas que —según sostiene— deben ser definidos por una ley aprobada en el Congreso Nacional.

“La cuestión que nos ocupa parte de la duda inicial de si este reglamento cuenta con suficiente respaldo legal para limitar la actividad de libre empresa de las encuestadoras y prohibir la publicación de encuestas fuera de los plazos de precampaña y campaña electoral”, expresó Finjus en un documento.

La organización señaló además que las restricciones podrían afectar derechos fundamentales relacionados con el acceso ciudadano a información sobre tendencias y preferencias electorales, elementos esenciales para la participación democrática.

Finjus y juristas cuestionan alcance de la JCE

Aunque Finjus reconoció que la Junta Central Electoral posee potestad reglamentaria en asuntos de su competencia, recordó que dicha facultad debe limitarse al desarrollo de la ley y no puede sustituirla ni crear nuevas restricciones no contempladas en la legislación vigente.

“Cualquier reglamento que incida en el contenido esencial de derechos fundamentales o que establezca limitaciones no previstas en la ley queda automáticamente viciado de nulidad por violar la supremacía constitucional”, sostuvo la entidad.

Los cuestionamientos coinciden con precedentes establecidos por el Tribunal Constitucional (TC), que en distintas sentencias ha reiterado que los reglamentos tienen una función subordinada respecto a la ley y no pueden exceder su alcance.

Uno de los puntos más controvertidos del reglamento es la disposición que limita la publicación de encuestas electorales hasta el inicio del período de precampaña en julio de 2027.

Sectores críticos sostienen que esta medida contradice el artículo 216 de la Ley 20-23 de Régimen Electoral, el cual únicamente prohíbe la difusión de encuestas durante los ocho días previos a las elecciones.

Finjus afirmó que la legislación dominicana “no contempla una veda general de catorce meses”, por lo que imponer esa restricción equivaldría a legislar por vía administrativa.

Reacciones de periodistas y expertos

El periodista y presidente del grupo ACD Media, Danny Alcántara, anunció que mantiene su decisión de publicar una encuesta electoral el próximo lunes, pese a la entrada en vigencia del reglamento de la JCE.

Alcántara aseguró que el estudio fue realizado antes de la aprobación de la resolución y adelantó que evalúa recurrir ante el Tribunal Constitucional.

“Consideramos que esa resolución es ilegal, que contraviene la Constitución de la República y viola las leyes que regulan la actuación de la Junta”, expresó.

Por su parte, el abogado Olivo Rodríguez Huertas indicó que el problema principal no es la regulación de las encuestas, sino la incorporación de restricciones que la ley no contempla.

Mientras tanto, el jurista Julio Cury consideró que la JCE trasladó disposiciones de la precampaña partidaria al régimen general de publicación de encuestas, generando una “sobre-restricción” sin base legal.

El sociólogo José del Castillo advirtió además que el impacto del reglamento no afecta únicamente a partidos y encuestadoras, sino también a los medios de comunicación y a la libertad de comercio.

Finjus alertó finalmente que restricciones prolongadas podrían provocar una asimetría informativa, donde actores políticos continúan utilizando encuestas de manera interna mientras la ciudadanía queda excluida del acceso a esos datos.