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EL MUNDO

¡Sin urnas ni rivales! Ortega abre un nuevo capítulo político en Nicaragua al descartar elecciones competitivas

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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que su gobierno no permitirá nuevamente elecciones en las que la oposición tenga posibilidades reales de competir por el poder, una declaración que profundiza las críticas internacionales sobre el rumbo político del país.

Durante la conmemoración del 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, celebrada el domingo 19 de julio, Ortega afirmó:

“Aquí no volverá a haber elecciones para que ellos intenten apoderarse del Gobierno y del poder”.

El mandatario no detalló el mecanismo legal que utilizaría para aplicar esta decisión ni confirmó si promoverá una nueva reforma constitucional para modificar el calendario electoral previsto para noviembre de 2027.

Del control electoral a la eliminación de la competencia política

Durante años, Nicaragua mantuvo elecciones formales, aunque organismos internacionales y sectores opositores denunciaron que no existían condiciones de competencia democrática debido al control institucional y la persecución política.

Antes de las elecciones de 2021, el gobierno de Ortega encarceló a varios aspirantes presidenciales y dirigentes opositores. Otros adversarios políticos fueron inhabilitados, expulsados del país o privados de su nacionalidad.

Como resultado, Ortega participó en unos comicios sin rivales con capacidad real de desafiar su permanencia en el poder.

Reformas que concentraron el poder

La concentración del poder político en Nicaragua se profundizó con cambios institucionales recientes.

En febrero de 2025 entró en vigor una reforma constitucional que modificó más de cien artículos y estableció cambios en la estructura del Estado, incluyendo una mayor coordinación de los poderes Legislativo, Judicial y Electoral bajo la autoridad presidencial.

La reforma también convirtió a Rosario Murillo, esposa de Ortega, en copresidenta de Nicaragua.

Posteriormente, una nueva legislación electoral aprobada en marzo de 2025 amplió las facultades para cancelar partidos políticos y estableció mayores restricciones a la participación opositora.

Un nuevo escenario político para Nicaragua

Las declaraciones de Ortega representan, según sus críticos, el abandono de la apariencia de competencia electoral que todavía permanecía en el sistema político nicaragüense.

Sectores opositores y organizaciones internacionales sostienen que la falta de independencia institucional, la ausencia de contrapesos y las limitaciones a la participación política han impedido una verdadera alternancia democrática en el país.

El anuncio del mandatario abre ahora interrogantes sobre el futuro del sistema electoral nicaragüense y sobre las condiciones en las que se desarrollará la vida política del país en los próximos años.


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“Aquí no volverá a haber elecciones para que ellos intenten apoderarse del Gobierno y del poder”.

El mandatario no detalló el mecanismo legal que utilizaría para aplicar esta decisión ni confirmó si promoverá una nueva reforma constitucional para modificar el calendario electoral previsto para noviembre de 2027.

Del control electoral a la eliminación de la competencia política

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Antes de las elecciones de 2021, el gobierno de Ortega encarceló a varios aspirantes presidenciales y dirigentes opositores. Otros adversarios políticos fueron inhabilitados, expulsados del país o privados de su nacionalidad.

Como resultado, Ortega participó en unos comicios sin rivales con capacidad real de desafiar su permanencia en el poder.

Reformas que concentraron el poder

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En febrero de 2025 entró en vigor una reforma constitucional que modificó más de cien artículos y estableció cambios en la estructura del Estado, incluyendo una mayor coordinación de los poderes Legislativo, Judicial y Electoral bajo la autoridad presidencial.

La reforma también convirtió a Rosario Murillo, esposa de Ortega, en copresidenta de Nicaragua.

Posteriormente, una nueva legislación electoral aprobada en marzo de 2025 amplió las facultades para cancelar partidos políticos y estableció mayores restricciones a la participación opositora.

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