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¡Las facturas de luz venían con susto incluido! El verdadero legado eléctrico que hoy la oposición prefiere olvidar

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El reciente debate nacional sobre las alzas en la tarifa eléctrica y las deficiencias de las Empresas Distribuidoras de Electricidad ha puesto a la oposición en el centro de la escena. Exfuncionarios como Rubén Bichara y Juan Gómez han alzado la voz exigiendo auditorías y declaratorias de emergencia, señalando una supuesta falta de gerencia actual. Sin embargo, una revisión detallada de la hemeroteca nacional de la última década demuestra que el escenario que hoy denuncian fue exactamente la norma estructural y operativa durante sus propias gestiones.

Los archivos de prensa documentan una crisis crónica de confianza entre el ciudadano y su medidor entre 2012 y 2019. Lejos de ser un fenómeno reciente, el sistema eléctrico arrastra un historial de protestas violentas, cobros desproporcionados y denuncias de comercios asfixiados por facturaciones infladas y penalidades injustas que las administraciones pasadas nunca lograron resolver.

Crónica de una crisis anunciada: 2012-2019

El rechazo ciudadano a la medición y los cobros abusivos no es nuevo. Los registros históricos evidencian los siguientes puntos de quiebre en el sistema:

  • El caos de 2012: En julio de ese año, la frustración por apagones de hasta 15 horas y nuevos sistemas de cobro en Santiago derivó en la destrucción de decenas de medidores y protestas violentas frente a las oficinas de Edenorte, bajo la dirección técnica de la Superintendencia de Electricidad a cargo de Juan Gómez.

  • El asfixio a las mipymes en 2013: Con Rubén Bichara al frente de la CDEEE, sectores productivos denunciaron que las distribuidoras imponían facturaciones irreales y penalidades a comercios formales para compensar las altas pérdidas en zonas donde no se cobraba.

  • Devoluciones millonarias y facturas quemadas: Entre 2017 y 2019, la presión social escaló con piquetes en Los Alcarrizos y marchas de residentes en Bonao que llegaron a quemar sus facturas eléctricas en plena vía pública. Estadísticas oficiales de la época revelan que hasta el 87% de las reclamaciones en Protecom se concentraban en la alta facturación, obligando a las EDEs a realizar devoluciones millonarias que superaron los RD$134 millones en un periodo de dos años.

La amnesia política frente al fallo sistémico

La alta facturación por estimación, los cobros indebidos y el rechazo social a los medidores son las grietas de un edificio institucional que los actuales críticos administraron y terminaron entregando con pérdidas operativas superiores al 30%.

Si bien el debate actual exige absoluta transparencia y soluciones técnicas por parte de las autoridades del Consejo Unificado, el repaso histórico deja en evidencia que los voceros que hoy se presentan como salvadores del sistema eléctrico son, en realidad, los arquitectos de la misma crisis de confianza que hoy intentan condenar.


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El reciente debate nacional sobre las alzas en la tarifa eléctrica y las deficiencias de las Empresas Distribuidoras de Electricidad ha puesto a la oposición en el centro de la escena. Exfuncionarios como Rubén Bichara y Juan Gómez han alzado la voz exigiendo auditorías y declaratorias de emergencia, señalando una supuesta falta de gerencia actual. Sin embargo, una revisión detallada de la hemeroteca nacional de la última década demuestra que el escenario que hoy denuncian fue exactamente la norma estructural y operativa durante sus propias gestiones.

Los archivos de prensa documentan una crisis crónica de confianza entre el ciudadano y su medidor entre 2012 y 2019. Lejos de ser un fenómeno reciente, el sistema eléctrico arrastra un historial de protestas violentas, cobros desproporcionados y denuncias de comercios asfixiados por facturaciones infladas y penalidades injustas que las administraciones pasadas nunca lograron resolver.

Crónica de una crisis anunciada: 2012-2019

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  • El caos de 2012: En julio de ese año, la frustración por apagones de hasta 15 horas y nuevos sistemas de cobro en Santiago derivó en la destrucción de decenas de medidores y protestas violentas frente a las oficinas de Edenorte, bajo la dirección técnica de la Superintendencia de Electricidad a cargo de Juan Gómez.

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  • Devoluciones millonarias y facturas quemadas: Entre 2017 y 2019, la presión social escaló con piquetes en Los Alcarrizos y marchas de residentes en Bonao que llegaron a quemar sus facturas eléctricas en plena vía pública. Estadísticas oficiales de la época revelan que hasta el 87% de las reclamaciones en Protecom se concentraban en la alta facturación, obligando a las EDEs a realizar devoluciones millonarias que superaron los RD$134 millones en un periodo de dos años.

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