Pedirán a Suprema designe juez para investigar diputada PRM-La Vega

El Ministerio Público solicitó a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez especial para el control de la investigación sobre el lavado de activos del narcotráfico imputado a la diputada Rosa Amalia Pilarte López, integrante de la red que lidera su esposo, Miguel Arturo López Florencio, alias Micky López.

Inocencio Amador Espinosa, procurador adjunto, remitió un oficio al presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina, con el fin de que la alta corte designe a un juez para conocer la fase inicial en el proceso contra la legisladora.

El procurador adjunto explicó que remite la solicitud debido al privilegio de jurisdicción que le asigna el ordenamiento jurídico nacional a la representante de la provincia La Vega, en virtud de su función, por lo que las diligenciales procesales en su contra se deben conocer al nivel de la Suprema Corte de Justicia.

Amador Espinosa lleva las investigaciones sobre el caso de Pilarte López desde que la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, le instruyó para llevar este caso, mediante Auto 000051, del 11 de junio de este año.

Según el MP, la diputada se prestó para colocar en el mercado financiero más de 2,593 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico de la red que encabeza su pareja sentimental y “no puede justificar la integración a la economía dominicana de esa cantidad de dinero”.

Resalta asimismo que el máximo salario que ha tenido la imputada por su trabajo de odontóloga en el Servicio Nacional de Salud (SNS) es de $36,120 así como también percibe RD$30,000 a través de la compañía Servi Crédito Gloria Ivette, empresa fachada en la que figuran como accionistas López Florencio y el hijo de ambos, Miguel Arturo López Pilarte, también imputado por este caso.

El MP le atribuye la violación a la Ley 155-7, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana, en el artículo 3, numerales 1, 2 y 3, y los artículos 6 y 9, numerales 1 y 2.

Asimismo, los artículos 3, 7, 8, 18, 19 y 21 de la Ley 72-02, Sobre Lavado de Activos, modificada por la 155-17.

Le imputa infringir la Ley 11-92, Sobre Régimen Tributario, en los artículos 10 y 11, literal B; el 204, numeral 1, y 222, numerales 4 y 6, así como los artículos del 232 al 236 y el 237, numeral 1; continúa con el 238, numerales 2, 3 y 4, y el 239, párrafo III, numeral 2.

Finalmente, la acusa de violar la Ley Monetaria y Financiera (183-02), en el artículo 3 y el 68, numerales 1 y 10; el 70, literal A, numeral 1, y el 86, literal A.