Pérdidas eléctricas de 29% a 40% y caída de la minería durante la gestión de Almonte

Si se evalúan las luces del actual gobierno de Luis Abinader, los sectores eléctrico y minero han sido los de menos intensidad y más apagados. El análisis de los indicadores económicos sobre éste muestra un panorama desafiante en República Dominicana en la administración gubernamental.

Ambos han enfrentado dificultades significativas, reflejadas en una tendencia a la baja en su desempeño y contribución al crecimiento económico del país.

En el caso del ramo minero, los datos muestran una baja constante en su valor agregado en los últimos años, con variaciones negativas que sugieren una situación preocupante para esta industria.

A pesar de factores externos favorables, como el aumento en el precio del oro, la actividad minera no ha logrado recuperarse, lo que plantea interrogantes sobre las políticas y estrategias implementadas para impulsar este sector clave de la economía.

Por otro lado, el sector eléctrico enfrenta desafíos igualmente importantes, incluyendo el aumento en las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad y las quejas recurrentes de los usuarios por altas facturaciones y falta de fiabilidad en el servicio.

Estas dificultades han requerido una intervención significativa del Gobierno para mantener a flote el sistema eléctrico, pero aún persisten problemas estructurales que requieren soluciones a largo plazo para garantizar un suministro eléctrico confiable y eficiente para todos los dominicanos.

El exadministrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), Jaime Aristy Escuder, asegura que las dos citadas áreas tienen un desempeño terrible que provoca una pérdida de ingresos para el Estado.
“El denominador común de ambas actividades y de su deprimente evolución es el señor Antonio Almonte, que ocupa el cargo de ministro de Energía y Minas desde agosto del año 2020”, dijo Aristy Escuder, al abordar el tema sin rodeos. Calculó que la actividad minera se ha desplomado en los cuatro años comprendidos entre 2020 y 2023, al registrar su valor agregado variaciones de -12.5%, -0.7%, -7.2% y -16.3%.

En los dos primeros meses de este año y a pesar de que el precio del oro ha llegado a un nivel récord de 2,371 dólares por onza troy, la actividad minera presenta una variación de -15.9%.

En febrero, la minería fue algo así como “el niño malo o la vergüenza de la familia”. Ese mes el indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró una expansión de 6.2%, con todos los sectores aportando, menos la minería. Se quedó atrás. Hoteles, bares y restaurantes creció 12.8%; construcción 9.7%, manufactura de zonas francas 9.4%, comercio 8.5% y manufactura local 6.9%.

Son datos oficiales del Banco Central de República Dominicana (BCRD).

Ese comportamiento no es nuevo, viene repitiéndose: en enero la economía subió 4.6 %, pero la minería cayó 17.4 % (BCRD, febrero 2024).

Ha estado de cabeza; no se sabe cuándo se recuperará. “El sector eléctrico está en crisis”, dice Jaime Aristy Escuder. El economista sustenta esos planteamientos con la aritmética de primaria, sin tener que esforzarse mucho. “Es una realidad muy conocida”, asegura.

Las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad -de Edeeste, Edenorte y Edesur- subieron de 29% en 2019 a 40% en 2023, y obligaron al Gobierno central a destinar anualmente 1,500 millones de dólares en forma de subsidios para mantenerlas a flote.

A los tumbos con Edeeste

En lo que respecta a Edeeste, constantemente su nombre está en boca de la gente, en medios de comunicación y redes sociales, y no precisamente por algo positivo. Esa empresa no ha podido salir a flote definitivamente (no pega una, se dice popularmente), en este Gobierno.

Sus tres primeros gerentes generales tuvieron que ser sustituidos, dos de ellos por destitución o “por la vía rápida” (nocaut, en el lenguaje del boxeo), desde agosto de 2020 a 2023.

El primero en saltar del puesto fue Tomás Ozuna Tapia, quien permaneció en el cargo desde el 16 de agosto de 2020 al 20 de mayo del 2021. En sustitución suya fue posicionado de manera interina Andrés Astacio, quien para ese momento se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo de las Empresas Distribuidoras de Electricidad y secretario del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad.

Ostentó la posición de manera interina hasta el 05 de agosto del 2022, casi un año y cuatro meses, cuando fue nombrado como superintendente de Electricidad, con el decreto 429-22.

Astacio le dio paso a Andrés Portes, nombrado del 12 de agosto hasta el 30 de junio de 2023, cuando fue destituido por el presidente Luis Abinader y en su lugar designado Manuel Mejía Naut, por el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED).

Los cambios se dieron en momentos en que el país estaba sumido en una serie de prolongados apagones y denuncias casi colectivas de alta facturación, principalmente en zonas donde Edeeste tiene su radio de acción, como en Higüey, provincia La Altagracia.

Hasta el obispo de la Diócesis Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, llegó a denunciar que el servicio eléctrico por allí se había vuelto un caos, un desastre.

La alta facturación no ha sido exclusiva de Edeeste, las quejas han sido extensivas a Edesur y Edenorte.
Ha habido casos, sin aparente justificación, entre agosto de 2020 y 2024, en que el monto de la factura se ha duplicado, triplicado y más.

Y para muestra, las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales se han hecho eco de esos reclamos y críticas. La gente hace sus denuncias por las vías públicas y son hartamente conocidas. Según un corte a julio de 2023, más del 80 % de las reclamaciones de los usuarios del servicio eléctrico en el país se debe a las altas facturaciones.

¿Eres justo al cobrar, o no?

Un reporte del Protecom (Protección al Consumidor), de la Superintendencia de Electricidad, indica que entre abril y junio de 2023 se registraron 13,981 reclamaciones, con una tendencia creciente mes tras mes. De estos, el mayor número de reclamos fueron hechos por los clientes de Edeeste, con 9,198 quejas; seguidos de la Edesur, con 3,117 y de Edenorte con 1,442.

Vistas de forma individual por mes, mientras en abril de 2023 la cantidad de reclamaciones fue de 3,485, en junio llegó a las 5,844. Significa que los reclamos se elevaron en un 67.8%.

Por suerte llegaron la Vice y Celso

“Con respecto a la generación de electricidad, desde 2020 no se ha instalado un solo megavatio de energía base y se gestionó de forma pésima -tanto operativa como administrativamente- la Central Termoeléctrica Punta Catalina entre el 18 de agosto del año 2020 y el 28 de octubre de 2021. Basta con recordar que por la incapacidad del equipo humano que la gestionaba en ese entonces la planta se quedó sin carbón, lo que provocó una pérdida superior a centenares de millones de dólares”, recordó Aristy Escuder.

Y agregó: “Afortunadamente, el presidente Abinader ha intervenido en el sector eléctrico para reducir la intensidad de la crisis. Para esto designó como cabeza del Gabinete Eléctrico a la vicepresidenta Raquel Peña, la funcionara más eficiente de su administración, y nombró a finales de 2021 como administrador de Punta Catalina a Celso Marranzini, un empresario con amplia experiencia en el sector eléctrico, quien logró recuperar el buen desempeño de esa empresa llevándola a tener nuevamente beneficios anuales de 240 millones de dólares. Posteriormente, el presidente le quitó a Almonte la responsabilidad de las empresas distribuidoras de electricidad y se la asignó a Marranzini”.

En otra parte del abordaje del tema, el economista Aristy Escuder indica: “En una declaración recogida en la prensa, el señor Antonio Almonte insistió en decir que según una auditoría el costo de construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina fue de unos 3,400 millones de dólares. Afortunadamente, tal como he demostrado en otras ocasiones, Almonte se equivoca. El monto pagado al contratista EPC por la construcción de Punta Catalina, incluyendo el monto correspondiente a la indexación de los hitos, fue de 2,455 millones de dólares. Una suma que se compara favorablemente con otros proyectos similares a nivel internacional”.

Cuando se habla de EPC, eso significa “engineering, procurement, and construction” (ingeniería, procura y construcción). Es un tipo de contrato en el que una empresa se encarga de todo el proceso, desde el diseño y la ingeniería hasta la compra de materiales y la construcción de una instalación.

Según advierte Jaime Aristy Escuder, a la suma anterior, la empresa que realizó el informe de servicios relacionados, no la auditoría, le quiere añadir partidas que denomina “otros costos del dueño,” que incluyen los costos hundidos incurridos durante la licitación así como los costos del carbón, de la cal, los repuestos y otros insumos utilizados para generar electricidad.

“Es extraño que la firma haya tomado en consideración los costos, pero no haya tomado en cuenta los ingresos millonarios que obtuvo la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la CDEEE, al colocar en las redes la electricidad que produjo Punta Catalina utilizando esos insumos. Estoy seguro de que esos ingresos superan esos otros costos del dueño, lo cual reduce el costo neto de la inversión”, dijo Jaime Aristy.

Dice es un absurdo para dañar la joya de la corona

El economista Jaime Aristy Escuder dejó claro que la empresa que realizó el informe de servicios relacionados (no la auditoría) quiere además añadir, a diferencia de lo que ocurre con otros proyectos de inversión pública, como el metro, teleférico, monorriel, presas, carreteras, entre otros, los intereses generados por los recursos que se utilizaron en la construcción de esa importantísima generadora de electricidad. “Esto es un absurdo que tiene como objetivo dañar la imagen de la joya de la corona del sector eléctrico nacional”, aseguró.

De otro lado, el pobre desempeño que experimentaron las tres principales mineras del país (Barrick Pueblo Viejo, Falconbridge Dominicana -Falcondo- y la Corporación Minera Dominicana -Cormidom-), provocó una caída de las exportaciones de un 3.6%, según el informe Data Market que publica Prodominicana.

En el año 2022, las exportaciones totales ascendieron a RD$12,381.6 millones, mientras que al cierre del 2023 ascienden a RD$11,933.4 millones, para una reducción de RD$448 millones (-3,6%), indica la misma fuente.