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Política

PLD critica proyecto de reforma a Ley de Residuos Sólidos y advierte sobre impactos económicos

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El correo. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó este lunes profundas preocupaciones sobre el proyecto de modificación a la Ley 225-20, de Gestión Integral y Co-procesamiento de Residuos Sólidos, señalando que la propuesta, en su forma actual, podría afectar negativamente la competitividad empresarial, la libre competencia y el costo de vida de los ciudadanos.

Durante una rueda de prensa en la Casa Nacional del PLD, el diputado Gustavo Sánchez advirtió que las contribuciones impuestas a las empresas para el manejo de residuos son “desproporcionadas” y podrían traducirse en aumentos de precios para el consumidor final.

Además, el PLD criticó que se establezca un solo relleno sanitario por región, lo que eliminaría la posibilidad de participación de múltiples proveedores en la gestión de residuos y, según el partido, atenta contra la eficiencia y la libre competencia.

Otro punto de disenso es la propuesta de manejar los fondos a través de un fideicomiso centralizado. Para el PLD, esa figura concentraría excesivamente el poder financiero y contractual, generando riesgos de opacidad y monopolio.

Propuestas del PLD:

El partido morado presentó siete medidas que considera fundamentales antes de que el proyecto avance:

Consulta amplia y participativa con sectores productivos, ambientalistas, ayuntamientos y sociedad civil.

Contribuciones empresariales proporcionales y basadas en estudios técnicos.

Reforzamiento del rol de los municipios y mayor transparencia en el uso de los recursos.

Incentivos para el reciclaje y modelos sostenibles, además de sanciones.

Mecanismos de fiscalización sobre el fideicomiso propuesto.

Incorporación del Ministerio de Hacienda al Consejo del Fideicomiso.

Contratos de gestión a plazos razonables, para evitar barreras a la competencia.

El PLD también cuestionó el aplazamiento de la recolección selectiva de residuos por parte de los ayuntamientos, argumentando que la medida representa un retroceso para la cultura del reciclaje y la economía circular en el país.


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El correo. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó este lunes profundas preocupaciones sobre el proyecto de modificación a la Ley 225-20, de Gestión Integral y Co-procesamiento de Residuos Sólidos, señalando que la propuesta, en su forma actual, podría afectar negativamente la competitividad empresarial, la libre competencia y el costo de vida de los ciudadanos.

Durante una rueda de prensa en la Casa Nacional del PLD, el diputado Gustavo Sánchez advirtió que las contribuciones impuestas a las empresas para el manejo de residuos son “desproporcionadas” y podrían traducirse en aumentos de precios para el consumidor final.

Además, el PLD criticó que se establezca un solo relleno sanitario por región, lo que eliminaría la posibilidad de participación de múltiples proveedores en la gestión de residuos y, según el partido, atenta contra la eficiencia y la libre competencia.

Otro punto de disenso es la propuesta de manejar los fondos a través de un fideicomiso centralizado. Para el PLD, esa figura concentraría excesivamente el poder financiero y contractual, generando riesgos de opacidad y monopolio.

Propuestas del PLD:

El partido morado presentó siete medidas que considera fundamentales antes de que el proyecto avance:

Consulta amplia y participativa con sectores productivos, ambientalistas, ayuntamientos y sociedad civil.

Contribuciones empresariales proporcionales y basadas en estudios técnicos.

Reforzamiento del rol de los municipios y mayor transparencia en el uso de los recursos.

Incentivos para el reciclaje y modelos sostenibles, además de sanciones.

Mecanismos de fiscalización sobre el fideicomiso propuesto.

Incorporación del Ministerio de Hacienda al Consejo del Fideicomiso.

Contratos de gestión a plazos razonables, para evitar barreras a la competencia.

El PLD también cuestionó el aplazamiento de la recolección selectiva de residuos por parte de los ayuntamientos, argumentando que la medida representa un retroceso para la cultura del reciclaje y la economía circular en el país.

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