Jean Alain asegura fue ilegal impedirle viajar

El ex procurador general de la República criticó que se le impidiera salir del país sin tener impuesta medida de coerción, en violación a la Constitución y las leyes.

El CorreoRD. Santo Domingo.- El ex procurador gene­ral de la República, Jean Alain Rodríguez, confirmó ayer que se le impidió via­jar a los Estados Unidos, “sin que le fuera colocado un impedimento de salida del país”.

Rodríguez conversó con el diario vespertino El Na­cional, al que señaló que “solo se coloca impedi­mento de salida a las per­sonas contra las cuales se ha emitido una medida de coerción”.

“Yo no tengo ningún im­pedimento, y cualquier cosa que hayan hecho es completamente ilegal. Un impedimento solo lo otor­ga un juez cuando alguien tiene una medida de coer­ción. Estoy muy bien, tra­bajando… y la próxima semana hablaremos so­bre este tema», dijo el ex­procurador, citado por el diario, que lo publica co­mo una de sus informacio­nes principales en la tarde de este viernes, a la firma de los periodistas Juan Ju­lio Gómez, Pedro Castro y Diógenes Tejada.

Rodríguez señaló en la en­trevista que estaba tran­quilo en su casa, “traba­jando de lo más bien”.

El exprocurador envió una carta al presidente de la Re­pública, que se conoció a principios de mes, donde señalaba temer por su vida ante “una serie de amena­zas públicas que ha recibi­do por parte de imputados en el caso Odebrecht”.

Rodríguez dijo que tanto Ángel Rondón como Víc­tor Díaz Rúa habían mani­festado “abiertamente, y en medios de comunicación”, su intención de agredirlo y hasta asesinarlo.

Los dos hombres fueron acusados de recibir y mane­jar sobornos de la empresa brasileña Odebrecht duran­te la gestión de Rodríguez en la Procuraduría General.

Empero, Rondón y Díaz Rúa negaron que tuvieran intención alguna de agre­dirlo y dijeron que, por el contrario, donde querían verlo era sentado en un tri­bunal respondiendo por sus actos.

“Pongo en su conocimiento la grave situación que aten­ta contra mi vida y la de mi familia ya que en fecha 26 de mayo de los corrientes, el ciudadano Ángel Rondón, imputado del caso Odebre­cht, expresó de forma públi­ca, clara y abierta, durante el programa Acento TV, su de­seo de asesinarme, solo limi­tando la ejecución del acto a no tener un instinto crimi­nal”, indicó Rodríguez en la referida carta.

Jean Alain Rodríguez pre­tendía viajar a Miami, en Estados Unidos, durante la tarde del pasado jueves. El exprocurador no específico el motivo de su viaje al ex­terior.

No se conoce, al menos pú­blicamente, que contra el ex procurador general de la República exista alguna acusación o sometimiento a la justicia.

PLD condena acción
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) repro­chó a través de un comu­nicado de prensa que au­toridades de la Dirección General de Migración impi­dieran la salida del país del exprocurador general de la República, Jean Alaín Ro­dríguez, la tarde del jueves.

José Dantés Díaz, miembro del comité político del PLD, expresó que le preocupa “sobremanera” las actua­ciones que al margen de la ley están realizando las ac­tuales autoridades en per­juicio de derechos funda­mentales de ciudadanos.

Dijo tener informaicones de que el presidente de la República, Luis Abinader, habría instruido semanas atrás al Ministerio Público a que descontinuara la mala práctica de imponer impe­dimentos de salida del país sin autorización judicial a ciudadanos dominicanos, como se ha venido realizan­do, medida irregular de la cual fue objeto el día jueves el señor Jean Alain Rodrí­guez Sánchez, miembro del Comité Central de nuestra organización.

Consideró que eso demues­tra que esa mala práctica no ha cesado y continúa. “Ayer el afectado fue el señor Ro­dríguez, mañana puede ser cualquier otro ciudadano”, expresó Dantés Díaz.

SEPA MÁS
Motivada.
El titular de la secretaria jurídica del partido opo­sitor recordó que el im­pedimento de salida es una medida de coerción que requiere de una re­solución judicial motiva­da y escrita.

Violación.
Dantés Díaz precisó que ni el Ministerio Pú­blico ni Migración tie­nen facultad para impo­ner esta restricción al li­bre tránsito, “lo que se traduce en una fla­grante violación de derechos y garantías fundamentales consti­tucionalmente consa­gradas, así como una violación de la norma­tiva procesal penal”.