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Operación Pandora: Red criminal de policías implicada en el robo de más de 900,000 proyectiles.

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ELCORREORD—El Ministerio Público ha desmantelado una red criminal integrada por agentes de la Policía Nacional acusados de sustraer más de 900,000 proyectiles de la institución, en lo que se ha denominado la Operación Pandora. Este grupo, que operaba de manera ilícita dentro de la uniformada, está compuesto por oficiales de alto rango, como capitanes, coroneles, y hasta un reparador de armas, quienes fueron acusados de formar parte de un esquema de robo y tráfico de municiones.

Entre los principales imputados se encuentran:

Coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de armas y municiones en la Policía.
Subintendente Juan Miguel Pérez Soler.
Capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas.
Capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien manipuló los resultados de una auditoría en febrero.
Segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, vinculado a la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L., que también forma parte de la trama.
La red también incluía a otros agentes de menor rango, como el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, además de la imputada Miguelina Bello Segura, quienes desempeñaban roles operativos dentro de la organización criminal.

Según el expediente acusatorio, el capitán Víctor Manuel Santos jugó un papel clave en el robo de las municiones. Santos, quien llevaba más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas, manipuló los resultados de una auditoría realizada en febrero, alterando los números para encubrir las irregularidades y facilitar el robo de las municiones. Este fraude fue detectado posteriormente por los investigadores, quienes también hallaron pruebas de que el capitán y otros implicados trabajaban junto con los líderes de la red para alterar nuevamente los inventarios y evadir los controles internos.

En el curso de las investigaciones, las autoridades incautaron armas, proyectiles, evidencia digital, transacciones económicas, y pruebas testimoniales que fueron fundamentales para confirmar la participación de los acusados en el robo y en actividades delictivas relacionadas.

El Ministerio Público sigue trabajando en el caso, asegurando que todos los implicados sean procesados ante la justicia, mientras continúan las diligencias para detectar posibles vínculos con otras redes criminales.

 

 


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Entre los principales imputados se encuentran:

Coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de armas y municiones en la Policía.
Subintendente Juan Miguel Pérez Soler.
Capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas.
Capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien manipuló los resultados de una auditoría en febrero.
Segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, vinculado a la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L., que también forma parte de la trama.
La red también incluía a otros agentes de menor rango, como el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, además de la imputada Miguelina Bello Segura, quienes desempeñaban roles operativos dentro de la organización criminal.

Según el expediente acusatorio, el capitán Víctor Manuel Santos jugó un papel clave en el robo de las municiones. Santos, quien llevaba más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas, manipuló los resultados de una auditoría realizada en febrero, alterando los números para encubrir las irregularidades y facilitar el robo de las municiones. Este fraude fue detectado posteriormente por los investigadores, quienes también hallaron pruebas de que el capitán y otros implicados trabajaban junto con los líderes de la red para alterar nuevamente los inventarios y evadir los controles internos.

En el curso de las investigaciones, las autoridades incautaron armas, proyectiles, evidencia digital, transacciones económicas, y pruebas testimoniales que fueron fundamentales para confirmar la participación de los acusados en el robo y en actividades delictivas relacionadas.

El Ministerio Público sigue trabajando en el caso, asegurando que todos los implicados sean procesados ante la justicia, mientras continúan las diligencias para detectar posibles vínculos con otras redes criminales.

 

 

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