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El Cibao

¡Ni Call Centers ni Oficinas! Así Operaba la Red de Extorsión que Tenía a Santiago en la Mira

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Más de 50 allanamientos por delitos cibernéticos en Santiago durante los últimos tres años

La provincia de Santiago se ha convertido en uno de los principales focos de investigación por delitos tecnológicos en República Dominicana. En los últimos tres años, el Ministerio Público ha ejecutado cerca de 50 allanamientos relacionados con extorsión, fraudes electrónicos, transferencias ilícitas y otros crímenes de alta tecnología.

Las intervenciones se han concentrado principalmente en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González, donde las autoridades han desmantelado presuntas redes dedicadas a actividades delictivas mediante plataformas digitales.

Uno de los operativos más relevantes ocurrió en noviembre de 2023, cuando agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público arrestaron a 10 personas en el callejón Los Chitos de Jacagua. En el lugar funcionaba un supuesto "call center" clandestino utilizado para realizar estafas y extorsiones.

Posteriormente, en octubre de 2024, otras 10 personas fueron detenidas en el distrito municipal de San Francisco, durante una operación que permitió la incautación de 14 vehículos tipo yipeta presuntamente vinculados a actividades ilícitas.

Durante 2025 también se desarrollaron múltiples allanamientos en sectores como Villa González, Jacagua y Camboya. Algunas de estas intervenciones estuvieron relacionadas con delitos cibernéticos, mientras que otras se vincularon al tráfico de sustancias ilícitas.

Operación XL526: desmantelan red acusada de extorsionar víctimas en Estados Unidos

La madrugada de este martes, las autoridades ejecutaron la Operación XL526, un amplio operativo que culminó con el arresto de 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

De acuerdo con las investigaciones, la organización criminal utilizaba amenazas, extorsiones y mecanismos digitales para obtener dinero de víctimas residentes en Estados Unidos. Posteriormente, los fondos eran ocultados y movilizados mediante transferencias electrónicas para dificultar su rastreo.

Defensa denuncia irregularidades durante los arrestos

Los abogados de varios de los detenidos, cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años, denunciaron presuntas irregularidades en el proceso de arresto. Según afirman, tanto familiares como representantes legales han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.

El abogado Miguel Valdemar explicó que las restricciones comenzaron desde las primeras horas de la madrugada, cuando se llevaron a cabo las intervenciones.

“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, aseguró.

Asimismo, indicó que recibió negativas al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados.

“Un personal militar de la fortaleza me indicó que por órdenes de sus superiores no me podía dejar pasar y me dirigió donde la fiscal Quirsa Abreu. Sin embargo, en su despacho nos informaron que ella y los demás fiscales se encontraban en la fortaleza”, manifestó.

Anuncian recurso de hábeas corpus

Ante esta situación, los representantes legales anunciaron la presentación de una acción constitucional de hábeas corpus, alegando la vulneración de derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.

“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó el jurista.


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Las intervenciones se han concentrado principalmente en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González, donde las autoridades han desmantelado presuntas redes dedicadas a actividades delictivas mediante plataformas digitales.

Uno de los operativos más relevantes ocurrió en noviembre de 2023, cuando agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público arrestaron a 10 personas en el callejón Los Chitos de Jacagua. En el lugar funcionaba un supuesto "call center" clandestino utilizado para realizar estafas y extorsiones.

Posteriormente, en octubre de 2024, otras 10 personas fueron detenidas en el distrito municipal de San Francisco, durante una operación que permitió la incautación de 14 vehículos tipo yipeta presuntamente vinculados a actividades ilícitas.

Durante 2025 también se desarrollaron múltiples allanamientos en sectores como Villa González, Jacagua y Camboya. Algunas de estas intervenciones estuvieron relacionadas con delitos cibernéticos, mientras que otras se vincularon al tráfico de sustancias ilícitas.

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De acuerdo con las investigaciones, la organización criminal utilizaba amenazas, extorsiones y mecanismos digitales para obtener dinero de víctimas residentes en Estados Unidos. Posteriormente, los fondos eran ocultados y movilizados mediante transferencias electrónicas para dificultar su rastreo.

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El abogado Miguel Valdemar explicó que las restricciones comenzaron desde las primeras horas de la madrugada, cuando se llevaron a cabo las intervenciones.

“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, aseguró.

Asimismo, indicó que recibió negativas al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados.

“Un personal militar de la fortaleza me indicó que por órdenes de sus superiores no me podía dejar pasar y me dirigió donde la fiscal Quirsa Abreu. Sin embargo, en su despacho nos informaron que ella y los demás fiscales se encontraban en la fortaleza”, manifestó.

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