¿Encuestas bajo llave? Crece el debate sobre el veto de la JCE y sus límites legales

JCE defiende restricciones a encuestas electorales, pero expertos cuestionan su base jurídica

Santo Domingo, República Dominicana. – La defensa presentada por la Junta Central Electoral (JCE) ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) para justificar las restricciones impuestas a la publicación de encuestas electorales ha reavivado un intenso debate sobre los límites de la potestad reglamentaria y la protección de los derechos fundamentales.

La controversia gira en torno a la Resolución 14-2026, particularmente su artículo 13, que establece restricciones adicionales a las contempladas por la legislación electoral vigente.

El centro de la discusión: ¿puede la JCE ampliar las restricciones establecidas por ley?

Aunque la JCE presentó un documento de más de cuarenta páginas sustentado en doctrina jurídica y jurisprudencia, los críticos sostienen que persiste una interrogante fundamental:

¿Existe una disposición legal que autorice a la Junta a prohibir la publicación de encuestas fuera de los plazos fijados expresamente por la ley?

Según diversos juristas, el debate no se centra en las facultades generales de regulación de la institución, sino en determinar si una autoridad administrativa puede crear nuevas limitaciones a derechos fundamentales mediante una resolución.

Lo que establece la Ley 20-23

La Ley 20-23 del Régimen Electoral dispone que las encuestas electorales no pueden difundirse durante los ocho días previos a la celebración de las elecciones.

Esa limitación fue aprobada por el Congreso Nacional y forma parte del marco legal vigente.

Sin embargo, los cuestionamientos surgen porque la Resolución 14-2026 incorpora restricciones que, según los opositores, no fueron previstas por el legislador.

Reglamentar no es legislar

Uno de los principales argumentos de quienes impugnan la medida es la diferencia entre reglamentar una ley y ampliarla.

En términos jurídicos, la potestad reglamentaria permite desarrollar procedimientos, precisar mecanismos de aplicación o facilitar la ejecución de una norma.

No obstante, los críticos sostienen que dicha facultad no autoriza la creación de nuevas restricciones a derechos fundamentales cuando estas no están contempladas expresamente en la ley.

Bajo esa interpretación, la resolución podría exceder el marco legal establecido por el Congreso.

La JCE invoca la protección de la integridad electoral

La Junta Central Electoral argumenta que las restricciones buscan proteger la integridad del proceso electoral, evitar campañas anticipadas y garantizar condiciones equitativas para todos los actores políticos.

Aunque estos objetivos son generalmente reconocidos como legítimos, los detractores de la medida cuestionan si la prohibición supera el análisis de necesidad y proporcionalidad exigido por el ordenamiento constitucional.

Según sostienen, el organismo electoral no demuestra de manera suficiente por qué otras medidas menos restrictivas no serían igualmente efectivas.

Libertad de información en el centro del debate

Otro aspecto clave del litigio es el impacto de la resolución sobre la libertad de información, protegida por el artículo 49 de la Constitución.

Los críticos argumentan que las encuestas forman parte del debate público y constituyen una fuente de información que permite a los ciudadanos conocer tendencias, opiniones y escenarios electorales.

En ese sentido, consideran que restringir su difusión podría afectar tanto el derecho a informar como el derecho de la ciudadanía a recibir información relevante para la formación de su criterio político.

El periodista y analista Aníbal de Castro resumió esta preocupación al señalar que la influencia sobre la opinión pública no constituye, por sí sola, una justificación suficiente para prohibir determinados contenidos.

Sanciones también generan cuestionamientos

La controversia no se limita a la publicación de encuestas. El artículo impugnado contempla sanciones que podrían incluir la suspensión temporal o incluso la cancelación definitiva del registro de firmas encuestadoras.

Especialistas en derecho administrativo advierten que estas disposiciones podrían enfrentar cuestionamientos bajo el principio de legalidad sancionadora, que exige que las infracciones y sanciones estén definidas previamente por una ley.

Desde esta perspectiva, un reglamento puede regular procedimientos, pero no necesariamente crear nuevas conductas sancionables.

El TSE tendrá la última palabra

Mientras la JCE defiende la legalidad y necesidad de la Resolución 14-2026, sus opositores sostienen que la medida podría representar una ampliación indebida de las restricciones previstas por la legislación electoral.

Ahora será el Tribunal Superior Electoral quien deberá decidir si la Junta actuó dentro de sus atribuciones reglamentarias o si excedió los límites establecidos por la Constitución y las leyes vigentes.

La decisión podría sentar un precedente importante sobre el alcance de las facultades regulatorias de los organismos electorales y el equilibrio entre la regulación electoral y los derechos fundamentales en República Dominicana.