El oscuro limbo legal de las subastas en RD que mantiene miles de motores y carros 'secuestrados

Lo que la ley dicta y lo que ocurre en los centros de retención de la República Dominicana son dos mundos opuestos. A pesar de que la Ley 63-17 establece un proceso claro para el destino de los vehículos retenidos, la realidad es un vacío legal y administrativo que deja a miles de propietarios en la incertidumbre y al Estado con cementerios de metales acumulados.

El plazo de los 90 días: Una ley de papel

Según la legislación vigente, si un vehículo no es reclamado en 90 días, el Estado tiene la potestad de subastarlo para cubrir costos de remolque y depósito. Sin embargo, hay un detalle inquietante: no existen registros oficiales de subastas realizadas desde que la ley entró en vigor hace casi una década.

Tanto la Digesett como el Intrant admiten que el proceso carece de ejecución efectiva, sumiendo los bienes de los ciudadanos en una "penumbra institucional".

Las cifras del "secuestro" vehicular

Solo en el último año, las estadísticas revelan una acumulación alarmante en centros como el nuevo Cenvarve en Pedro Brand:

• Motocicletas retenidas: 25,261 unidades, de las cuales casi 5,000 permanecen abandonadas.

• Vehículos livianos: 10,015 retenidos, con un remanente de 1,762 sin reclamar.

• El misterio de los listados: La ley obliga al Intrant a publicar mensualmente la lista de vehículos retenidos para que el dueño pueda recuperarlos, pero esta disposición no se cumple.

El "peloteo" institucional

La falta de transparencia tiene un nuevo protagonista: el Fideicomiso ParquéaT RD. Aunque el Decreto 348-25 le transfirió la responsabilidad de publicar los listados de vehículos, hasta la fecha el silencio es absoluto. Esta omisión bloquea el derecho de los ciudadanos a saber dónde está su propiedad y cómo recuperarla antes de que venza el plazo legal.

Un excedente que nadie ve

El procedimiento legal es idílico: se subasta el bien, se pagan las multas y, si queda dinero, el dueño tiene 30 días para reclamar el excedente. Pero, al no haber subastas, el dinero no fluye y los vehículos se pudren bajo el sol, convirtiéndose en escombros en lugar de recursos para la cuenta única del Estado.

¿Negligencia o falta de reglamento? Mientras las instituciones competentes se pasan la bola, los propietarios de los más de 6,600 vehículos que hoy están en el limbo siguen esperando una respuesta clara sobre el destino de su patrimonio.