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Desmantelan Red Delictiva dentro de la Policía Nacional Dedicada a la Venta Ilegal de Municiones.

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ELCORREORD————- el Ministerio de Interior y Policía (MIP) anunció que había desmantelado una red delictiva operando dentro de la Policía Nacional, la cual se dedicaba a la venta ilegal de municiones. La operación reveló la implicación de oficiales de alto rango y agentes subalternos, quienes presuntamente formaban parte clave de este entramado criminal.

El MIP, a través de un comunicado oficial, explicó que los agentes involucrados habrían facilitado la extracción irregular de municiones de los depósitos de la Policía Nacional, ubicados en el Palacio de la Policía, donde estas deben ser almacenadas de forma segura para garantizar el orden y la seguridad pública. Estos suministros de municiones son exclusivos para ser utilizados por las fuerzas de seguridad en sus operaciones y no deben ser comercializados.

Investigación y Precaución en la Divulgación de Información
Aunque el MIP ha confirmado el desmantelamiento de la red, las autoridades se mostraron reservadas en cuanto a la revelación de detalles clave, como el número exacto de agentes implicados y sus identidades, argumentando que divulgar esa información podría interferir con el proceso investigativo. La ministra del Interior y Policía, Faride Raful, enfatizó que, por respeto al proceso judicial y a la independencia de la justicia, era necesario no revelar estos datos en esta etapa.

Raful subrayó que la protección de la integridad del proceso investigativo era fundamental para que el Ministerio Público (MP) pudiera realizar su trabajo con precisión e imparcialidad, sin la presión de la opinión pública. “No por esperar que se quiera decir que estamos revistiendo de impunidad las pesquisas”, declaró Raful, insistiendo en que las investigaciones deben seguir su curso sin obstrucciones.

Colaboración con el Ministerio Público y Cambios en la Intendencia de Armas
La ministra también hizo mención del respaldo del director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien fue clave para la detección de las irregularidades. Según Raful, Guzmán Peralta jugó un rol determinante al permitir la colaboración plena para la revelación de este caso, destacando que no hubo excepciones a la hora de investigar a los responsables, sin importar su rango dentro de la institución.

Como parte de las medidas correctivas, Guzmán Peralta informó que se habían realizado cambios rutinarios en la Intendencia de Armas de la Policía, específicamente en la sustitución del coronel Narciso Félix Romero, quien era el titular de esa dependencia, por Francisco Adolfo Francisco Pimentel, un oficial de igual rango.

Nuevo Mecanismo de Supervisión
A raíz de los descubrimientos hechos durante una fase de introspección de tres meses, el MIP anunció que implementará un nuevo esquema de supervisión en los depósitos de municiones de la Policía. El objetivo de esta estrategia es garantizar la seguridad y transparencia del inventario, evitando que sigan ocurriendo casos similares de corrupción interna y tráfico ilegal de armas.

Contexto Internacional: Llamado de la ONU sobre Embargo de Armas
El desmantelamiento de esta red cobra relevancia en el contexto internacional, especialmente en la lucha contra las bandas criminales en la región. El pasado 8 de octubre de 2024, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU reiteró su llamado a los países miembros a cumplir con el embargo de armas para evitar que las agrupaciones delictivas en países vecinos, como Haití, reciban suministros ilegales de armas y municiones. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) había instado previamente al Consejo de Seguridad a aplicar sanciones más estrictas para frenar el flujo de armas hacia estos grupos, lo que ha sido considerado como una medida clave para reducir las muertes violentas y la inestabilidad en la región.

Este caso subraya la importancia de mantener un control riguroso sobre los suministros de armas, tanto en el ámbito nacional como internacional, para evitar que caigan en manos equivocadas y sean utilizadas para acciones criminales.

Compromiso con la Transparencia y Justicia
En su intervención, Raful destacó que este incidente subraya la necesidad de una Policía Nacional más transparente y comprometida con la seguridad ciudadana. Aseguró que las autoridades están comprometidas a seguir adelante con las investigaciones y a tomar las acciones necesarias para sancionar a los responsables, garantizando que no haya impunidad.

“La justicia tiene que ser precisa e independiente, y ese es el camino que debemos seguir,” concluyó Raful, instando a la ciudadanía a confiar en el proceso judicial mientras se esclarecen los hechos.

Reflexión Final
El desmantelamiento de esta red delictiva dentro de la Policía Nacional pone de manifiesto los esfuerzos de las autoridades para erradicar la corrupción interna y fortalecer la seguridad pública. Sin embargo, también resalta la necesidad de seguir avanzando en la supervisión interna y en los mecanismos de control para garantizar que las fuerzas de seguridad sean realmente un refugio para la justicia y no una fuente de ilegalidad y abuso. La transparencia, el debido proceso y el compromiso institucional son claves para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por su bienestar.

 

 

 


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El MIP, a través de un comunicado oficial, explicó que los agentes involucrados habrían facilitado la extracción irregular de municiones de los depósitos de la Policía Nacional, ubicados en el Palacio de la Policía, donde estas deben ser almacenadas de forma segura para garantizar el orden y la seguridad pública. Estos suministros de municiones son exclusivos para ser utilizados por las fuerzas de seguridad en sus operaciones y no deben ser comercializados.

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Aunque el MIP ha confirmado el desmantelamiento de la red, las autoridades se mostraron reservadas en cuanto a la revelación de detalles clave, como el número exacto de agentes implicados y sus identidades, argumentando que divulgar esa información podría interferir con el proceso investigativo. La ministra del Interior y Policía, Faride Raful, enfatizó que, por respeto al proceso judicial y a la independencia de la justicia, era necesario no revelar estos datos en esta etapa.

Raful subrayó que la protección de la integridad del proceso investigativo era fundamental para que el Ministerio Público (MP) pudiera realizar su trabajo con precisión e imparcialidad, sin la presión de la opinión pública. “No por esperar que se quiera decir que estamos revistiendo de impunidad las pesquisas”, declaró Raful, insistiendo en que las investigaciones deben seguir su curso sin obstrucciones.

Colaboración con el Ministerio Público y Cambios en la Intendencia de Armas
La ministra también hizo mención del respaldo del director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien fue clave para la detección de las irregularidades. Según Raful, Guzmán Peralta jugó un rol determinante al permitir la colaboración plena para la revelación de este caso, destacando que no hubo excepciones a la hora de investigar a los responsables, sin importar su rango dentro de la institución.

Como parte de las medidas correctivas, Guzmán Peralta informó que se habían realizado cambios rutinarios en la Intendencia de Armas de la Policía, específicamente en la sustitución del coronel Narciso Félix Romero, quien era el titular de esa dependencia, por Francisco Adolfo Francisco Pimentel, un oficial de igual rango.

Nuevo Mecanismo de Supervisión
A raíz de los descubrimientos hechos durante una fase de introspección de tres meses, el MIP anunció que implementará un nuevo esquema de supervisión en los depósitos de municiones de la Policía. El objetivo de esta estrategia es garantizar la seguridad y transparencia del inventario, evitando que sigan ocurriendo casos similares de corrupción interna y tráfico ilegal de armas.

Contexto Internacional: Llamado de la ONU sobre Embargo de Armas
El desmantelamiento de esta red cobra relevancia en el contexto internacional, especialmente en la lucha contra las bandas criminales en la región. El pasado 8 de octubre de 2024, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU reiteró su llamado a los países miembros a cumplir con el embargo de armas para evitar que las agrupaciones delictivas en países vecinos, como Haití, reciban suministros ilegales de armas y municiones. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) había instado previamente al Consejo de Seguridad a aplicar sanciones más estrictas para frenar el flujo de armas hacia estos grupos, lo que ha sido considerado como una medida clave para reducir las muertes violentas y la inestabilidad en la región.

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“La justicia tiene que ser precisa e independiente, y ese es el camino que debemos seguir,” concluyó Raful, instando a la ciudadanía a confiar en el proceso judicial mientras se esclarecen los hechos.

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