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El Cibao

Exsenador César “Yayo” Matías llama a autoridades evitar tragedia con intentos de desalojo Ilegal en Esperanza, Valverde.

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Valverde, R.D.- El exsenador de la República por la provincia Valverde, César “Yayo” Matías, denunció públicamente que el abogado Milton Vargas, actuando en representación de la señora Ismailly Michelle Vargas, ha iniciado procesos de desalojo en contra de varias familias que ocupan terrenos en una parcela en proceso de regularización por parte del Instituto Agrario Dominicano (IAD).

Matías informó que los terrenos en cuestión forman parte de la parcela vinculada a la ley de cuota parte número 126-80, la cual ya se encuentra bajo proceso de aplicación por parte del IAD, por lo que cualquier acción de desalojo debe ser sobreseída hasta tanto se decida la solicitud hecha por el estado dominicano.

Sin embargo, denunció que el referido abogado, sin orden judicial y sin acompañamiento de la fuerza pública, habría ingresado a los predios de manera forzosa y acompañado de hombres armados, lo que constituye una grave violación a los derechos de los ocupantes y un desafío directo a la autoridad legal.

“Esa acción temeraria podría terminar en una tragedia”, advirtió Matías, al destacar que las familias afectadas llevan más de 30 años ocupando de forma ininterrumpida esas tierras, las cuales constituyen el principal sustento de sus hogares. “Esos trabajadores no se van a dejar quitar el medio de vida que han labrado durante décadas”, agregó.

El exsenador expresó su preocupación por lo que consideró una actitud “desafiante” del abogado Vargas frente al sistema de justicia dominicano. Señaló que, aunque el profesional del derecho ha acudido a instancias judiciales, ha terminado por sublevarse y tomar la justicia por sus propias manos, lo cual representa una amenaza no solo para los derechos de los campesinos, sino para el estado de derecho en general.

El alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, denuncio además que en principio, el IAD inicio la demanda en aplicación de Cuota Parte por ante el Juzgado de Paz de Esperanza, pero en lo que calificó como una decisión mostrenca y sospechosa, nunca vista en el país, después que había asegurado que eso era un asunto de ley en favor de los trabajadores, el juez rechazó la demanda para lo que obvio y oculto en la decisión, pruebas depositadas como la certificación del INDRHI que establece que dichas tierras son irrigables, requisito sin equa non para que se acoja y ordene que una parte de las tierras pasen al estado dominicano a través del IAD, denunciando además que para justificar la resolución, el referido juez se adjudicó calidades y facultades que solo corresponden a los tribunales de tierras.

El abogado reveló que el pasado día 8 de septiembre, el IAD en su interés de contribuir al compromiso y los deseos del presidente Luis Abinader de proteger a los agricultores y personas de escasos recursos,  recurrió en apelación la decisión mostrenca del  juez de paz de Esperanza y que ahora se conoce en la cámara civil de Valverde, lo que ha desesperado al abogado Milton Vargas, a tal punto, que se ha presentado ante el abogado del IAD en Mao para pedirle que le cambie la fecha a un acto notificado por él, cosa que no consiguió.

Destacó además, que la fiscalía de Mao, no obstante haber sido notificada por escrito de la instancia del estado dominicano a través del IAD, ha continuado una persecución y constantes citaciones en contra de los agricultores, revelando que en pleno diciembre cuando existe la costumbre de no embargos ni desalojos, intentaron desalojar a uno de los agricultores. Dijo que el pasado 29 de agosto del presente año, la fiscalía de Mao, apresó al señor Samuel Perez, por supuesta violación de una medida de coerción consistente en orden de alejamiento de su parcela, de la que nunca ha salido por más de 30 años, sin que ni siquiera le haya sido notificada la resolución, pero que el propósito era posesionar al abogado Milton Vargas, quien en presencia del fiscal actuante, entro acompañado de otras personas e inicio el corte de frutos y productos agrícolas en el lugar, lo que constituye la ejecución de un desalojo totalmente irregular e ilegal

El conocido dirigente político ratificó su compromiso de siempre con las clases sociales de la provincia Valverde, por lo que anunció que en las próximas horas estará depositando junto a otros abogados y agricultores, una querella penal en contra del abogado Milton Vargas y la señora Ismailly Michelle Vargas, quien expresó es una persona usada por el abogado, ya que padece de condiciones especiales, pero que además se presentarán por ante el Concejo Del Poder Judicial Y del Ministerio Publico a interponer las denuncias de lugar.

Finalmente, Matías hizo un llamado a la procuradora general de la república, Mag. Yeni Berenice Reynoso y las autoridades competentes, incluyendo al Ministerio Público de Valverde, la Policía Nacional y el propio Instituto Agrario Dominicano, para que intervengan de manera urgente y garanticen el respeto a la legalidad, el orden público y los derechos de los trabajadores del campo.

 


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Matías informó que los terrenos en cuestión forman parte de la parcela vinculada a la ley de cuota parte número 126-80, la cual ya se encuentra bajo proceso de aplicación por parte del IAD, por lo que cualquier acción de desalojo debe ser sobreseída hasta tanto se decida la solicitud hecha por el estado dominicano.

Sin embargo, denunció que el referido abogado, sin orden judicial y sin acompañamiento de la fuerza pública, habría ingresado a los predios de manera forzosa y acompañado de hombres armados, lo que constituye una grave violación a los derechos de los ocupantes y un desafío directo a la autoridad legal.

“Esa acción temeraria podría terminar en una tragedia”, advirtió Matías, al destacar que las familias afectadas llevan más de 30 años ocupando de forma ininterrumpida esas tierras, las cuales constituyen el principal sustento de sus hogares. “Esos trabajadores no se van a dejar quitar el medio de vida que han labrado durante décadas”, agregó.

El exsenador expresó su preocupación por lo que consideró una actitud “desafiante” del abogado Vargas frente al sistema de justicia dominicano. Señaló que, aunque el profesional del derecho ha acudido a instancias judiciales, ha terminado por sublevarse y tomar la justicia por sus propias manos, lo cual representa una amenaza no solo para los derechos de los campesinos, sino para el estado de derecho en general.

El alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, denuncio además que en principio, el IAD inicio la demanda en aplicación de Cuota Parte por ante el Juzgado de Paz de Esperanza, pero en lo que calificó como una decisión mostrenca y sospechosa, nunca vista en el país, después que había asegurado que eso era un asunto de ley en favor de los trabajadores, el juez rechazó la demanda para lo que obvio y oculto en la decisión, pruebas depositadas como la certificación del INDRHI que establece que dichas tierras son irrigables, requisito sin equa non para que se acoja y ordene que una parte de las tierras pasen al estado dominicano a través del IAD, denunciando además que para justificar la resolución, el referido juez se adjudicó calidades y facultades que solo corresponden a los tribunales de tierras.

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El conocido dirigente político ratificó su compromiso de siempre con las clases sociales de la provincia Valverde, por lo que anunció que en las próximas horas estará depositando junto a otros abogados y agricultores, una querella penal en contra del abogado Milton Vargas y la señora Ismailly Michelle Vargas, quien expresó es una persona usada por el abogado, ya que padece de condiciones especiales, pero que además se presentarán por ante el Concejo Del Poder Judicial Y del Ministerio Publico a interponer las denuncias de lugar.

Finalmente, Matías hizo un llamado a la procuradora general de la república, Mag. Yeni Berenice Reynoso y las autoridades competentes, incluyendo al Ministerio Público de Valverde, la Policía Nacional y el propio Instituto Agrario Dominicano, para que intervengan de manera urgente y garanticen el respeto a la legalidad, el orden público y los derechos de los trabajadores del campo.

 

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