Liberación en lo legal de Las Parras no resuelve la parte económica para su terminación

Esos contratos son piezas de la investigación que llevó a la acusación judicial del conocido caso Medusa por el supuesto pago de sobornos y adendas irregulares, que mantiene un ex-procurador y compartes, sentados en el banquillo de los acusados, por lo que  la actual gestión de la Procuraduría mantiene detenida la terminación de una obra propuesta como solución al problema de hacinamiento que se vive en el penal La Victoria, el más congestionado del país.

La pasada gestión de la Procuraduría General de la República, cambió visceralmente el plan original, que consistía en construir ocho cárceles esparcidas por todo el Gran Santo Domingo, decidiendo hacer un solo recinto para los 8,000 reclusos de la Penitenciaria Nacional La Victoria, lo que abría una gran oportunidad de negocios.

El negocio consistió en construir ese centro penitenciario en unos cañaverales de la sección Las Parras, municipio de Guerra, a un costo de RD$7 mil millones de pesos, cuando su inversión real fue de unos 4 mil millones, según reveló este jueves Roberto Santana, asesor del Nuevo Modelo Penitenciario.

Según la procuradora, las empresas con las que se llegó a acuerdos, evitando ser judicializadas en el caso, son Constructora Pablo Yarul & Asociados, S.R.L., Consorcio Construcción y Transporte de Prefabricados EEC-Pretensados Estructurales Dominicanos, S.R.L., Constructora Woxxen, S.R.L. y el Consorcio Remix-Rotilla.

La procuradora también aseguró que se han superado todos los obstáculos legales y contractuales para permitir que el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived), conforme el mandato de la Ley 160-21, pueda llevar a cabo la culminación de esta obra, tan crucial e importante, según añadió Germán Brito en su alocución del pasado 26 de marzo.

Lo que no se supo, fue bajo cuáles términos se logró dar por terminados los contratos originales. Se ha comentado, que se hizo mediante una indemnización a favor del Estado de varios millones de pesos, pero sin precisar un monto, forzando esto a que se haya solicitado información a la Procuraduría, a lo que aún no se produce una respuesta.