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Ortiz Bosch sugiere llevar a la Procuraduría a funcionarios que no han declarado su patrimonio

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EL CORREO | La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, propuso este lunes que los funcionarios identificados por la Cámara de Cuentas como omisos en su declaración jurada de patrimonio sean enviados a la Procuraduría General de la República para que se tomen las acciones legales correspondientes.

Ortiz Bosch explicó que el régimen de consecuencias se activa una vez la Procuraduría declara formalmente la omisión. En ese momento, el funcionario queda inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años, según lo establece la Ley 311-14. No obstante, recordó que esta ley, vigente desde 2014, nunca se ha aplicado en su totalidad.

“La responsabilidad de hacer cumplir la ley es exclusivamente de la Cámara de Cuentas, no del Poder Ejecutivo”, puntualizó. Señaló que desde el gobierno se han utilizado suspensiones temporales como medida de presión, pero no como sanción definitiva.

Durante un encuentro del sistema de control gubernamental, Ortiz Bosch valoró la llegada del nuevo pleno de la Cámara de Cuentas, presidido por Emma Polanco, como una oportunidad para reforzar el cumplimiento normativo y combatir la falta de transparencia.

Indicó que el incumplimiento se concentra principalmente a nivel municipal, especialmente entre alcaldes. Actualmente, según datos oficiales, 47 alcaldes y 34 diputados no han presentado su declaración jurada, pese a estar legalmente obligados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ya advirtió que retendrá los salarios a los congresistas que continúen en falta. Ortiz Bosch reafirmó que “el sistema ya no puede permitir omisiones” y que corresponde a la Cámara de Cuentas garantizar el seguimiento adecuado.


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EL CORREO | La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, propuso este lunes que los funcionarios identificados por la Cámara de Cuentas como omisos en su declaración jurada de patrimonio sean enviados a la Procuraduría General de la República para que se tomen las acciones legales correspondientes.

Ortiz Bosch explicó que el régimen de consecuencias se activa una vez la Procuraduría declara formalmente la omisión. En ese momento, el funcionario queda inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años, según lo establece la Ley 311-14. No obstante, recordó que esta ley, vigente desde 2014, nunca se ha aplicado en su totalidad.

“La responsabilidad de hacer cumplir la ley es exclusivamente de la Cámara de Cuentas, no del Poder Ejecutivo”, puntualizó. Señaló que desde el gobierno se han utilizado suspensiones temporales como medida de presión, pero no como sanción definitiva.

Durante un encuentro del sistema de control gubernamental, Ortiz Bosch valoró la llegada del nuevo pleno de la Cámara de Cuentas, presidido por Emma Polanco, como una oportunidad para reforzar el cumplimiento normativo y combatir la falta de transparencia.

Indicó que el incumplimiento se concentra principalmente a nivel municipal, especialmente entre alcaldes. Actualmente, según datos oficiales, 47 alcaldes y 34 diputados no han presentado su declaración jurada, pese a estar legalmente obligados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ya advirtió que retendrá los salarios a los congresistas que continúen en falta. Ortiz Bosch reafirmó que “el sistema ya no puede permitir omisiones” y que corresponde a la Cámara de Cuentas garantizar el seguimiento adecuado.

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