Sectores de Bolivia se movilizan contra una ley que autoriza la confiscación de mercadería.

ELCORREORD-*-*-*—Santa Cruz (Bolivia).- Los sectores productores, de transporte, comerciantes y exportadores de Bolivia realizan este lunes una jornada de huelga, para exigir al Gobierno la anulación de una disposición de la ley del Presupuesto General del Estado 2025 (PGE) que autoriza la confiscación de productos para «garantizar la disponibilidad» de alimentos.

Los reclamos tienen como centro la oriental ciudad de Santa Cruz, la más poblada y motor económico de Bolivia, en donde los distintos sectores de la cadena productiva se reunieron para protestar.

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«Necesitamos trabajar, pero con reglas claras, sin extorsión, sin especulación», declaro a los medios Klauss Frerking, presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

Por su parte, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó que la protesta aglutina a las organizaciones con conforman «toda la cadena productiva, desde donde se produce, se transporta, se comercializa y se exporta».

Los sectores movilizados cuestionan la disposición séptima del Presupuesto General del Estado 2025 que autoriza «activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos».

Según la ley la intención principal es «garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales».

Bolivia afronta desde hace varios meses el encarecimiento de los principales alimentos, algo que según el Gobierno se debe al llamado «contrabando a la inversa» o salida ilegal de alimentos producidos en Bolivia a países vecinos en los que se venden a un mayor precio.

Esto ha generado que el valor de esos productos también se eleven considerablemente en el mercado interno, pese a las tareas de control y las medidas de regulación de precios aplicadas por el Gobierno del presidente Luis Arce.

El caso reciente es el encarecimiento del kilo carne de res, que en los mercados del occidente del país pasó en pocos días de costar 45 bolivianos (6,4 dólares) a más de 70 (10 dólares), algo que también había pasado con el aceite comestible, el arroz, la harina de trigo y el tomate, entre otros alimentos.

La semana pasada, el Gobierno dispuso la suspensión temporal de la exportación de carne de res «hasta que se regularice el abastecimiento y se reduzca el precio en el mercado local».

Gobierno propone diálogo
El ministro de Economía, Marcelo Montengro, indicó que la anulación de la disposición del PGE «no es algo tan automático» e insistió en que primero exista un diálogo con los sectores involucrados.

A su turno, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, explicó que las dudas sobre la aplicación de la disposición séptima pueden solucionarse en el «reglamento» de la ley de manera que se «brinde seguridad jurídica para que la disposición combata «la delincuencia».

El Gobierno invitó a una reunión a varios los sectores y entidades empresariales que cuestionan la disposición del PGE, programada para el martes.

Bolivia registró en 2024 una inflación del 9,97 %, la más alta desde 2008, año en el que el alza de costos alcanzó un 11,8 % debido a efectos climáticos y a la elevación internacional de los precios de los alimentos.

El estatal Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó que en enero pasado hubo una inflación de 1,95 %, debido al incremento de los costos de la carne de res y de pollo, además del transporte urbano y los productos de papelería.