Jueza de NY pauta para octubre audiencia por demanda de LatinoJustice a DHS y ICE por arrestos “ilegales” de puertorriqueños

NUEVA YORK – La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Margaret M. Garnett, encabezará una audiencia el próximo 22 de octubre en relación con la demanda presentada por la organización LatinoJustice PRLDEF contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por alegados arrestos “ilegales” de puertorriqueños en medio de las redadas migratorias.

Garnett había acogido el pedido de la abogada Stephanie Cordero para reprogramar la conferencia que había sido pautada para el 11 de septiembre, ya que no estaría disponible para esa fecha por razones personales.

Inicialmente, Garnett agendó la vista para el 29 de septiembre antes de cambiarla para el 22 de octubre.

La demanda contra el Gobierno fue radicada por la entidad con sede en Nueva York, el 29 de julio, y fue reseñada en exclusiva por este rotativo.

El pleito inició luego de que se registraran arrestos de boricuas en distintos estados tras las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump en enero para declarar una emergencia nacional migratoria y aumentar las deportaciones.

No se supone que los boricuas estén sujetos a los procedimientos regulares migratorios, ya que son ciudadanos estadounidenses por nacimiento. La isla es un territorio de Estados Unidos desde el 1898, luego de que el país invadió Puerto Rico en el marco de la Guerra Hispanoamericana.

El caso en NY hace referencia a alegados arrestos injustificados de boricuas en Nueva Jersey y Wisconsin, y un intento de allanamiento en un restaurante de Pennsylvania.

Además, el recurso menciona el megaoperativo del 26 de enero en la isla, específicamente en Barrio Obrero, Santurce. En esa intervención, se arrestaron a más de 40 migrantes, la mayoría de origen dominicano.

En relación con ese alegato, la abogada de LatinoJustice dijo que buscan establecer qué tipo de entrenamiento reciben los agentes para diferenciar si una persona es boricua o dominicana, por ejemplo.

Parte central de la demanda es el alegato de la organización de que el DHS y ICE incumplieron con el plazo bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) para suministrar datos sobre las políticas, prácticas y directrices que llevaron a las detenciones de los puertorriqueños.

“Creo que podemos convencer al juez, uno, de que es muy claro que la ley provee que nos tienen que responder dentro de 21 días y que eso no ocurrió en este caso, y que nos tienen que empezar a proveer información en los próximos meses”, apostó Cordero.

La representante legal experta en derecho migratorio resaltó que la decisión que tome el tribunal puede significar un antes y un después en las intervenciones de las agencias federales migratorias. Argumentó que un dictamen en el caso puede conducir a que las autoridades tengan que ajustar sus procedimientos.

“Por ejemplo, no es nuestro deber ni lo requiere la ley que estemos cargando con prueba de que somos ciudadanos americanos. Si los oficiales entendieran eso, pudieran cuestionar a las personas de diferente manera y entender que uno no tiene que responder a esas preguntas, y que los arrestos tienen que ser basados en investigaciones; no pueden ir nada más a la calle y preguntar a cualquier persona, porque la ley no requiere que nosotros tengamos prueba de ciudadanía. Entonces, ellos deberían hacer investigación”, resaltó.

El máximo foro decidió que las agencias migratorias pueden tomar en cuenta los rasgos raciales, étnicos, idioma u ocupación al momento de intervenir con personas.

La jueza liberal Sonia Sotomayor disintió de la opinión de la mayoría junto a Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

A juicio de Sotmayor, de origen boricua, el fallo atenta contra las protecciones constitucionales contenidas en la Cuarta Enmienda contra registros injustificados y la llamada “causa probable”.

“No deberíamos tener que vivir en un país donde el Gobierno puede detener a cualquiera que parezca latino, hable español y parezca tener un trabajo mal pagado”, lee parte del disenso en el que concurrieron las juezas.

La jueza añadió: “En lugar de quedarme de brazos cruzados mientras se pierden nuestras libertades constitucionales, disiento”.