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EL PAIS

Una de las imputadas en caso Coral 5G admite los hechos

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Santo Domingo, RD

El ministerio público varió la solicitud de prisión preventiva por domiciliaria a una de las mujeres implicadas en el caso Coral 5G, por “su comportamiento, actitud y cooperación”.

Así lo dio a conocer anoche Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la corrupción Administrativa (PEPCA), quien no ofreció detalles de quién es la imputada, pero adelantó que ella admitió haber cometido los hechos que se le imputan,
El magistrado habló luego de que la jueza de la Oficina de Atención Permanente, Kenya Romero, aplazara para el próximo lunes a las 10:00 de la mañana el conocimiento de medida de coerción.

Dijo que han presentado al Tribunal 94 testimonios, que son más que suficientes para el conocimiento de una medida de coerción, así como pruebas documentales que comprometen la responsabilidad penal del grupo de 12 implicados. Camacho explicó que esos testimonios dan referencia a cómo funcionaba este entramado que extraía dinero del erario, por lo que dijo que no hay forma de que con esas evidencias y el resto de las documentales que han presentado, el Tribunal no imponga la medida de coerción solicitada.

Camacho informó que ya se completó la presentación de más de 15,000 páginas de evidencias.
Ayer la audiencia avanzó con la presentación de seis abogados de la defensa técnica de los 12 imputados del caso Coral 5G.

Defensa
Los abogados defensores expresaron que las evidencias presentadas por el órgano acusador fueron obtenidas de manera ilegal, a lo que Camacho respondió que sus declaraciones son una falacia.

“Eso es una falacia de la defensa. Y eso es algo que nuestro accionar demuestra, pues no ha habido ni una sola audiencia en la que nosotros hayamos participado que se haya excluido o se haya dejado de valorar alguna evidencia”, agregó Camacho.

Agregó que el ministerio público recolecta sus evidencias y las ofrece conforme a lo que establece la norma procesal penal.

“Lo que pasa es que la defensa algo tiene qué decir, y ante la contundencia de las evidencias del ministerio público y la abundancia, tienen que saltar con estas falacias”, dijo Camacho.

La Procuraduría solicitó 18 meses de prisión contra los generales Juan Carlos Torres Robiou y Boanerges Reyes Batista; además del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).

SEPA MÁS

Asociación de Malhechores

Acusados son el coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). El teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos y Esmeralda Ortega Polanco.

La imputación
 A ellos se les acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

RD$5,000 millones
 Según el ministerio público, los involucrados en las operaciones Coral y Coral 5G movieron alrededor de RD$5,000 millones de manera fraudulenta utilizando las nóminas de varias instituciones del Estado.


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Así lo dio a conocer anoche Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la corrupción Administrativa (PEPCA), quien no ofreció detalles de quién es la imputada, pero adelantó que ella admitió haber cometido los hechos que se le imputan,
El magistrado habló luego de que la jueza de la Oficina de Atención Permanente, Kenya Romero, aplazara para el próximo lunes a las 10:00 de la mañana el conocimiento de medida de coerción.

Dijo que han presentado al Tribunal 94 testimonios, que son más que suficientes para el conocimiento de una medida de coerción, así como pruebas documentales que comprometen la responsabilidad penal del grupo de 12 implicados. Camacho explicó que esos testimonios dan referencia a cómo funcionaba este entramado que extraía dinero del erario, por lo que dijo que no hay forma de que con esas evidencias y el resto de las documentales que han presentado, el Tribunal no imponga la medida de coerción solicitada.

Camacho informó que ya se completó la presentación de más de 15,000 páginas de evidencias.
Ayer la audiencia avanzó con la presentación de seis abogados de la defensa técnica de los 12 imputados del caso Coral 5G.

Defensa
Los abogados defensores expresaron que las evidencias presentadas por el órgano acusador fueron obtenidas de manera ilegal, a lo que Camacho respondió que sus declaraciones son una falacia.

“Eso es una falacia de la defensa. Y eso es algo que nuestro accionar demuestra, pues no ha habido ni una sola audiencia en la que nosotros hayamos participado que se haya excluido o se haya dejado de valorar alguna evidencia”, agregó Camacho.

Agregó que el ministerio público recolecta sus evidencias y las ofrece conforme a lo que establece la norma procesal penal.

“Lo que pasa es que la defensa algo tiene qué decir, y ante la contundencia de las evidencias del ministerio público y la abundancia, tienen que saltar con estas falacias”, dijo Camacho.

La Procuraduría solicitó 18 meses de prisión contra los generales Juan Carlos Torres Robiou y Boanerges Reyes Batista; además del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).

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Acusados son el coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). El teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos y Esmeralda Ortega Polanco.

La imputación
 A ellos se les acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

RD$5,000 millones
 Según el ministerio público, los involucrados en las operaciones Coral y Coral 5G movieron alrededor de RD$5,000 millones de manera fraudulenta utilizando las nóminas de varias instituciones del Estado.

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